|Por Alejandro Torres|
El costo económico anual de un racionamiento de energía en Colombia oscila entre 1.000 y 1.600 millones de dólares, (...) Pero además de El Niño, que aparece cada siete u ocho años causando intensas sequías, en el sector eléctrico, los errores de planeación también se repiten cíclicamente (…) Parece ser una conclusión generalizada. El sector eléctrico ha sido una víctima de la mala administración, de los errores e imprevisiones de los gobiernos de turno (…) Cuando estalló la crisis del sistema eléctrico, el Gobierno fue enfático en afirmar que el problema era un resultado exclusivo del clima: un verano intenso que tiene los embalses sin el agua suficiente para generar la energía necesaria (...) Por qué un ahorro obligado si hasta hace muy poco tiempo los expertos aseguraban que Colombia tenía un sector (…) que podría abastecer la demanda (…) Qué problemas existen en el sistema de generación en térmicas? En qué quedaron los planes de expansión? (...) Un estudio contratado por Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) (…) reveló que (…) sería necesario racionar el consumo de energía en 5.1 por ciento de la demanda total (...).
Los anteriores apartes pertenecen a un reportaje publicado por el diario El Tiempo, el 24 de marzo de 1992, hace 24 años, cuando recién se había iniciado, a mediados del mandato de César Gaviria, uno de los más fuertes racionamientos de energía eléctrica que haya padecido el país. Eventos similares habían sucedido en 1977, 1980 y 1981 y siempre con las mismas características: un verano fuerte ponía al descubierto que el sector se había manejado con desgreño; que los planes de expansión llevaban años de retraso; que las plantas térmicas carecían de mantenimiento; que la infraestructura era deficitaria. No obstante, el ministro de Minas y Energía del gobierno inmediatamente anterior, el de Virgilio Barco, el señor Guillermo Perry, había asegurado que el sector estaba “sobredimensionado” por lo que debía pararse su crecimiento. Probada su sabiduría, el mismo personaje, que se pasea entre los organismos multilaterales y distintos ministerios, es hoy uno de los “expertos” de la comisión nombrada por Santos para reformar la estructura tributaria en pro de los intereses de los magnates.
Por estos días muchos de los grandes medios de comunicación se han encargado de recordar, a manera de anécdota, como si semejante hecho no les hubiera infligido graves daños a la economía nacional y a toda la población, que en algunas regiones debió soportar hasta diez horas diarias sin electricidad, que fue el actual mandatario, en esa época ministro de Comercio Exterior, el encargado de presidir la “ceremonia” mediante la cual, el 2 de mayo de 1992, se adelantaron en una hora los relojes oficiales del país, una de las medidas tomadas para ahorrar energía.
De ahí que rezuma fatuidad congraciarse con el Ejecutivo que, ante el inminente apagón y pretendiendo ocultar su incapacidad y dejadez para solucionar el problema, apareció haciéndose el engañado por sus subalternos a mandar a ahorrar y a amenazar con multas a quien no lo haga, cuando diversas personas y sectores venían advirtiendo con insistencia desde el año pasado sobre esa eventualidad, de la que Santos, menos que nadie, podía no darse por enterado, aún más con la experiencia de 1992.
La crisis eléctrica de hace cinco lustros fue el pretexto para franquearles las puertas de este filón económico a los monopolios privados nacionales y extranjeros. Como el sistema eléctrico se había erigido de acuerdo con los intereses de los gobernantes y de sus amos de la banca multilateral y comercial, arrastraba una deuda enorme y onerosa que pesaba como un fardo en las cuentas nacionales, lo que se agravó con una sistemática devaluación del peso. Esto, junto a los alegatos sobre la corruptela, hija legítima de la coyunda extranjera, fue usado para imponer las políticas todavía más dañinas que han campeado desde entonces.
