Espionajes, amenazas, persecuciones y asesinatos contra dirigentes sociales, profesores y sindicalistas sociales y políticos, exiliados/as colombianos…una larga serie de gravisimos hechos ocurridos durante los últimos dos periodos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, son el objeto de una impresionante investigación en “ChuzaDas”, el nuevo libro del reportero Julián F. Martínez. Un texto que restaura la memoria histórica y la dignidad de todas aquellas/os que fueron perseguidos por operaciones extrajudiciales de infiltración y seguimiento por el Estado. Sacar a la luz este escabroso capítulo de Colombia es imprescindible para que no se repita.
“Uno de los síntomas más claros de la enfermedad del poder consiste en confundir los intereses personales con los del Estado… Las herramientas de inteligencia del Estado fueron usadas para perseguir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y a los periodistas que investigaban los nexos entre políticos afines al gobierno y las mafias paramilitares. El trabajo de Julián F. Martínez muestra como esa operación criminal fue articulada desde la Casa de Nariño (casa del poder ejecutivo colombiano)”.
Cuéntanos, ¿quién es Julián F. Martínez?
Es una pregunta difícil porque hablar de uno mismo es una tarea compleja, no sólo por el riesgo de caer en los autoelogios sino porque se debe tener capacidad autocrítica. Julián Martínez es un colombiano común y corriente que encontró en el periodismo la mejor forma de hacer patria. Llevo ocho años desempeñándome como reportero profesional. Actualmente trabajo en Noticias Uno, que es un informativo de televisión independiente que se emite los fines de semana en Colombia. Allí me encargo de temas judiciales, ambientales, derechos humanos, políticos y sobre corrupción en la administración pública. La filosofía del noticiero permite desempeñarnos en varios campos para desarrollar proyectos investigativos de la mano de nuestro jefe inmediato, el periodista Ignacio Gómez. Estudié comunicación social y periodismo y siempre he interpretado que nuestra querida Colombia necesita reporteros que ejerzan el oficio de manera independiente y siempre distante con el poder.
¿En qué contexto surge el libro “ChuzaDAS”?
ChuzaDAS surgió por la necesidad de dejar un documento histórico que restaure la memoria sobre unos hechos que no pueden volver a repetirse. También porque el expediente y el número de procesados iba creciendo y muchas veces en un artículo de un periódico o en un nota televisiva no queda muy claro porqué se desarrollaron estos delitos.
El presidente Álvaro Uribe convirtió al DAS en una policía política para satisfacer su interés personal y político. La policía de la Presidencia ejecutó varios delitos, siendo las interceptaciones ilegales el crimen menos grave, pues el DAS llegó a asesinar a defensores de derechos humanos y sindicalistas por el simple hecho de hacerle critica al gobierno de turno. Además de eso, el DAS elaboró campañas de desprestigio, amenazas de muerte, estrategias de intimidación, seguimientos, espionaje y sabotaje de las actividades que desarrollaban legítimamente los críticos del gobierno Uribe. Cinco grupos fueron declarados como enemigos de la política de “seguridad democrática”: defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas independientes, opositores políticos y magistrados de las altas cortes. Cualquier persona que se encontrara en estos grupos y que mostrara su discrepancia con el presidente, terminaba en la lista de objetivos del DAS.
Entonces, siempre tuve claro desde 2009, época en la que estalló el escándalo, que las Chuzadas del DAS no sólo iba a ser el más negativo del presidente Uribe, sino que la gravedad de los crímenes ejecutados necesitaba un contexto completo para que la opinión pública lo entendiera. De esta manera, un libro podría contarle a la sociedad los motivos y las pruebas en un relato sencillo para que comprendiera las dimensiones de cómo se usó la inteligencia del Estado con fines ilícitos e incluso para proteger a los verdaderos terroristas en Colombia, pues el gobierno del presidente Uribe protegía a los paramilitares, algunos de ellos ingresaban a la Casa de Nariño para reunirse con los secretarios de la Presidencia para elaborar campañas difamatorias contra los jueces de la República que estaban investigando los nexos de los congresistas uribistas con organizaciones paramilitares.
El libro ChuzaDAS no es la transcripción de un expediente judicial, tampoco es una prosa de adjetivos u opiniones mías para enlodar al presidente Uribe. El libro ChuzaDAS es un reportaje de investigación que contiene las evidencias que vinculan a Uribe y a miembros de su familia con este escándalo, las historias de las víctimas que se atrevieron a contradecir su manera de gobernar y las versiones judiciales que se han conocido en el proceso, que no ha terminado. La justicia colombiana ha condenado a dos de los cinco directores del DAS de Uribe, pero todavía faltan por procesar muchos alfiles de su gobierno, quienes tendrán que explicarle a la justicia, por ejemplo, por qué se asociaron con miembros de la Oficina de Envigado, una organización narcoterrorista de Medellín, para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia, a esas reuniones asistían los secretarios César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, con beneplácito del presidente Uribe.
En su libro usted habla de “dictaduras silenciosas”, y de permanente atropello de las libertades públicas… ¿cómo se tradujeron estos aspectos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez?
En realidad el término “dictadura silenciosa” es del prologuista del libro, el doctor Ramiro Bejarano Guzmán, quien fue víctima del DAS. A él y a su familia les hicieron seguimientos ilegales. Pero fundamentalmente, lo que el libro revela y que no está sustentado en una opinión sino en pruebas y hechos, es que el gobierno de Álvaro Uribe hizo todo lo posible por restringir las libertades públicas y legítimas de la oposición. A las ONGs de derechos humanos les ejecutaron un plan denominado “Operación Transmilenio”, ideado por José Miguel Narváez Martínez, a quien Uribe premió con la subdirección del DAS. Narváez es el mismo que está vinculado al crimen de Jaime Garzón, al secuestro de Piedad Córdoba y al asesinato de Manuel Cepeda Vargas, líder de la Unión Patriótica.
La “Operación Transmilenio” fue una estrategia para deslegitimar la labor de las organizaciones sociales que promovían la defensa de derechos humanos y hablar de paz. Recuerden que hablar de paz en Colombia, en el gobierno de Uribe, era calificado como un acto terrorista, prácticamente convirtieron en política que defender derechos humanos era un argumento para vincular a quien lo hiciera con la guerrilla de las FARC.
Las organizaciones de derechos humanos, como el Colectivo de Abogados José Alvear Retrepo, el Cinep, la Comisión Colombiana de Juristas, entre otras, porque fueron 120 organizaciones perseguidas por el DAS, estaban desarrollando una tarea legítima que consistía en vigilar la política de “seguridad democrática”. Estas organizaciones no solo descubrieron desde septiembre de 2003 que el Ejército colombiano estaba disfrazando de guerrilleros a campesinos y presentándolos como bajas en combates sino que comprobaron el aumento de detenciones injustas por cuenta de la estigmatización del propio presidente. Ese trabajo molestó tanto Uribe que ordenó le a la tropa militar acabar con la “pesadilla de los defensores de derechos humanos”. Y efectivamente lo hicieron. Uribe ordenó públicamente ejecutar estos delitos. De esta manera, la opinión pública tiene que recordar estas situaciones incómodas para el país para que no se repitan, pues una sociedad informada sabrá muy bien las consecuencias de elegir a personas como Álvaro Uribe en el poder.
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