Alexander Martínez Rivillas
Profesor de la Universidad del Tolima
Grupo de Investigación en Desarrollo Rural Sostenible
A continuación expreso mis opiniones generales sobre el PD en trámite, especialmente sus carencias técnicas y su déficit de participación ciudadana. Igualmente, presento un conjunto de recomendaciones para el ordenamiento territorial del municipio, haciendo un énfasis especial en los valores ecológicos de la zona rural, la cual no contó con la debida atención en la propuesta PD. Espero que estos insumos sean considerados con la seriedad que merecen. De antemano, muchas gracias a “Ibagué, cómo vamos”, por la invitación al panel.
Lectura transversal del PD
1. Los diagnósticos sectoriales son pobres en información empírica. Existen abundantes estudios del municipio que pudieron ser consultados, y que tienen una importante calidad científica y técnica.
2. No hay un tratamiento detallado y diferenciado de la información tanto a nivel espacial como a nivel de atributos sociales, económicos, políticos y ambientales.
3. El documento promete canalizar las voces de los consultados en el proceso participativo o consultivo del PD, pero sus perspectivas no se reconocen, y tampoco se reflejan en las políticas. Es un típico instrumento tecnocrático de planificación.
4. No hay modelo claro de ciudad o de ciudad-región, que permita corregir elementos estructurales de la productividad, el ambiente y la gobernabilidad local. Se percibe una enorme lista de medidas pero sin un contenedor más o menos definido que ordene su lógica o su finalidad general.
5. Un PD es solo un instrumento de gestión pública, y lo realmente importante son los mecanismos para llevarlo a cabo en la realidad dura y pura. De este modo, no quedan claros los “cómo” de las políticas públicas.
6. La deficiencia del enfoque territorial del PD es evidente, e incluso se percibe el desconocimiento del espacio rural en muchos aspectos sociales y ambientales, lo mismo que la complejidad de sus relaciones con la “ciudad informal”.
7. Los actores del sector productivo no están definidos con claridad, y no existen estrategias efectivas que los vincule. Hay mucha “gestión propia” con “muchos” recursos públicos, y las alianzas con lo privado quedan apenas anunciadas.
8. El ordenamiento territorial debió ser considerado como un elemento clave de la planificación. O al menos debió considerarse el replanteamiento total de la estructura ecológica principal entorno al agua, o al riesgo, o al factor agroalimentario. Hay varios estudios que lo habrían soportado sin recurrir a escalas de trabajo detalladas. Dado que existirán enfoques antagónicos con el POT vigente, se recomienda emplear figuras legales de superior jerarquía o vacíos reglamentarios para presionar sus ajustes en los términos deseables. Los POMCA y los POF de la región son un valioso insumo, lo mismo que los planes parciales (urbanos) y las unidades de planificación rural.
9. En realidad lo que se percibe en cada política, programa y meta es una reacción apresurada a incrementar los indicadores de desempeño, en la lógica compulsiva del desarrollismo de formularle a cada problema una solución. En realidad es más efectiva una política que intervenga simultáneamente varios aspectos de la pobreza objetiva, el deterioro ambiental, el desempleo y la pobreza subjetiva, por ejemplo.
10. Los Recursos de Capital, sin mencionar otras fuentes, deben ser estudiados de manera detallada, pues pueden estar ocultando factores de iliquidez futuras. Esto suele pasar con las entidades con baja ejecución presupuestal y mucha variabilidad de ingresos propios. La planificación financiera es un marco de limitaciones concretas que debe considerarse con mucha seriedad.
11. La ciudad es una fuente de expulsión permanente de población cualificada por los propios servicios sociales públicos, y un factor de recepción o generación de población en distintos niveles de vulnerabilidad social, la cual a su vez exige estos servicios. Este fenómeno de “ciudad de paso” en todos los niveles de la vida económica de la familia o la empresa, impide de manera estructural que los retornos sociales de las inversiones educativas, y los beneficios sociales de las inversiones en infraestructura, dotaciones públicas e incentivos al empleo, no generen un impacto positivo y sostenido en los indicadores socioeconómicos y ambientales. Por eso, se recomienda que esta tendencia de la ciudad se reverse o al menos se congele, pues es natural que su dinámica “fagocite” los recursos de la ciudad a un ritmo superior de la dinámica de producción de recursos “útiles” o “sostenibles”. Este debería ser la finalidad del modelo de ciudad, o algo parecido.
12. Todos los planes sectoriales y planes maestros a formularse en el periodo de gobierno deben contar con un modelo consistente de ciudad-región como elemento rector de sus políticas.
Recomendaciones de lineamientos de política para contribuir al Desarrollo Territorial Sostenible (DTS) de Ibagué rural
1. A la luz de las investigaciones de campo, se puede afirmar que el POT de Ibagué (2000) se convirtió en un instrumento de política territorial profundamente “urbanizado”, con un descuido lamentable del suelo rural y sus fenómenos suburbanos y cabeceras corregimentales o veredales. Y como es histórico en Ibagué, se evitó a toda costa el análisis e impactos socioambientales de tres fenómenos fundamentales: el latifundismo rural, el cual justificaría otra “lucha agraria” en el Tolima; las irracionales concesiones de agua para la irrigación del Abanico (más de 4.600 litros por segundo se pueden canalizar en el “Laserna” y “Aceituno”), con la consecuente destrucción del “caudal ecológico” del Combeima y Coello; y los bajos impuestos prediales que se le liquidan al latifundio y otros “lotes de engorde” periurbanos, los cuales serían una fuente sostenida de recursos para la ciudad y el campo, si se ajustaran mejor a una política progresiva de captura de la renta del suelo.