Así, las mismas entidades multilaterales, el Banco Mundial, BM; el Banco Interamericano de Desarrollo, BID; la Corporación Andina de Fomento, CAF, que habían guiado al desastre el sistema eléctrico nacional, produjeron en serie los estudios que supuestamente lo sacarían del atasco. El diagnóstico era elemental: que su endeudamiento representaba el 30 % de la deuda externa colombiana y el 18 % de la de largo plazo del sector público; que tenía un déficit de alrededor de USD 1.000 millones; que era ineficiente y corrupto. La reforma obedecía, entonces, en primera instancia a “la necesidad creciente de vincular inversionistas privados para liberar al Gobierno Central de la carga en las finanzas públicas que representaba asegurar la sostenibilidad del sector.” Palabras más, palabras menos, de la inclinación de los capitalistas a sacar de problemas a los demás. En segundo lugar para superar la “ineficiencia en la gestión de las empresas”. Manejadas por quienes los prestamistas habían puesto al mando. Buscaba, además, liberalizar la industria, introducir competencia e incentivar la eficiencia, protegiendo al consumidor. De esta forma sería posible alcanzar algunos otros objetivos, igualmente importantes, entre los que se contaban mejorar la calidad del servicio, lograr la expansión y cobertura eficiente en la prestación de éste, y revelar los costos a través de un esquema tarifario que hiciera a la industria sostenible. (Ibidem)
Mejor dicho, proteger al consumidor, elevando las tarifas. En verdad que los incrementos tarifarios se han cumplido con creces.
Los de Planeación Nacional repetían como loros que así se establecerían “nuevas empresas privadas con capacidad técnica y financiera, para garantizar la continuidad del servicio y dispuestas a invertir en la expansión del sector, asumiendo el riesgo comercial de nuevos proyectos.” El Estado se limitaría a introducir el marco normativo, con sus superintendencias y comisiones de regulación, para garantizar la “libre competencia”.
El asunto resultaba bien enrevesado: por arte de birlibirloque si los activos se mantenían en manos del Estado serían fuente de infortunios inenarrables; en cambio, cediéndoselos, cuando empezaban a redituar, a los “inversores” que indicaran las agencias crediticias serían fuente de prosperidad colectiva, de eficiencia, de ingresos para “honrar” los créditos, de bienaventuranzas para el consumidor, de nuevas inversiones. Desprendidos, nos liberarían del negocio para que nos concentráramos en… lo social.
Lo primero fue disgregar la industria en sus principales componentes, de tal manera que esa enorme riqueza de casi 8.500 megavatios de generación, miles de kilómetros de redes de alto y medio voltaje, decenas de estaciones transformadoras, lo mismo que la distribución a residencias, fábricas y comercios, pudiera ponerse en subasta, despresada y a menos precio.
Las bases para hacerlo las sentaron Gaviria y sus acólitos en la alabada Constitución de 1991, la cual, fuera de entelequias sobre el Estado Social de Derecho y otras baratijas, puso los cimientos legales para recolonizar a Colombia en la llamada época de la apertura. En el artículo 365 se fijó el derrotero: “Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares.”
Luego vinieron el Decreto 700, de abril de 1992, que les permitió a los privados generar; estableció un régimen tributario especial para la importación de equipos; obligó a las empresas públicas a comprarles la energía que aquellos produjeran, y les dio libre acceso a las redes de transmisión y distribución. Esta línea fue perfeccionada con las Leyes 142, de servicios públicos, y 143 o Ley Eléctrica, ambas de 1994, y con la Ley de privatizaciones, 226 de 1995, que, so pretexto de reglamentar el sinuoso artículo 60 de la Carta, según el cual, en la feria de la propiedad pública serán primeros postores los que no tienen con qué adquirirla —trabajadores y sus organizaciones solidarias—, dispuso en el artículo 2º la “democratización”: “Todas las personas, naturales o jurídicas, podrán tener acceso a la propiedad accionaria que el Estado enajene.”
