|Por Paulo Passarinho / Economista|
El 17 de abril de 2016 entrará en la historia de Brasil como uno de los más deprimentes ejemplos de la degradación política a que llegamos, con el país mostrando su cara y su indigencia moral e intelectual.
El país entero tuvo la oportunidad de ver una Cámara de los Diputados compuesta, en su aplastante mayoría, por parlamentarios que mostraban sus quilates en las bizarras y patéticas declaraciones o justificativas de sus votos. Pero más grave, todavía: todo eso pasaba bajo la presidencia de un reo en el STF (Supremo Tribunal Federal) acusado por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero, que aguarda (?) una decisión de esta misma Corte sobre su apartamiento de ese puesto, de acuerdo con pedido del procurador general de la República, por usar el cargo en beneficio propio, integrar organización criminal e intentar obstruir las investigaciones.
Fue este mismo reo el gran líder del gravísimo proceso de impedimento de una presidente de la República, que llegaba a su final en el ámbito de la Cámara. Fue él mismo que aceptó y dio seguimiento a una representación contra la presidente, pidiendo el su impedimento por el crimen de responsabilidad, bajo la acusación de maniobras fiscales y presupuestarias. Esa decisión fue tomada luego que el partido de la presidente, en la misma Cámara, había garantido los votos que le llevarían a una Comisión de Ética. Una decisión autoritaria y plagada de venganza.
Ahora, esa curiosa y deprimente instancia de poder y representación política decidió aceptar la admisibilidad de un proceso que podrá llevar a Dilma a su impedimento, de acuerdo con la voluntad de una campaña de masa bajo el comando -político y financiero- de entidades empresariales y redes nacionales de televisión.
No quiero aquí tratar las inmensas y mayores responsabilidades del NeoPT y de su comandante Lula por la situación en que nos encontramos. Pero es inevitable apuntar que el modelo conciliatorio de gobernabilidad, defendido desde 2002 y asumido por el movimiento lulista, fue rotundamente derrotado. En la lucha contra el impeachment, otro show de incompetencia fue dado, con la tentativa frustrada de encontrar un salida para el gobierno a través de un esdrújulo acuerdo con el bloque PP/PDS/PR (Partido Progresista/Partido Democrático Social/Partido de la República)
¿En tanto, cuales son de hecho los intereses que llevan a la burguesía brasilera, a través de sus entidades de clase y algunas organizaciones empresariales, a invertir en la deposición del gobierno Dilma?
Este, el gobierno Dilma, desde que fue reelecto, ha procurado absorber y asumir el recetario liberal ortodoxo para enfrentar la crisis. Tal vez su error más grave, entre muchos, haya sido justamente ese: el total cambio entre su discurso de campaña y las medidas propuestas y acciones luego realizadas. Arrojó al país en la recesión y en el desempleo, buscando aproximarse a los sectores económicos hegemónicos, en el momento que las investigaciones de la Operación LavaJato le presionaban. No alejó la crisis, por el contrario, y se mantuvo vulnerable a la República de Curitiba.
El recetario liberal, por su vez, no presenta ninguna alternativa de superación de la crisis. Se resume a una estrategia defensiva de esos sectores hegemónicos -bancos y multinacionales, brasileros y extranjeros- y su puede sintetizar por buscar:
- controlar parcelas todavía mayores del presupuesto público, principalmente a través del mantenimiento de elevadas despensas con el pago de los intereses de la deuda pública y de la ampliación de la desvinculación de inversiones presupuestales vinculadas a las áreas sociales;
- reducir el costo del trabajo, a través de una nueva alteración en la legislación laboral, restringiendo derechos y flexibilizando normas de negociación entre patrones y empleados;
- abrir nuevas oportunidades de negocios privados, a través de nuevos cambios en las reglas de la previsión social pública, estimulando los programas de previsión complementaria privada; avanzando en la privatizaciones en el ámbito de la Petrobrás y del sector eléctrico, bien como en el restante sector de infraestructura, vía concesiones: y abriendo el área del pré-sal con la abolición de la actual Ley de Participación (1)
Es verdad que el gobierno Dilma en buena medida se rindió a ese “programa”, pero sin la capacidad de aglutinar a las fuerzas parlamentarias suficientes para viabilizar algunas medidas puntuales –como la propia vuelta de la CPMF (Contribución Provisoria sobre el Movimiento Financiero)-, al mismo tiempo en que encontraba resistencias en su propia base histórica de apoyo, como las Centrales Sindicales. Pero, claramente, se esforzó. Trajo para su gabinete ministerial a una jefa de clases del agro-negocio, Kátia Abreu; un jefe del sector industrial, Armando Monteiro, y nominó como ministro de Hacienda a un ejecutivo del sector banquero; Joaquim Levy.
