Una Visión Estudiantil Sobre la Actual Crisis de la Universidad del Tolima




La Universidad del Tolima, el principal claustro de educación superior del departamento, se encuentra en la que tal vez es la crisis más grave de toda su historia: Tal crisis se encuentra reflejada en los retrasos en el pago de la nómina a profesores, contratistas y becarios, así como  un déficit, a 2014, de más de 5.000 millones de pesos. Alterna a ésta, existe igualmente una crisis académica, de identidad, de liderazgo, siendo apenas algunos de los rasgos de la situación decadente de nuestra Alma Máter.

Las causas de esta grave crisis podemos encontrarlas tanto en factores externos como internos. Es cierto que la política educativa de los últimos gobiernos nacionales ha implicado un proceso de debilitamiento sistemático y planificado de la educación superior pública, propiciando de paso el fortalecimiento de la educación superior privada, con políticas de subsidio a la demanda (ICETEX), la reciente creación del programa “ser pilo paga”,  la construcción de indicadores de gestión violatorios -en algunos casos- de la autonomía universitaria, entre otros aspectos. Lo anterior es, desde luego, un componente  externo de la problemática por la cual atraviesan las universidades públicas del país, pero difícilmente puede servir como argumento –a veces excusa- para justificar todo lo que ha sucedido con la Universidad del Tolima.

Las causas internas, entre las que deben incluirse la influencia de la politiquería tradicional a través de la presión que han ejercido los gobernadores de turno – y el actual no es una excepción- para el sostenimiento de cuotas burocráticas al interior del claustro ha generado, entre otras cosas,  el aumento de la contratación por prestación de servicios, la proporción exagerada entre funcionarios vs docentes y graves problemas de viabilidad financiera.

En efecto, estudios técnicos señalan que la universidad podría funcionar con alrededor de 700 funcionarios mientras que a cierre de 2014 había 1.430; cifra que cuadruplica el número de profesores de planta (319). Así mismo  la Universidad ha venido siendo tomada por el espíritu y el accionar corporativo (“roscas” de algunos profesores, funcionarios, egresados, etc.)  quienes  a expensas del procesos de  democratización espuria –como  la elección de decanos- se apropian de facto de facultades, dependencias, oficinas, etc. administrándolas como feudos, al mejor estilo señorial, para la consecución de estrictos y estrechos objetivos personales, de espaldas a los principios y misión universitaria.

A ese contexto se suma el  nefasto papel que han jugado muchos representantes estudiantiles quienes han representado y defendido no el interés público, sino los intereses de la mediocridad académica y el acomodamiento acrítico.

Sorprende que muchos de estos sectores y organizaciones en varias ocasiones, y con el pretexto de evitar que el gobierno nacional impusiera un “rector neoliberal, que llegue a aplicar la política nacional” dieron apoyo directo o a veces vergonzante a las tres administraciones del ex rector Ramón Rivera. ¡Oh sorpresa! Pues precisamente quien aplicó al pié de la letra la política educativa del entonces gobierno Uribe fue precisamente el rector de marras, con el desborde del IDEAD, el aumento de la cobertura en detrimento de la calidad, los convenios con la Universidad San Martín-recientemente intervenida por el Ministerio de Educación- el vuelco de las facultades a la venta de servicios con el subsecuente descuido de las labores misionales por parte de las decanaturas, una mayor flexibilidad académica, la cual, entendida como se ha hecho en la UT ha significado hacer grandes y graves concesiones a la mediocridad académica.

Con esta caracterización crítica del pasado no se pretende, de ninguna manera, salvar la responsabilidad que atañe a la actual administración encabezada por el doctor Herman Muñoz. En primer lugar, porque el doctor Muñoz hizo parte de las últimas administraciones de la Universidad, ya sea en la vicerrectoría de Desarrollo Humano –verdadero espacio para alimentar a los sectores estudiantiles que con sobrada abyección han sido cooptados gracias al generoso botín de puestos y contratos entregados- o en la vicerrectoría académica, avalando la política de despilfarro, pago de favores, debilitamiento de la exigencia académica y el rigor, etc. Es precisamente desde estos espacios donde se ha construido el actual contubernio, la actual camarilla que desgobierna a la Universidad del Tolima.

Precisamente en la actual coyuntura electoral los dos candidatos a la rectoría de la universidad (el actual rector y German Rubio Guerrero) representan una falsa disyuntiva pues son crías de la misma camada: ambos fueron altos directivos de administraciones pasadas, avalaron e implementaron las nefastas políticas aquí denunciadas.

La Universidad del Tolima ya está privatizada: priman los intereses corporativos de los distintos actores que componen la institución y los ejercicios “democráticos” en su interior han servido no como vía de escape a estos intereses sino como su mecanismo de refrendación o recomposición. A lo que hemos asistido en los últimos años es al patético espectáculo de la disputa entre estos actores por el reparto del botín, como si la Universidad le perteneciera solo a aquellos que participan de la distribución de los recursos públicos, y no a la sociedad tolimense.

Así las cosas, los recientes resultados negativos y escándalos en los que se ha visto envuelta la Universidad, no deben sorprender: son la consecuencia obvia del debilitamiento a la que ha sido sometida la Universidad gracias a los “buenos oficios” de esos “demócratas” quienes han estado en los principales puestos directivos. Particularmente cínica ha sido la reciente reacción del doctor Herman Muñoz ante los nefastos resultados del ranking del Ministerio de Educación, señalando como culpables de los malos resultados a las administraciones anteriores y olvidando interesadamente que precisamente él participó de manera activa en aquellas administraciones como vicerrector académico.

Hoy más que nunca se justifica alzar la voz en defensa del interés público, la misión universitaria, sus principios, su ethos, y denunciar sin dilaciones la grave crisis que padece nuestra Universidad. Es nuestro deber como académicos, como ciudadanos y como tolimenses.

Por ello apelamos a las bases estudiantiles, profesores independientes y egresados preocupados por el futuro de su alma máter,  a construir espacios de discusión y debate público sobre la actual situación de la universidad y desenmascarar a sus responsables.

Representación Estudiantil  Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas – Universidad del Tolima

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