2. A pesar de las fuertes restricciones que impone los POMCA del Coello (2006), el Totare (2007) y de Las Panelas y la Balsa (2008), a los usos del suelo de sus orillares y rondas de protección, y a las actividades relacionadas con el desarrollo urbanístico y la implantación de proyectos pecuarios; se persiste en la violación de la normativa en buena parte de las cuencas hidrográficas. Por ejemplo, en los ríos Combeima y Opia, y las quebradas Gualanday, las Panelas y Ambalá, se constató la fuerte contaminación derivada de actividades agrícolas, pecuarias y por disposición de aguas sanitarias. E igualmente, la pérdida histórica de los caudales de las fuentes del Combeima, Opia y Gualanday, especialmente.
3. Asimismo, tanto el POT de Ibagué como la Agenda Ambiental de Ibagué (AAI, 2010), ignoraron la actualización de los estudios de riesgo por inundación en las cotas bajas del río Combeima, los cuales son de enorme importancia para la política de prevención del riesgo del municipio, dada la alta ocupación de sus orillares. Se conjetura, con base en los recientes procesos de deforestación de la parte alta de la cuenca del Combeiman y la fusión glaciar acelerada del Nevado del Tolima por efectos del cambio climático, que el modelamiento de la zona de inundación máxima pudo haber cambiado desde 1987 (época en la cual Ingeominas realizó el último estudio).
4. Actualmente, la fusión glaciar, la presencia activa del Machín, la pérdida de glaciares en el Nevado del Tolima (90 hectáreas para 2010 contra 240 hectáreas en los años sesenta), las precipitaciones y veranos extremos por efectos del cambio climático, la deforestación que se ha desplazado a los pisos templado-frío y frío, por las regulaciones ambientales recientes de la zona templada del Combeima, entre otras razones; configuran un complejo panorama de factores de riesgo que no se tienen en cuenta de manera integral en ninguno de los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental vigentes en el municipio (POT, 2000; POMCA, 2006; POMCA, 2007; POMCA, 2008; AAI, 2008). Y por otro lado, los riesgos de incendios en el modelo de “Conservation International”, muestran la potencial afectación de buena parte de la zona rural de Ibagué, sin que se desarrollen regulaciones al respecto en los instrumentos de planificación mencionados.
5. A pesar de que el POT de Ibagué, la AAI, los POMCA del Coello, y las Panelas y la Balsa, contienen, en su conjunto, serias restricciones a los usos mineros intensivos y extensivos en buena parte del territorio municipal, se están desarrollando proyectos de prospección, exploración y explotación minera. De hecho, ninguno de aquellos instrumentos de planificación realizaron una zonificación semidetallada de los usos mineros, lo que es sumamente grave en un contexto de “política de despojo” de los recursos naturales en el departamento del Tolima.
6. El POT de Ibagué, y sus distintos ajustes posteriores, por su papel estratégico en la ordenación del territorio, debió formular suficientemente y al menos tratar de implementar, en su modelo de ocupación del suelo, la respectiva “estructura ecológica principal” del municipio (imperativo clave de la Ley 388 de 1997, según el concepto técnico-científico de Van der Hammen). Esta estructura, que debe operar como una malla de ecosistemas con protecciones absolutas y relativas con continuidad en la zona urbana, el área rural y el contexto regional (armonizado con el POF, 2007), no fue considerada a profundidad; por lo cual la normativa del suelo vigente permite desplegar una serie de ordenaciones del uso productivo y/o residencial, en los suelos urbano y rural, sin compasión alguna con sus principios ecológicos.
7. En general, los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental de Ibagué mencionados, fueron inaplicados en sus ejes de política fundamentales y programas estratégicos. Y a pesar de que sus planes de inversiones, contemplaban un arsenal de sensibilizaciones, capacitaciones, proyectos agroecológicos y de reforestación, obras de mitigación del riesgo, aislamientos por prohibiciones al uso del suelo, microzonificaciones mediante planes “parciales” urbanos y rurales, entre otros; buena parte de estas medidas fueron ignoradas por los gobiernos local, departamental y nacional (Mapa de Clasificación del Territorio de Ibagué. POT, 2000). Ciertamente, lo que se percibió en el abundante registro de los entrevistados fue el desconocimiento o desconfianza permanente hacia estas políticas y regulaciones al uso de los bienes ambientales y el espacio productivo; y en otras ocasiones, como la típica acción estatal que persiste en “empobrecer” a la gente con medidas que los afectan en sus distintos emprendimientos. Entre los problemas más importantes en la implementación de la zonificación del POT de Ibagué, constatados en campo y analizados con respecto a las coberturas actuales del suelo de Ibagué (Mapa de Coberturas de uso del suelo de Ibagué, 2011), hemos encontrado los siguientes:
· Las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Natural de los Nevados dejaron de lado las áreas de páramo y bosque alto andino de la cuenca del río La China. Y por supuesto, tanto la zona de amortiguamiento como las áreas no incluidas, siguieron sometidas a la intervención con ganadería extensiva, principalmente.
· El bosque primario, secundario y varias zonas de pastos asociados a cultivos, identificados en nuestra investigación, se introdujeron como bosque natural, lo que no es consistente con los ecosistemas identificados. Y ciertamente, la deforestación del bosque alto andino primario sigue siendo un problema que no se ha resuelto, lo mismo que el bosque andino secundario identificado, el cual experimenta el incremento de la potrerización y parches de cultivos.
· Todo el Abanico se consideró bajo el uso de agricultura mecanizada o intensiva, a lo que debió dársele un tratamiento diferenciado, haciendo uso de áreas especiales de conservación de suelos en sus zonas más degradadas (zona de influencia del eje vial Buenos Aires-Doima, especialmente), tratamientos de arreglos silvopastoriles en lotes de ganadería, y tratamientos de aptitud agropecuaria media a las zonas restantes del Abanico, acompañados de recomendaciones de manejo agroecológico de los cultivos.
· En buena parte del Cañón del Combeima se hicieron recomendaciones de uso de agricultura de aptitud media, lo que debió diferenciarse mejor dadas las complejidades topográficas y agrícolas de la zona. Al respecto, se debieron considerar las áreas de pendientes mayores a 75%, y zonas sometidas a procesos erosivos intensivos o potencialmente intensivos, bajo el uso de áreas especiales de conservación de suelos.