Además de eso, el NeoPT en el gobierno, desde 2003, ayuda a atenuar presiones que tengan origen en los movimientos sociales, especialmente en áreas de influencia de la CUT y del MST. ¿Qué se pretende, por tanto, con la ofensiva pro-impeachment?
Todo indica que la intención mayor es acelerar y efectivizar las medidas y “reformas” de la agenda liberal. Mientras tanto, con la posibilidad de la remoción de Dilma de forma cuestionable, y con el pasaje del domesticado NeoPT a la oposición -y con mucho resentimiento-; enfrentando a los movimientos sociales y partidos de izquierda que no se rindieron, además de tener un presidente de cuestionable figura como Michael Temer, está claro que vendrán tiempos de mucha tensión y conflictos.
Un “programa” de naturaleza tan antipopular y atentatoria a la soberanía nacional, en medio de la grave crisis económica que se traduce en desempleo y pérdida de ingresos de los trabajadores, solamente será posible de concretarse en un contexto de abierta violencia y represión contra los sectores organizados del pueblo.
Contando, ciertamente, con el ambiente de desmoralización y abatimiento del NeoPT, las clases empresariales que comandan el proceso de impeachment tal vez estén haciendo el cálculo político de avanzar, si fuera el caso, en la represión rigurosa contra cualquier resistencia organizada. Al final, hasta la misma Ley Antiterrorismo dejada por el lulismo, puede ser utilizada contra movimientos insurgentes que puedan venir.
Esa es una variable que, en este momento, no puede descartada o menospreciarse. Y el camino, tal vez, para intentar revertir la tendencia, será abortar la construcción de esa estrategia de conflicto que está siendo colocada, de forma contundente e inmediata.
Pienso, así, que la única manera de concretarse en el momento, es una contra-ofensiva de los sectores populares en relación a los propósitos de tales segmentos de la burguesía; deslegitimando el golpe parlamentario para esencialmente cuestionar la posición de Michael Temer.
En su primera declaración pública, luego de la derrota que sufrió en la Cámara de los Diputados, Dilma Rousseff lanzó duros ataques a Temer, llamándolo, con toda razón, de conspirador y traidor. Debería, también, haberlo desafiado -en nombre de la decencia y de su propia coherencia- a tener el coraje y la honradez de su propia renuncia.
Al final, él practicó los mismos actos administrativos que avalan los supuestos crímenes de responsabilidad que podrían implicar el apartamiento de Dilma. Además de desconocer los millones de votos recibidos por la presidente -y que ahora pretende disponer con sus aliados de la estirpe de un Eduardo Cunha o de un Moreira Franco-, es absolutamente inmoral e incoherente que él se torne beneficiario de esos mismos votos que no le pertenecen.
No tengo ilusiones con relación a la decencia o coherencia de una siniestra figura como Temer. Pero, creo que el “conjunto de la obra” del actual vice-presidente, también citado en delaciones e investigaciones de la LavaJato, puede generar un amplio movimiento de resistencia a su eventual ascenso a la presidencia de la República. Esta será la mejor manera de crearle dificultades a las oscuras intenciones de nuestra criminal burguesía.
Nota de Correspondencia de Prensa
1) El marco legal en vigor conocido como “de partilha” o de participación, establece que Petrobras esté presente en todos los campos de aguas ultra-profundas, conocidos como pré-sal, a más de 5.000 metros de profundidad, donde yacen entre 60.000 y 80.000 millones de barriles de petróleo y equivalentes, descubiertos entre 2007 y 2010. El hallazgo de esos yacimientos por parte de Petrobras, que invirtió cientos de millones en prospección, representó una vuelta campana en la ecuación energética de Brasil, el gigante industrial de América latina que tenía como su costado vulnerable la falta de reservas cuantiosas.
Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa
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