Como una de las fallas detectadas en el sistema había sido la de la falta de plantas térmicas para suplir las hidráulicas durante los veranos intensos, Gaviria puso la muestra de cómo los inversionistas privados asumirían los riesgos de los nuevos proyectos para impedir que Colombia volviera a apagarse. Usando el decreto 700, él y su ministro de Minas y Energía, Guido Nule Amín (el padre de sus hijos: lo que se hereda no se hurta) encargaron a un consorcio liderado por Asea Brown Boveri (ABB)-Distral la repotenciación de Termobarranquilla, Tebsa, hasta una capacidad de 780 megavatios, que se completarían a lo largo de varios años y que se presupuestó en USD 750 millones. Corelca, la compañía eléctrica regional del Caribe, quedó obligada, por uno de los llamados Acuerdos de Compra de Energía, o PPA (Power Purchase Agreement), a comprarle a un precio fijo, durante 20 años, toda la energía que produjera, sin pararle bolas a que “la mano invisible del mercado” la guiara, la mayor parte del tiempo, a comprarles más barato a las hídricas. Por si en cualquier momento de la vigencia del contrato se presentaran inconvenientes que le impidieran vender la energía, la Nación, a través de la Financiera Eléctrica Nacional, FEN, le otorgó una garantía por USD 1.247 millones. Hasta el sucesor de Nule, Eduardo Cock, aceptó que se trataba de “un proyecto en el que el inversionista no asume ningún tipo de riesgo grave: ni económico, ni jurídico.” Algunos senadores anotaron que por ese trato a Corelca, en los primeros cinco años, aun vendiendo el 80% de la energía disponible, le quedaría “un boquete financiero de 580 millones de dólares.” Además, que asumiría un “sobre costo de un centavo por cada kilovatio generado (...) representando un aumento adicional de 1.248 millones de dólares en el valor de la energía que debe comprar Corelca en todos los 19 años.” (Ibidem) La propia FEN concluyó cínicamente: “Corelca no está en posición de competir en términos tarifarios en el mediano y corto plazo sin que se deteriore su situación financiera”. (Ibidem)
Con este proyecto también se inició la aplicación de otra dádiva exigida por los emprendedores inversionistas: el cargo por capacidad, adoptado en la Resolución 116 de 1996 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, mediante el cual “se completan los mecanismos de remuneración del parque generador, creando las condiciones que faciliten su expansión (…) que garantizaba un ingreso fijo anual por megavatio instalado (…) No existía una obligación concreta de los generadores, asociada a esta remuneración.” Un obsequio cargado a la tarifa por construir una planta o por haberla comprado en baratía.
Con razón la arrebatiña que se ha presentado alrededor de la propiedad de TEBSA entre agiotistas de la más diversa índole. Apenas el año pasado Tribeca Asset Management, el primer fondo de inversión de capital creado en Colombia, por un Luc Gerard, aventurero del agio, se la vendió a un grupo de especuladores de postín, entre ellos los Pacheco de Colpatria, los bolsistas chilenos de Larrain Vial, y a ex ejecutivos de la gringa AES Gener, dueña de la hidroeléctrica de Chivor. Sobre esta operación El Tiempo informó: “Por lo pronto, se sabe que la venta del 60,7 [%] de Termocandelaria Power, dueña del ciento por ciento de Termocandelaria y 57,4 [%] de Tebsa, le generó a Tribeca un múltiplo sobre capital invertido de 2,5 veces y una tasa interna de retorno bruta del 19 por ciento anual.” El riesgo de los especuladores se reduce a esperar que el Estado les garantice a través del presupuesto o de las tarifas ganancias exorbitantes casi imposibles de obtener en cualquier otro negocio.
Abierto el camino, los esforzados inversores entraron a saco en las instalaciones térmicas e hídricas, muchas de estas apenas acabadas de poner en servicio. Los españoles de Endesa, hoy absorbidos por ENEL, de Italia, se hicieron a Betania en 1996, y al control de Emgesa y Codensa —compañías en las que se había subdividido la Empresa de Energía de Bogotá, EEB, para facilitar el negociado—, y a una posición determinante en la firma holding, EEB, comprándolo todo si mucho por la mitad del costo de reposición de las generadoras —La hidroeléctrica del Guavio, incluida en el negocio, que se puso en servicio progresivamente entre fines de 1992 y comienzos de 1993, y que permitió salir del apagón, costó cerca de USD 3.000 millones—. El conglomerado pagó USD 1.907 millones por el 48,5 % de los negocios de generación y distribución y el 11 % de la EEB, y exigió la mayoría absoluta en las juntas directivas de Emgesa y Codensa. Para obtener este control sin tener las acciones necesarias, hicieron subdividir las de la EEB en “preferenciales”, más o menos el 15 %, y ordinarias, alrededor del 36 %, reglando que las primeras no tienen derecho a voto.