· Finalmente, se dispusieron de varios distritos mineros en importantes zonas del territorio que tienen históricos usos agropecuarios bajo economías campesinas. Hablamos de usos permitidos en el Cañón del Combeima, la cuenca del río La China y el complejo de cerros de La Martinica. Estos usos son totalmente incompatibles con los ecosistemas de montaña que ofrecen importantes servicios ambientales a la ciudad de Ibagué y a los distritos de riego del Coello y Combeima.
En virtud de lo anterior, podemos sugerir algunos lineamientos de política de sostenibilidad ambiental y reformas a las dinámicas reales de desarrollo territorial de Ibagué, lo que por supuesto no será suficiente y requerirá de enormes esfuerzos de otras políticas alternativas de desarrollo[1]:
Recomendaciones para enfrentar de manera integral algunos problemas del DTS en Ibagué rural: pobreza, conflicto social, degradación ambiental y gobernanza
1. El modelo “desarrollista” implementado en Ibagué rural debe ser reestructurado en la perspectiva de la “sostenibilidad fuerte”, para obtener cambios significativos en los procesos de planificación territorial y ambiental de sus territorios rurales. La materialización de dicha “sostenibilidad fuerte” representa un reto casi “insurreccional” por vías civilistas, dadas las limitaciones de nuestra democracia; y cuestiona de forma radical tanto el homo oeconomicus, como las conductas consumistas, autoritarias y violentas de los actores sociales inmersos en la modernización tradicionalista; lo que en efecto implican cambios de habitus generalmente enmarcados en procesos de larga duración.
2. La “revolución verde” en las zonas mecanizadas y de montaña de Ibagué, con una larga historia de procesos de degradación ambiental, se caracterizan por altos consumos de inputs de materia y energía. En este contexto, los recambios relacionados con mejores prácticas agrícolas que optimicen el uso del agua y sostengan los umbrales de materia orgánica, representan ya un reto histórico que se debería asumirse desde ya en las agendas de gobierno de CORTOLIMA y el Municipio de Ibagué, con distintas alianzas multinivel con otros gobiernos e instituciones. Para este propósito, se hace indispensable fortalecer los procesos de investigación agroecológica orientados a mejorar los rendimientos energéticos de los agrosistemas, disminuir los costos de producción y asegurar cierta sostenibilidad ambiental de los suelos productivos. Dichos resultados de investigación deberán ser incorporados a las políticas de “desarrollo rural” e implementados de forma eficiente con la participación activa y decisoria de los actores económicos.
3. Se hace necesario el fortalecimiento institucional de los programas de vigilancia y monitoreo de las áreas con distintos niveles de protección ambiental y regulaciones de uso por diferentes riesgos, dadas las pobres condiciones de implementabilidad de la política territorial y ambiental del municipio, especialmente aquellas inherentes a las funciones de CORTOLIMA, la Secretaria de Planeación, y la Oficina de Prevención y Anteción de Desastres.
4. Los programas de educación ambiental implementados por el sistema educativo municipal no han tenido los impactos deseados en las prácticas productivas cafeteras, arroceras y ganaderas (agenciadas por pequeños, medianos y grandes productores); por lo cual se requiere la intervención adicional y coordinada de las autoridades ambientales y los gremios económicos, con fuertes enfoques participativos e incentivos económicos en los distintos niveles de la planificacion territorial de la zona rural.
5. Aprovechando el posible marco legal del “posconflicto”, se deben diseñar acciones de restitución y redistribución de tierras en zonas de vocación productiva agropecuaria y agroecológica, especialmente en el Abanico, y las partes medias y altas de las cuencas del Combeima, Toche y La China, a fin de impactar en la mejora de las condiciones de vida de la población campesina sin tierra, y en el marco de una política de “desarrollo” rural integral, constituida e implementada con la participación activa de los productores.
6. Los procesos de planificación del “desarrollo local” deberán ser sometidos a escenarios de participación ciudadana mediante figuras legales preexistentes, como “Presupuestos Participativos”, “Consejos Territoriales de Planeacion”, entre otros.
7. Finalmente, es necesario fortalecer los estudios científicos sobre las condiciones biofísicas, socioeconómicas y socioculturales de los “territorios” que no fueron estudiados en esta investigación, a fin de obtener una “radiografía” a escala detallada de las condiciones objetivas de implementación de las políticas de “desarrollo” rural integral. Con estos estudios sería factible monitorear a nivel predial los impactos socioambientales de los procesos productivos, para lo cual se podrían emplear indicadores y umbrales de “sostenibilidad fuerte”.
Recomendaciones sectoriales para enfrentar el problema de manejo de las zonas de protección ambiental del POT de Ibagué vigente
1. Se hace prioritaria la protección efectiva de los bosques de galería de las microcuencas de las mesocuencas del Coello, Combeima, Gallego, Opia, Chipalo y La China, las cuales se encuentran afectadas en distintas zonas rurales sometidas a procesos productivos cafeteros, arroceros y ganaderos, y en diferentes zonas periurbanas sometidas a desarrollos urbanos precarios (especialmente hacia los Cerros del Norte de la mesocuenca del Chipalo, y las áreas de riesgo de inundación del Combeima).
2. Es de suma importancia clausurar las actividades mineras de las quebradas que irrigan los Cerros del Norte, relacionadas con la explotación de arena mediante “trinchos”; pues están deteriorando su capacidad natural de disipar, aguas abajo, los impactos potenciales de crecidas y avalanchas, las cuales se han presentado históricamente en épocas de altas precipitaciones.
3. También es indispensable controlar los procesos de deforestación de las haciendas localizadas en los pisos fríos de las mesocuencas del Combeima, La China y Toche (denominadas “La Selva”, “Meridiano”, “Indostán”, “El Palmar”, “El Humedal”, “Santísima Trinidad”, “Siberia”, entre otras), cuyos impactos sobre la calidad y cantidad de sus ríos amenazan la provisión del líquido para la ciudad de Ibagué y diferentes acueductos rurales.
