Los Ministros sobornaron a congresistas para que apoyaran la reelección. Nunca hubo escándalo mayor. El país está indignado.
Nunca, ni en sus peores momentos, Colombia sufrió mayor escándalo, como el que se ha producido por las sentencias contra Sabas Pretelt, Diego Palacio y Alberto Velásquez, altos funcionarios en el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, nada menos que dos Ministros y el Secretario General de la Presidencia de la República. La más alta Corporación Judicial comprobó que el gobierno de la época compró con dádivas burocráticas la voluntad de varios congresistas para que le dieran el voto a la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial. Esos actos tipifican el delito de cohecho.
De chanchullo en chanchullo.
Las gestiones políticas de Álvaro Uribe Vélez han transcurrido siempre en el medio de trapisondas y esguinces a la ley. Es públicamente conocido que durante la primera campaña presidencial, en el año 2002, intervinieron en favor de su candidatura, directa e ilegalmente, los grupos paramilitares que operaban violentamente en diferentes regiones de Colombia.
En el año 2006 el entonces Presidente Uribe, ejerciendo como mandatario reelecto, quiso continuar al frente del Estado. Sus más cercanos amigos promovieron una segunda reelección, que terminó siendo cuestionada oficialmente, por las irregularidades e ilegalidades, calificadas como delictuosas, que se cometieron propiciando un referendo con el que los uribistas querían imponer la continuidad del gobierno llamado de la Seguridad Democrática. Buscaban que Uribe gobernara doce años y quien sabe cuántos años más. La Corte Constitucional se pronunció en contra de semejante estropicio.
Muchos otros funcionarios de los gobiernos de Uribe han sido condenados por las autoridades judiciales. Jorge Noguera, exdirector del DAS, fue sancionado a 25 años de cárcel; el exministro de Agricultura fue sancionado a 17 años de prisión; el jefe de seguridad del entonces Presidente, general Mauricio Santoyo, fue sentenciado a 13 años de cárcel en los Estados Unidos por narcotráfico y auxiliador del narcotráfico. Otra Directora del DAS, otro Secretario General de la Presidencia, otro Jefe de Seguridad y algunos funcionarios de la época están siendo procesados por el escándalo de las “chuzadas” a las Cortes y a dirigentes políticos de oposición.
No cogen vergüenza.
Está comprobado que en la última contienda electoral la campaña que respaldaba al candidato de Uribe, Oscar Iván Zuluaga, cometió muchas irregularidades, entre otras espiar ilegalmente la campaña del Presidente Santos, “chuzar” a sus inmediatos colaboradores e infiltrar comunicaciones oficiales reservadas con el propósito de desinformar a la comunidad y así lograr ventajas políticas sobre su adversario.
Uribe Vélez y sus allegados políticos fueron señalados como promotores de grupos paramilitares durante los años en los que se desempeñó como Gobernador del Departamento de Antioquia.
¿Qué pasa cuando ocurre una elección ilegal? ¡Nulidad!
Con el fallo en mención la elección de Álvaro Uribe en 2006 está tachada de ilegalidad. Debe anularse. La propia Corte dijo en la providencia comentada que el Presidente conocía las actividades de soborno que adelantaban sus subalternos. Yidis Medida, una de las Congresistas que accedió a las dádivas del gobierno, escribió un libro en el que contó las formas como el propio Presidente le hizo promesas burocráticas y ordenó la entrega de dádivas oficiales para que apoyara el proyecto de reelección en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Todos esos ofrecimientos se cumplieron y Medina reconoció que por ello votó a favor de la reelección.
Al Presidente de la República lo juzga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que no funciona hace muchos años. Por eso no ha procedido contra el expresidente, quien tiene más de 200 denuncias acumuladas.
Si la reforma constitucional que permitió la reelección está manchada por los delitos cometidos, ¿la reelección de Uribe es válida? El sentido común indica que no, porque su origen fue fraudulento. Las autoridades deben pronunciarse sobre tan bochornoso acontecimiento. Guardar silencio es incurrir en complicidad con unos hechos que llenan de vergüenza a la República. Uribe y su gobierno por fin cayeron. Como lo dijera Abraham Lincoln: “No se puede engañar a todo el mundo, todo el tiempo”.
Fuente: HTTP://ANNCOL.EU/
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