Los activos de generación de la EEB sumaban 2.500 megavatios y 8 millones de usuarios representados por cerca de 2 millones de suscriptores. Sumándole Betania, los nuevos dueños se quedaron con 3.000 megavatios, en un momento en que el total de las plantas de generación del país sumaban 9.660 MW (7.700 hidráulicos y 1.960 MW térmicos). Los españoles hasta hicieron chacota: uno de sus ejecutivos se mostró “sorprendido por el valor tan bajo que la EEB le (sic) había dado a las empresas." (Ibidem)
Chivor, que genera 1.000 megavatios, y se sacó a oferta al tiempo con Betania, fue el primer complejo hídrico construido por Interconexión Eléctrica S.A., ISA. Entró en servicio en 1977 y comenzó a operar a plenitud en 1982. En 1996, al año siguiente de que ISA fuera fraccionada, a fin de facilitar la subasta de sus activos, dando origen a Isagén, Chivor fue vendida por USD 634 millones —aproximadamente un tercio de su costo de reposición— a Gener S.A. una compañía chilena que luego, en el 2000, fue adquirida por el gigante estadounidense AES Corporation. Cómo será de rentable el negocio que en 2014 AES exigió, y desde luego le fue concedida, la prórroga por 50 años de la concesión de las aguas del río Batá, que surte el embalse La Esmeralda, del que se alimenta la planta.
No obstante todas estas garantías para atraer el capital extranjero con el supuesto propósito de darle seguridad al sistema mediante sus inversiones, la construcción de las nuevas plantas contempladas en el Plan de Expansión de ese momento, 1995-2000, por 2.000 MW, recayó en un 75 % en empresas públicas: básicamente electrificadoras regionales, Isagén y Empresas Públicas de Medellín, EPM. Incluso los aportes privados sólo se consideraron a través de proyectos que se caracterizan por su muy pequeña capacidad como lo son los de cogeneración y generación independiente; lo cual se ha mantenido sin variaciones importantes desde esa época. Y aun cuando, según se dijo, con tales políticas se alejaría el fantasma del racionamiento, la Unidad de Planeación Minero Energético, UPME, en 1995, ya sostenía que el Plan presentaba “una limitada ejecución (…) que puede conllevar a enfrentar problemas de suministro en el corto y mediano plazo”.
Así, en esencia, los financistas que con su capacidad técnica y financiera garantizarían el auge eléctrico, luego de dos décadas de haberse alzado con los activos más sólidos del sistema, los cuales permitirían la acumulación necesaria para emprender nuevos proyectos, han brillado por su ausencia casi total en el incremento de la capacidad generadora eléctrica del país. Su mayor aporte ha consistido en girarles año tras año a las casas matrices las utilidades del negocio o los fondos de sucesivas descapitalizaciones que superan con creces los fondos invertidos.
AES, es un monopolio gringo, con sede en Virginia, que posee activos por USD 40.000 millones y otros por USD 10.000 millones en proceso de construcción; controla cerca de 38.000 MW en 18 países del mundo, de los cuales 8 en Latinoamérica donde tiene plantas de generación que suman 14.000 MW y 6 empresas distribuidoras con 9 millones de clientes. Aparte de explotar Chivor, el único aporte que le ha hecho a la expansión del sistema es una de las llamadas PCH, Pequeña Central Hidroeléctrica: Tunjita, de menos de 20 MW y que aún no entra en funcionamiento. Mientras tanto, por ejemplo, en 2014 obtuvo utilidades netas por $278 mil millones, con las que se podría construir una hidroeléctrica de más del doble del tamaño de su PCH.