4. El Parque Nacional Natural de los Nevados, en la juridiscción de Ibagué, aún presentan explotaciones ganaderas en tenencias de mediofundio y latifundio; por lo cual, se hace urgente la implementación de un programa efectivo de reubicación de sus ocupantes distribuidos en latifundios; y la implantación de sistemas agroecológicos, o su conversión a actividades ecoturísticas, cuando se trate de atender a los ocupantes de mediofundios y minifundios.
Recomendaciones sectoriales para el manejo de los problemas ambientales generados por la disposición inadecuada de aguas residuales agrícolas, industriales y residenciales
1. La ampliación y mejoramiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales sanitarias en los emisarios finales de los ríos Combeima, Chipalo y Opia, se deben realizar de manera urgente y efectiva, garantizando al menos tratamientos con altos estándares de remoción de materia orgánica.
2. Se recomienda la implementación prioritaria de plantas de tratamiento primario de aguas residuales sanitarias en diversos emisarios finales con descargas contaminantes en las quebradas Ambalá, Las Panelas, La Bernarda y La Cural, las cuales mejorarían ostensiblemente la salud de los ecosistemas acuáticos, altamente afectados.
3. Las aguas residuales agrícolas y agroindustriales, producidas después de los procesos de riego de los canales Laserna y El Aceituno, provenientes del Combeima; y de los canales La Argentina, Media Luna, Ambafer (la población lo conoce como “La Mafer”) y San Isidro, abastecidos por el Chipalo; requieren medidas integrales de manejo, dados los impactos ambientales negativos registrados en las fuentes, y la salinización o acidificación (de menor impacto) de los suelos del Abanico, especialmente. Se recomienda la optimización de los fertilizantes diluidos, la racionalización del agua en las inundaciones e irrigaciones mediante agricultura de precisión, la aplicación de tecnologías agronómicas más limpias, el almacenamiento y reuso de aguas de riego, aguas lluvias y de escorrentía; y la canalización y manejo de las aguas residuales mediante plantas de tratamiento primario.
4. La vivienda dispersa deberá tener soluciones independientes mediante la implementación de microplantas de tratamiento de aguas residuales de fácil mantenimiento y ciclos de larga duración (no pozos sépticos), las cuales tendrán que ser suministradas de manera subsidiada. Asimismo, la Secretaría de Salud y CORTOLIMA deberán coordinar acciones para el monitoreo del funcionamiento efectivo de dichas plantas. Se recomienda la priorización de acciones en el Cañón del Combeima, la mesocuenca del río Toche, las viviendas del Parque Nacional Natural Los Nevados, y las microcuencas de las quebradas La Cural, Ambalá, Las Panelas y la Bernarda.
Recomendaciones sectoriales para el manejo de los problemas ambientales orginados por la erosión en laderas productivas
1. Los procesos degradacionales de la montaña deben ser intervenidos de manera radical, por todos los impactos socioambientales negativos asociados a dichos fenómenos. Los actuales sistemas agrícolas de laderas superiores a 75% deben someterse a prácticas productivas en terrazas escalonadas, con sistemas de drenaje eficientes, sin que impliquen nuevas deforestaciones o espacios productivos adicionales.
2. Asimismo, es necesario implementar manejos agroecológicos que aprovechen mejor, en cualquier rango de pendientes, las interacciones suelo-planta-agua, la cual es de por sí compleja en los ecosistemas de montaña. Sin estas políticas y tecnologías de “desarrollo agrícola”, los problemas del agua de la ciudad y los centros poblados en crecimiento, la pérdida de suelos, la dinámica de la deforestación y el descenso de la biodiversidad, no serán mitigables en el mediano plazo.
Recomendaciones sectoriales para el manejo ambiental del agua destinada al riego y al abastecimiento del acueducto de la ciudad de Ibagué
1. Los canales de riego Laserna y Aceituno están consumiendo aproximadamente la misma cantidad de agua que demanda la ciudad (4600 l/s). Dicha concentración del uso del recurso está privando del suministro seguro del líquido a la zona de expansión de la ciudad, y destruyendo el caudal ecológico del Combeima. Por lo cual se recomienda la implementación de un plan de aprovechamiento del acuífero del Abanico de Ibagué, la disminución ostensible del caudal de riego concesionado, y el aprovechamiento (bajo criterios ecológicos) del agua disponible del río Combeima, para un acueducto satélite de la ciudad.
Recomendaciones sectoriales para la gestión de riesgos ambientales por sismicidad, erupción volcánica, avalanchas y cambio climático
1. La zona rural cuenta con una importante infraestructura agroindustrial y residencial en las zonas periurbanas (definidas por los ejes viales Ibagué-Picaleña-Buenos Aires, El Salado-San Bernardo, Ibagué-Chapetón-
2. La actividad volcánica es uno de los mayores riesgos “naturales” del municipio. Por esta razón, se recomienda multiplicar esfuerzos para la implementación periódica de programas de sensibilización y simulacros de emergencias en las zonas de influencia de Toche y El Guaico, ante eventos eruptivos del Volcán El Machín; y en la zona del Parque Nacional Natural de los Nevados y el área de influencia de Juntas, ante eventos del Volcán-Nevado del Tolima.
3. Se hace urgente la reubicación de la población asentada en la zonas de riesgo por avalanchas del río Combeima en la zona sur de la ciudad y el eje vial de Ibagué-Villarrestrepo; y en las cotas bajas del paso del río Coello por el asentamiento Cocora-Coello. Asimismo, la administración local deberá intervenir con políticas de reubicación de asentamientos rurales las áreas de riesgo por avalancha de las partes bajas de las quebradas Ambalá y Las Panelas, al norte de la ciudad; El Salto y La Sierra, en la zona de Villarrestrepo; y Guamal y La Cristalina, en la zona de Juntas. Especialmente, las avalanchas del Combeima y el Coello pueden estar asociadas a la actividad volcánica del Volcán-Nevado del Tolima y el Volcán El Machín, respectivamente; lo que efectivamente potencia el riesgo de avalanchas en periodos distintos a precipitaciones excepcionales.
4. En virtud del cambio climático, las precipitaciones y veranos extremos, se están potenciando, en los últimos años, los riesgos de inundación e incendios forestales, respectivamente. Por tanto, se recomienda la implementación de una unidad especial de planificación para la mitigación del cambio climático. En particular, se deberá concentrar en la microzonificación del riesgo e intervención horizontal de la comunidad, mediante programas que potencien la resiliencia socioambiental a dichos cambios extremos. En cuanto a incendios, se recomiendan intervenciones prioritarias en las prácticas culturales de la quema de barbecho sin control alguno y sin uso de cortafuegos, la disposición final de elementos que pueden causar incendios, el avenamiento de humedales, y la deforestación de bosque secundario para la instalación de cafetos y ganaderías. El riesgo de incendio suele distribuirse en el Pie de Monte y el Abanico de Ibagué, por lo cual se deberán concentrar acciones en estos lugares. Y en cuanto a inundaciones, se deberán combinar varias acciones: realizar un mantenimiento efectivo a los procesos de sedimentación de canales de riego y lagunas artificiales; controlar las explotaciones de arena y gravilla en las zonas de explayamiento de los ríos Combeima y Coello, las cuales son disipadores y acumuladores naturales de energía en eventuales amenazas de inundaciones, y pueden mitigar de manera importante el impacto de las avalanchas; la restitución de drenajes, humedales y lagunas del sistema hidráulico natural del Pie de Monte y el Abanico, y que fueron destruidos por la expansión urbanizadora y la potrerización; controlar los procesos de compactación del suelo en las áreas de mecanización agrícola; y ampliar la capacidad de almacenamiento de agua lluvia y de escorrentía del Abanico mediante lagunas artificiales.
Recomendaciones sectoriales para la gestión del riesgo ambiental derivado de procesos de remoción en masa y avenidas torrenciales en los Cerros Noroccidentales de la ciudad de Ibagué
1. En estos cerros es de suma importancia intervenir los asentamientos periurbanos expuestos a amenazas de remoción en masa, y las obras de manejo inadecuado de distintas quebradas con antecedentes de avenidas torrenciales. Se recomienda la protección efectiva de las rondas hídricas de las quebradas Los Alpes, 20 de Julio, El Pañuelo, Ancón, La Aurora y Cucal; y la ampliación de todas las obras que interrumpen el libre flujo del agua en periodos de lluvia, acompañada de disipadores de energía, mantenimiento de lechos, y aliviaderos en presas transversales. En cuanto a las remociones en masa, la intervención inmediata se debe concentrar en la reforestación liviana y mallas vivas en las zonas de cárcavas. Asimismo, se deben implementar simulacros de evacuación ante avenidas torrenciales, reubicar a la población en las zonas de alto riesgo, e instalar detectores de lodos en las partes altas y medias de las microcuencas.
Recomendaciones sectoriales para el manejo ambiental de los residuos sólidos de origen urbano y rural
1. La disposición de empaques con residuos químicos con impactos toxicológicos a la salud y el ambiente, en las zonas cafeteras y arroceras, puede ser gestionada con relativa facilidad, si la UMATA y CORTOLIMA intervienen con programas de capacitación para el manejo de estos residuos. Este problema tiene un importante impacto en el Cañón del Combeima y las áreas de influencia de los drenajes de aguas residuales agrícolas del río Opia, y se recomienda su intervención inmediata.
2. En el “relleno sanitario”, localizado en la antigua hacienda La Miel, se están disponiendo los residuos sólidos de la ciudad y algunos centros poblados. Sin embargo, su gestión no está acompañada de un programa de educación ambiental efectivo y masivo para la separación en la fuente, reuso de materiales, compostaje de residuos orgánicos y racionalización del uso de plásticos. Por lo anterior, se recomienda implimentar cuanto antes este programa, con la coordinación cierta de la Administración local y CORTOLIMA, con el fin de ampliar la vida útil del relleno sanitario, mitigar los impactos ambientales en su entorno, y reincorporar los productos compostados al sistema agroalimentario.
3. La mayoría de centros poblados de la zona rural están disponiendo los residuos sólidos de forma inadecuada, empleando la quema o enterrándolos. Se recomienda la implementación de rutas efectivas de recolección de residuos en estos lugares, acompañada de la implementación de plantas eficientes de compostaje en cada uno de ellos. Este problema se percibe con fuerza en los centros poblados de Chapetón, Llanitos, Pastales, Villarrestrepo, Juntas, San Bernardo, San Juan de la China, Toche, Tapias, El Totumo, Coello-Cocora, La Esperanza-La Miel, Briceño y Buenos Aires; por lo cual deberán ser intervenidos.
Recomendaciones sectoriales para enfrentar los problemas territoriales derivados de la falta de provisión de agua potable en vivienda dispersa y concentrada
1. La percepción de un riesgo bajo o inexistente cuando se consume agua cruda, situación que se presentó en todos los lugares visitados, representan el mayor reto de esta gestión del recurso. A lo que se le suma el rechazo de la población al posible incremento del costo de consumo del líquido. Los resultados de la evaluación de esta investigación, reforzada por otras realizadas por la Secretaría de Salud, nos obligan a recomendar las siguientes acciones combinadas: construcción de plantas de tratamiento de agua potable de amplia cobertura en todos los centros poblados rurales, la operación subsidiada de dichas plantas para evitar el incremento del servicio; y la implementación gratuita de filtros de agua cruda con carbono activado de larga duración y fácil mantenimiento en las viviendas dispersas del área rural, cuyas evaluaciones arrojen algún nivel de riesgo de consumo. Estas acciones requerirán del fortalecimiento de las Juntas de Acueducto de los centros poblados y veredas, y un intenso y permanente proceso de capacitación a cargo de una unidad administrativa especial de la Secretaría de Salud de Ibagué.