Emgesa, después de casi 15 años de explotar Betania, El Guavio, Termozipa, la cadena hídrica del río Bogotá y el mercado capitalino y de sus alrededores, el más importante del país, finalmente decidió construir un proyecto hidroeléctrico de mediana dimensión, El Quimbo, de 400 MW, el cual, según ella, tuvo el costo de USD 2.000 millones, que a todas luces es exorbitante puesto que equivale a USD 5 millones por MW, cuando en términos generales en el mundo el costo de construcción por MW hidráulico no sobrepasa los USD 2 millones —El Guavio, célebre por los negociados que allí se hicieron, no llegó a USD 3 millones el MW—. Por ello, es altamente probable que haya sido fraudulentamente sobrevalorado, entre otras razones para obtener una cifra alta por la deducciones especiales por inversión en activos fijos reales productivos (30%), gabela tributaria que se desmontaría a partir del 1º de enero de 2011, pero que Emgesa aseguró a través del llamado Contrato de Estabilidad Jurídica, perfeccionado en diciembre de 2010, con una duración de 20 años. Éste también le garantizó una tarifa de impuesto de renta de 33 %, que por la llamada cláusula de favorabilidad, hoy es de 25 % dada la reducción establecida en la reforma de 2012; además, fue excluida del cálculo de renta presuntiva y obtuvo deducciones especiales por inversiones en desarrollo científico y en medio ambiente, entre otras. Otra prueba del negociado es que cuando Emgesa lanzó el proyecto, en 2008, lo valoró en USD 700 millones, el cual es el costo que probablemente tuvo.
Empero, ahí no quedan los privilegios. La decisión de construir El Quimbo y los otros mínimos proyectos de los grupos privados, también estuvo directamente relacionada con la presión que estos ejercieron para que se hicieran modificaciones al Cargo por Capacidad, convertido en Cargo por Confiabilidad, mediante la Resolución 071 de 2006 de la CREG. Este, una vez más, permite hacer viable la inversión en los recursos de generación eléctrica necesarios para garantizar de manera eficiente la atención de la demanda de energía en condiciones críticas de abastecimiento, a través de señales de largo plazo y la estabilización de los ingresos del generador.
En todo caso:
El nuevo esquema de Cargo por Confiabilidad permite a los generadores contar con un ingreso de dinero fijo, independientemente de su participación diaria en el mercado mayorista, asignado para períodos de hasta 20 años, reduciendo el riesgo de su inversión. Como contraprestación, los generadores deben mantenerse disponibles y cumplir con sus Obligaciones de Energía Firme cuando se presenten las condiciones de escasez en el sistema. (Ibidem)
Es evidente que los inversionistas han garantizado el muy difícil encargo de recibir cumplidamente los ingresos fijos, incluso por las plantas ya en funcionamiento, puesto que el dicho cargo ni siquiera se calcula sobre la base de la efectiva construcción de nuevas obras, sino sobre la demanda de energía total del país, por lo que todos participan de la fiesta que pagan los usuarios con un ítem especial y creciente en la tarifa. Cumplida esta parte de la “Obligación”, los inversionistas no tienen por qué molestarse en el suministro de la “energía firme” en las épocas de “escasez en el sistema”, como ha quedado claramente probado en la coyuntura actual.
Siguiendo con el ilustrativo caso de Emgesa; cómo le pintarían de bien las perspectivas que para el mismo año en que anunció construir El Quimbo, esto es en 2008, el mismo en que se realizó la primera subasta del cargo por confiabilidad, simultáneamente informó que para finales de 2009 o comienzos de 2010 realizaría una descapitalización estimada en 450.000 millones de pesos. No podía ser de otra manera, pues de acuerdo con sus propios informes, entre 2008 y 2016 se le asignó por el mencionadocargo por confiabilidad la jugosa suma de USD 1.488,7 millones, y del total de más de USD 7.000 millones, o unos 23,5 billones de pesos que se les han sonsacado a los consumidores para obsequiárselos a los generadores, según calculan diversas agremiaciones, entre ellas Asoenergía, que agrupa a los grandes usuarios industriales.