Recomendaciones sectoriales para enfrentar los problemas territoriales causados por el déficit de soluciones de vivienda social rural
1. Se recomienda la intervención prioritaria en el mejoramiento de vivienda social dispersa, dadas las precarias condiciones de habitabilidad del campesinado. Dichas soluciones deben atender el problema de la cocción intradomiciliaria con hornillas adecuadas, la construcción de baterías sanitarias, y la adecuación de cubiertas y lugares de habitación. Se recomienda el uso de diseños y materiales que correspondan a las condiciones bioclimáticas del lugar y la accesibilidad a insumos constructivos tradicionales. Estas intervenciones deberán ser financiadas en buena parte con recursos públicos, y dar cobertura a todas las veredas del municpio. Para la ejecución de estos programas, se requiere la creación de una unidad de planeación de vivienda en la Secretaría de Desarrollo Rural, con el propósito de coordinar acciones y monitorear las soluciones ofrecidas.
Recomendaciones sectoriales para asumir los problemas territoriales originados por la ausencia de un desarrollo vial en la zona rural
1. Uno de los mayores problemas identificados en la zona de montaña del municipio fue la enorme dificultad que tiene el campesinado para transportar sus cosechas e insumos. La red terciaria y las vías de penetración a las fincas tienen distintos problemas de transitabilidad en épocas de invierno, o problemas de mantenimiento en distintas épocas del año. A este problema de cobertura se le suma la complejidad de fallamientos geológicos en casi todas las vías terciarias, y serios problemas de estabilización de taludes por persistencia de solifluxiones en las vías terciarias de las cuencas del Cocora y Coello. En este contexto, las acciones deberían ser combinadas: intervenir las vías terciarias con obras efectivas para el manejo de las aguas de escorrentía, el mantenimiento permanente de cunetas y alcantarillas, el afirmado y compactación de las mismas (que suelo no hacerse); y la implementación de una red de transporte de carga y personas por cable aéreo en zonas de difícil acceso, especialmente en las veredas de las partes altas de las cuencas del Combeima, Cocora, La China, Gallego y Toche. Entre estas intervenciones, el cable aéreo de transporte que conecte el Silencio con el Parque Nacional Natural de los Nevados, representa una potencialidad para el desarrollo de un ecoturismo de bajo impacto.
Recomendaciones sectoriales para enfrentar los problemas territoriales generados por la segregación socioespacial de las zonas periurbanas y de vocación turística
1. En la investigación se detectaron segregaciones importantes en la zona de influencia del eje vial Ibagué-Picaleña, por efectos de construcción de condominios; en el área de influencia de la zona turística del Totumo; en las terrazas del pie de monte de los Cerros del Norte, localizadas entre la vereda Bellavista y las Minas del Vergel, por efectos de ampliación de los condominios del Vergel; en el área de influencia del anillo vial de la variante Ibagué-La Martinica-El Totumo, por efectos de parcelaciones de fincas de recreo; y en el área de influencia del eje vial Chapetón-Llanitos e Ibagué-Santa Teresa, por efectos de implantación de condominios y fincas de recreo. Entre los principales impactos generados por estas dinámicas rururbanas se identifican: pérdidas de suelos productivos para la provisión de alimentos, compraventas de predios de campesinos con expectativas de migrar a la ciudad en condiciones precarias, pérdidas de estilos de vida campesinistas y habitos productivos agrarios; y desarrollos suburbanos precarios entorno a las zonas de condominios y fincas de recreo con expectativas de venta para capturar la renta del suelo generada, aprovechar la cobertura de la nueva infraestructura urbanística mediante la construcción de viviendas precarias, e instalar distintos comercios y ofrecer servicios informales. Para enfrentar estos problemas y dada la complejidad implicada en la ordenación territorial de estos fenómenos, solamente se puede recomendar la implementación de una política integral de mejoramiento de estos asentamientos suburbanos; y de una política de construcción de vivienda social subsidiada en los predios no construidos, previas afectaciones legales mediante el nuevo POT de Ibagué, y priorizando a la población suburbana asentada en la zona.
Recomendaciones sectoriales para enfrentar los problemas territoriales generados por políticas fiscales regresivas
1. Se constató una subvaloración descarada de los avalúos con fines fiscales en el Abanico de Ibagué, y buena parte de las haciendas periurbanas. Se recomienda la actualización catastral de la zona rural, y el incremento de las tasas de liquidación del impuesto predial del latifundio en estas áreas mencionadas, por las siguientes razones: se han construido obras viales y urbanísticas con recursos públicos, las cuales han incrementado la renta del suelo de manera formidable desde hace 60 años; las tasas de liquidación del impuesto predial del latifundio no se compadecen con el incremento extraordinario del valor comercial del suelo; los efectos redistributivos del impuesto predial para soportar distintas políticas de desarrollo territorial, no se están cumpliendo en atención a la Ley 388 de 1997 y Ley 14 de 1983; e impuestos prediales relativamente altos para el régimen latifundista desestimularía la ganadería extensiva y la concentración de la propiedad.
2. El régimen de tasas retributivas por usos de bienes ambientales puede ser sometida a una mejor reglamentación e implementación, con el propósito de hacer efectivo el “pago por servicios ambientales”. CORTOLIMA, entidad responsable de esta política, deberá incrementar las tasas retributivas atendiendo al principio de progresividad de las cargas impositivas, con el fin de que las grandes explotaciones agroindustriales, agrícolas, turísticas e industriales ayuden a financiar las importantes acciones en protección, conservación y restauración de los bienes ambientales. Asimismo, se deberá mejorar el monitoreo y siguimiento al pago de dichos recursos monetarios. Se recomienda la priorización en programas de adquisición de predios en cuencas abastecedoras de acueductos rurales y del acueducto de la ciudad; la reforestación de las haciendas localizadas en las partes altas de las cuencas del Combeima, Coello, La China y Toche; la protección del bosque secundario y primario de las cuencas del Combeima, La China y Toche, mediante incentivos fiscales y/o adquisición de predios; y la adquisición de predios en zonas de subpáramo y páramo correspondientes a las microcuencas abastecedoras del Combeima, Toche y La China.
Recomendaciones sectoriales para la ordenación ambiental y territorial de los sistemas productivos de Montaña
1. En la zona de influencia del Rubí, se recomiendan las siguientes acciones de ordenación ambiental: protección efectiva de la ronda de la quebrada gato negro y de los afluentes menores que irrigan la vereda el Rubí, instalación de agroforestales en lotes de cafetos viejos previamente terraceados, e implementación de beneficiaderos ecológicos de café. Estas recomendaciones pueden aplicar a las veredas cafeteras de la cuenca de La China.
2. En la zona influencia de Ambalá Parte Alta, se deberán adelantar las siguientes medidas: suspensión de la extracción de arena en la quebrada Las Panelas, y la protección efectiva de las rondas de los drenajes que irrigan la vereda; la implantación de agroforestales en lotes de cafetos que requieren renovación, previamente terraceados; implementación de beneficiadores ecológicos de café; y manejo adecuado de aguas de escorrentía mediante canales en tierra, dada la alta saturación del suelo en la vereda. Estas sugerencias pueden ser aplicadas a todas las veredas cafeteras de los Cerros del Norte de la ciudad.
3. En cuanto a la zona de influencia de Villarrestrepo, se recomiendan las siguientes acciones: sustitución del monocultivo del café en todas las fincas de la vereda, por la implantación de agroforestales sin estratos arbóreos pesados y en terrazas escalonadas; manejo de drenajes de escorrentía para mitigar y retardar la erosión y el transporte de sedimentos al río Combeima; instalación de beneficiadores ecológicos; y protección efectiva del bosque secundario de la vereda y de las rondas de las quebradas y afluentes que la irrigan. Estas recomendaciones pueden aplicar a todas las zonas templadas cafeteras del Cañón del Combeima.
4. En la zona de influencia del Rancho, se podrían sugerir los siguientes cambios: suspensión de actividades ganaderas; reapertura al visitante bajo un programa de ecoturístico de bajo impacto; manejo inmediato de las aguas residuales domésticas mediante una microplanta de tratamiento primario y secundario; relocalización de las piscinas de aguas termales a una zona sin riesgos de desprendimientos de rocas; reubicación de la infraestructura en una zona sin riesgo de avalancha del río Combeima; e inplementación de una red de monitoreo de lodos aguas arriba y aguas abajo del río Combeima. Esta fuente es un factor de riesgo del centro poblado de Juntas, lo mismo que las quebradas Guamal y La Cristalina, las cuales también requieren de una red de monitoreo de lodos. En cualquier caso, las amenazas de inundación y avalancha de estas fuentes deben ser sometidas a un programa de gestión del riesgo realmente efectivo, lo que implica simulacros periódicos.
5. Con relación a la zona de influencia de Toche, se recomiendan las siguientes medidas: proteger de manera efectiva las rondas de los ríos Toche y Tochecito; introducir sistemas agroecológicos de producción de fríjol y arracacha, y en las pendientes superiores a 75% introducir prácticas agroecológicas en terraceo; sustituir el sistema de ganadería extensiva, por un sistema semiestabular con el aprovechamiento de forrajes adecuados, y sin aumentar la superficie potrerizada disponible; realizar un monitoreo efectivo a la protección absoluta del bosque primario y secundario de la vereda de Toche; e implementar un programa de monitoreo a las amenazas de inundación, avalanchas y actividad volcánica, coordinado por CORTOLIMA y la Oficina de Prevención y Atención del Riesgo, que pueden afectar el centro poblado de Toche y la población dispersa de la vereda de Toche. En cualquier caso, se requieren sensores de tremores del Machín en completo funcionamiento, y redes de detección de lodos en los ríos Tochecito y Toche. Estas disposiciones pueden ser aplicadas a las veredas aledañas a Toche que han desarrollado los mismos usos del suelo.
6. En la zona de influencia del Guaico, se sugieren las siguientes acciones: implantar sistemas agroecológicos de producción de arracacha con terraceo escalonado en pendientes superiores a 75%; protección efectiva de las rondas de las quebradas que irrigan la vereda, y el cerramiento inmediato de las zonas de termales de El Guaico, las cuales están siendo intervenidas amenazando sus biotopos acuáticos; implementación de sistemas semi-estabulares de ganadería en sustitución de la ganadería extensiva, acompañados de forrajes instalados, y sin nuevas potrerizaciones; y aplicación efectiva de simulacros para la prevención de riesgo volcánico del Machín, y una red de sensores de tremores en completo funcionamiento. Estas acciones pueden ser aplicadas a las veredas aledañas a El Guaico que ostentan los mismos usos del suelo.
7. En la zona de influencia de La Linda, se recomiendan las siguientes intervenciones horizontales: los graves problemas de solifluxión de la vereda, acompañados de fallamientos geológicos en distintos lugares, obligan a tomar medidas inmediatas de mitigación. En primer lugar, se deben suspender todas las actividades mineras de la zona, dado que están propiciando desprendimientos, y estabilizar todos los taludes de la vía Coello-La linda y manejar de forma eficiente sus aguas de escorrentía. En segundo lugar, se requiere la implementación efectiva de la protección de las rondas de quebradas que irrigan la vereda, y la reforestación con arbustivos en las zonas degradadas o deforestadas. Y en tercer lugar, el agua de escorrentía de los lotes de ganadería debe ser canalizada, pues está saturando el suelo en distintas áreas de pastoreo. Asimismo, se hace indispensable la implementación de sistemas semiestabulares con forrajes adecuados, sin ampliar potreros, a fin de mitigar la erosión de las laderas. Estas medidas pueden ser extendidas a las veredas vecinas de La Linda con desarrollos productivos y problemas de erosión similares.