A pesar de tanta complacencia, el gobierno decretó, en octubre del año pasado, una nueva alza tarifaria de $7 por kilovatio hora, kWh, en total unos $500.000 millones, que se suman a los $30 que ya pagan los usuarios por ese concepto, como una de las medidas para evitar un racionamiento. Pero esto no es todo, ya que los consumidores también deben pagar otro añadido en la tarifa por las llamadas “restricciones” (diferencial entre el costo real que se paga por la energía y el costo al cual se podría despachar si no hubiera ningún inconveniente, por ejemplo, atentados terroristas u otros) que, en septiembre de 2015, había pasado de $7 a $40 por kWh. Adicionalmente, el propio fisco tiene que desembolsar otro medio billón de pesos para cubrir, en razón del mencionado cargo, los llamados subsidios de los estratos 1, 2 y 3. Y todo debido a que quienes se habían comprometido a tener disponible energía firme para las épocas críticas de desabastecimiento, informaron que les era imposible cumplir con el compromiso ya que el precio que les pagaban los distribuidores por el kWh era de $302 y a ellos les costaba más del doble producirlo, y porque el “precio de escasez”, la fórmula diseñada por la CREG para la venta de energía en los momentos de desabastecimiento, se encontraba desfasado frente a la realidad comercial y el ente regulador se había demorado en actualizarlo, o sea, en emitir una resolución para el correspondiente traslado a la tarifa.
Ante la pregunta obvia de a dónde habían ido a parar tan enormes sumas pagadas por los colombianos para disfrutar de un buen servicio, los miembros de la CREG, ese grupúsculo de tecnócratas incapaces fletados por los monopolios, contestan con desenfado criminal. En el reportaje “Cargo por confiabilidad no es un recurso público”, que concedió al diario barranquillero El Heraldo, el señor Jorge Pinto, director de la Comisión, dijo, entre otras lindezas, las siguientes:
Yo creo que esa no es una discusión a lugar (sic) [si la plata se iba en funcionamiento], porque el cargo no está diseñado “tú dime en qué te gastas la plata y yo miro si la puedes utilizar en estas cosas y estas no”. Le pongo un ejemplo: yo voy a comprar un servicio, el que sea, y yo le pago un dinero al que me lo vende. Yo no le pregunto en qué se gasta el dinero, si es para salario, materia prima, impuestos. Yo solo le pago por el servicio (...) El Cargo por Confiabilidad no es un impuesto, ni es un dinero captado que va al Presupuesto Nacional y luego se asigna. No es un recurso público, es un pago que hace parte de la tarifa. Allí se incluye todo: el valor de los activos, la remuneración de los activos, los costos variables, la parte de la administración, la parte comercial, en fin. Tú pagas una tarifa y el CxC forma parte de esa tarifa (…) La idea de este cargo es remunerar a las empresas para que puedan prestar el servicio, ese es nuestro trabajo, hacer una remuneración.
Y la Superintendencia de Servicios Públicos, el ente de “vigilancia y control” del ramo, señaló al respecto que “su función es vigilar que se cumpla la regulación en materia de suministro de energía pero no hacer seguimiento de los proyectos.”
Los operadores térmicos para justificar su inoperancia en medio de esta crisis climática han dicho que los combustibles con los que operan les salen demasiado costosos ante la escasez de suministro de gas. Pero, la representante de los consumidores industriales, María Luisa Chiappe, ha señalado reiteradamente que los usuarios están pagando un alto costo por la ineficiencia de las termoeléctricas. Además, el gremio industrial pidió, entre otras reformas al cargo por confiabilidad, que este se asigne de acuerdo con la eficiencia de las plantas, que se les suprima a aquellas cuyos costos superen el “precio de escasez”; que se expida definitivamente la proyectada Resolución 109 de la CREG, que establece tales criterios, y que se hagan subastas adicionales para incorporar al menos 2.000 MW de generación de bajo costo en plantas hídricas y de carbón.
Lo que no denuncia la vocera de los industriales es que la preferencia expresada por el gobierno por la generación térmica a gas —mucho más costosa que la hídrica o la basada en carbón y aún más si se hace por regasificación, es decir, convirtiendo el gas licuado de nuevo a gas natural en estado puro para introducirlo a la red de gasoductos—, se origina en los intereses que en ella tienen elementos de la gran burguesía nacional e internacional, unidos en el “grupo térmico”, compuesto básicamente por Tebsa, Termocandelaria y Celsia, la punta de lanza del Grupo Empresarial Antioqueño en el sector. Vale la pena señalar que la planta de regasificación, ubicada en Barú, es una de las estrategias más importantes de negocios de uno de los personajes que le ordenan al oído a Juan Manuel Santos, el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien hizo toda clase de maniobras financieras para convertirse en un jugador clave del ramo gasífero hasta llegar a ser el accionista mayoritario de Promigas, empresa que, entre otros negocios, es propietaria del 42 % (2.896 kilómetros) de la extensión de la red de oleoductos del país; del 40 % de la distribución de gas natural (2,6 millones de usuarios que cubren a más de 9 millones de personas), y que lleva la voz cantante en la Sociedad Portuaria El Cayao, SPEC, encargada por el “grupo térmico” para construirla, ya que el gobierno, sobre quien en últimas recae la suerte del proyecto entregado en concesión por 20 años, le delegó que tomara esa decisión.
Y en cuanto a las dificultades para el suministro de gas, razón aducida para hacerles las generosas concesiones a Sarmiento Angulo y al “grupo térmico”, hay que decir que es otro ejemplo de la incapacidad infinita del gobierno y de la relamida tecnocracia del sector. En sus propios y copiosos y sabihondos documentos, por lo menos desde 2005, se plantea el posible déficit del hidrocarburo por el declive normal de los pozos en usufructo, Ballena, Chuchupa, Cupiagua y Cusiana, que respondían por el 88 % de la producción, unos 885 millones de pies cúbicos diarios, MPCD, y se calculaba una caída promedio anual de 4,2 % para la segunda década de este siglo, por lo que, en 2019, a unos 725 MPCD. Declive causado también por la merma de la exploración y, por ende, de los hallazgos, y por el déficit de infraestructura de gasoductos. A pesar de esto, en los diferentes Planes de Expansión de Referencia de Generación Transmisión, a cargo de la UPME, los cuales se actualizan anualmente con “escenarios” de corto, mediano y largo plazo, se consideró la producción gasífera no solo suficiente para surtir la demanda nacional sino para exportar a Ecuador, Panamá y otros países de Centroamérica. No se cansaban de repetir los tecnócratas, que añaden pretensión a su incuria, que: “Los diferentes escenarios analizados muestran que los intercambios de energía hacia Centroamérica y hacia Ecuador, ponen a Colombia principalmente como exportador.” (Ibidem)
Pero hoy sucede exactamente al revés. La venta de electricidad por parte de nuestro vecino del Sur nos ha ayudado, hasta ahora, a evitar un severo apagón. Detengámonos someramente a observar las razones por las que Ecuador nos ha significado tan grande alivio. En una carta de Raúl Vallejo, representante diplomático del vecino país, dirigida a El Espectador en respuesta a una nota de este diario titulada de manera desobligante “Colombia en manos de Ecuador para alejar amenaza de apagón eléctrico”, comenta cómo durante los dos mandatos de Rafael Correa:
Ecuador ha invertido cerca de 5.000 millones de dólares en proyectos de generación limpia con lo cual se pasará del 46% (en 2006) al 90% en generación hidroeléctrica durante este año, pues entrarán a funcionar ocho de las nueve hidroeléctricas (…) Con la operación de estas nueve plantas, el país pasará a tener reservas de más del 100 % de su demanda interna de energía eléctrica.