8. En la zona de influencia del Totumo, se pueden sugerir las siguientes medidas: formular e implementar un plan parcial de ordenamiento turístico y ambiental. El crecimiento desregulado de condominios, parcelaciones para vivienda campestre y desarrollos residenciales en la vereda, están generando serios conflictos con otros usos, los cuales deben ser gestionados de manera integral. Nos referimos a la explotación de canteras, la explotación porcícola sin controles sanitarios y ambientales, la deforestación para potrerización y cultivos nuevos, y el uso insostenible de la quebrada El Cural para actividades recreativas y riego de arroceras. Se recomienda establecer una ocupación máxima de los usos residenciales y turísticos bajo criterios ambientales, como la disponibilidad del agua, la protección de rondas de los drenajes que irrigan la vereda, y la conservación de los parches de bosque secundario que aún quedan. Asimismo, es necesario clausurar las actividades porcícolas y las explotaciones mineras de la vereda, pues sus impactos ambientales no son compatibles con los usos agrícolas tradicionales y los nuevos usos turísticos. Las concesiones de agua o capturas ilegales de La Cural para riego de arroz debe ser sustituida por el uso de acuíferos, el almacenamiento de agua lluvia y de escorrentía, y la recirculación del líquido en los cultivos, previos tratamientos primarios.
Recomendaciones sectoriales para la ordenación ambiental y territorial de los sistemas productivos del Abanico
1. En las zonas de influencia de la hacienda Gascoña y la parcelación La Esperanza-La Miel, se pueden sugerir las siguientes intervenciones horizontales: implementar plantas de tratamiento para aguas residuales agrícolas y sanitarias, las cuales están contaminando el río Opia y otros drenajes intermitentes del Abanico. Esta acción se debe implementar tanto en la hacienda como en el asentamiento La Esperanza-La Miel. Es necesario seguir protegiendo los bosques riparios del río Opia y las lagunas de la Hacienda Gascoña, y reforestar en sus zonas de alta pedregosidad. La parcelación de la hacienda La Miel con destino a desplazados, condujo a la deforestación de bosque secundario que aún persistía. Por lo anterior, se recomienda la instalación de silvopastoriles en Gascoña y La Miel, especialmente en los lotes destinados actualmente a ganadería extensiva; y la incorporación de “manejos limpios” del arroz en Gascoña y La Miel, especialmente orientados a evitar la alta compactación, salinización y acidificación del suelo, constatados en distintos lotes arroceros. Por otro lado, se hace indispensable la clausura del uso del agua residual proveniente del canal Ambafer para riego de cultivos, y la instalación de una planta de tratamiento primario antes de aprovechar el líquido del canal. Estas disposiciones pueden aplicar a las haciendas del Abanico de Ibagué con sistemas productivos semejantes.
2. En la zona de influencia de Briceño, se recomiendan las siguientes acciones: en el centro poblado de Briceño se deben implementar las plantas de tratamiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales sanitarias. Es indispensable la protección efectiva de la ronda de la quebrada Gualanday, y la clasura de las explotaciones de arena en sus orillares, o mediante el uso de trinchos. Estas actividades están amenanzando la capacidad de almacenamiento del agua en sus distintos charcos y vegetación riparia, los cuales son los principales atractivos turísticos de la zona. Asimismo, se requiere el establecimiento de un plan de desarrollo ecoturístico de bajo impacto, que garantice la ordenación espacial de las zonas residenciales y las zonas de servicios turísticos. En las zonas de mediofundio y latifundio con explotaciones ganaderas y agrícolas, se deben aplicar distintas medidas: implementación de un sistema de riego en mediofundios, dada su alta vulnerabilidad a la escasez de agua; y suspensión de la ganadería extensiva en los cerros de Gualanday, los cuales están sometidos a un fuerte proceso erosivo natural (y que está siendo acelerando con este uso). Se recomienda la reconversión a sistemas silvopastoriles en las áreas planas y onduladas de las haciendas y medianas propiedades, dedicadas hoy a ganadería; y el manejo eficiente de los drenajes de escorrentía y la reforestación con arbustivos en las zonas fuertemente inclinadas y erosionadas de los cerros de Gualanday. Algunas de estas disposiciones pueden ser aplicadas a las veredas aledañas con sistemas productivos y condiciones erosivas similares.
Notas:
(*) La información empírica y las recomendaciones técnicas expresadas en este informe se fundamentan en un documento de investigación de mi autoría titulado “Geografía híbrida de Ibagué rural desde mediados del siglo XX hasta el presente”, Grupo de Investigación en Desarrollo Rural Sostenible, Facultad de Agronomía, Universidad del Tolima, 2015, págs., 1-187.
[1] En cuanto a las recomendaciones a sugerir, se siguen las aportaciones conceptuales de Massiris, 2012, pp. 99-123. Se aprovecharán algunas propuestas técnicas de gran importancia y pertinencia, previa revisión de sus implicaciones, contenidas en algunos instrumentos de planificación territorial de Ibagué, las cuales no han sido aplicadas: POT (2000), POMCA (2006), POMCA (2007), POMCA (2008), FRM (2001), CSCC (2006), POF (2007), EVRM (2009) y AAI (2010). Y de otras localidades, con avances significativos en la ordenación ambiental, como los Determinantes Ambientales de Caquetá (CORPOAMAZONÍA, 2014). Asimismo, se seguirán las propuestas de lineamientos de política para el desarrollo sostenible de regiones colombianas realizadas con la financiación de la Dirección de Desarrollo Territorial del Ministerio de Medio Ambiente: Carrión y Martínez (2009). Las medidas sugeridas de aquí en adelante no pueden suponer desplazamiento forzoso de población de las áreas de interés ambiental, y deberán estar mediadas por profundos procesos de participación y concertación con las comunidades campesinas. En aquellos lugares con una ocupación importante de minifundios y mediofundios es posible aplicar programas de reconversión a prácticas agroecológicas aprovechando el conocimiento mismo del productor respecto a las dinámicas de los ecosistemas
, versión del 29 de febrero de 2016 (*) ){kind=link}
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