En efecto, durante el gobierno de Correa se ha puesto en marcha un nuevo sistema que le dio el bote a la relación previa entre los sectores público y privado. Se creó el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable como ente rector; se definió una planificación integral de obligatorio cumplimiento; se ordenó una alta inversión estatal para expandir el sector y se crearon las empresas públicas, Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP, que agrupa las instalaciones térmicas e hídricas de propiedad estatal (81 % de la capacidad generadora y 100 % de la transmisión), y la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, (que reúne 10 distribuidoras, 36 % de los clientes y factura 32 % de la electricidad); además, se conformaron 9 empresas distribuidoras con participación mayoritaria del Estado y una totalmente pública encargada de distribuir en la ciudad de Guayaquil. (El nuevo sector eléctrico ecuatoriano. Esteban Albornoz Vintimilla. Ministro de Electricidad y Energia Renovable. 2013)
Bajo este esquema la nación limítrofe, de menos de una cuarta parte de nuestro territorio, un tercio de la población y un tercio del PIB, dedicó una suma cercana a los USD 5.000 millones para levantar nuevas plantas generadoras hidroeléctricas (hasta ahora 9), por 2.839 MW, entre estas la de Coca Coda Sinclair, de 1.500 MW, mayor que cualquiera de las existentes hoy en nuestro país. (Ibidem)
El contraste con lo hecho por la oligarquía colombiana indigna. Los privados, sobre los que supuestamente descansaría la inversión, cuando se trata de proyectos de gran magnitud, e inclusive medianos, casi siempre la han postergado pretextando falta de suficientes garantías, habiéndoseles colmado de ellas. Indolencia todavía más oprobiosa si se tiene en cuenta que Colombia posee uno de los potenciales hidroeléctricos más grandes del mundo y apenas llegamos a 11.000 MW de capacidad instalada hidráulica. En la base de datos de proyectos registrados ante la UPME, se estima, que “el país dispondría de un potencial para proyectos de generación hidroeléctrica (con capacidad mayor a 100MW) de 93,000 MW. Sin embargo, considerando que existen áreas de parques naturales nacionales, las cuales no deben intervenirse; el potencial de nuevos proyectos se reduciría a 79,000 MW.”
La misma incapacidad y sujeción a los intereses particulares la demuestran la ínfima construcción de plantas carboeléctricas, de las cuales apenas poseemos el 7,6 % del total del parque generador, 1.180 MW, siendo que Colombia es uno de los más grandes productores globales de carbón: por reservas probadas ocupa el duodécimo puesto a nivel mundial, con cerca de 7.000 millones de toneladas, y es el séptimo exportador global. Más aún, cuando con las térmicas a carbón se produce más del 40 % de la energía eléctrica del planeta; por ejemplo, en China alcanza el 77,8 %; en India, 68 %; en Alemania, 45,8 %; en Estados Unidos, 39,3 %; en Chile, 31,5 %.
Es cierto que no hace falta esforzarse para encontrar botones de muestra de la naturaleza antinacional de Santos y su círculo gobernante, pero, sin duda, uno de ellos es el de haberse empecinado, conociendo el desolador panorama dejado por la privatización eléctrica, en feriar Isagén —felonía ya reseñada porNotas Obreras—, lo cual finalmente logró en enero pasado, entregándosela a un lince de la especulación, con lo que obligatoriamente se recrudecerá el peligro de desabastecimiento, pues fueron Isagén y EPM, públicas ambas, las que construyeron —mientras los privados se atiborraban los bolsillos— el grueso de la infraestructura que evitó que la crisis se presentara mucho antes.
Huelga concluir que si algo han demostrado los lustros transcurridos desde el apagón de 1992 es que un área tan estratégica, determinante para el desarrollo económico y el bienestar de la población, que requiere de enormes inversiones y de una rigurosa planificación, en la que sus componentes deben complementarse y funcionar armónicamente, no puede entregarse a la anarquía de la “libre competencia” burguesa, guiada solo por el afán de lucro individual, que, en este caso, se satisface exprimiendo al fisco y a los usuarios. Urge ejercer la soberanía, no la “regulación” de las diferentes áreas que componen el sector eléctrico, nacionalizarlas y planificar centralizadamente su desarrollo. Para empezar a hacer de Colombia una nación próspera se requiere hacer lo mismo con los demás sectores estratégicos de la economía, incluidos la totalidad de los feriados por el neoliberalismo.
Fuente: http://notasobreras.net/
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