Las luchas bipartidistas entre liberales y conservadores que históricamente abarcan un periodo que inicia en la segunda mitad del siglo XIX y finaliza con el Frente Nacional iniciando la segunda mitad del siglo XX, provocaron el desplazamiento de la población y el despojo de las tierras campesinas. El gamonalismo armado que se valió de las viejas estructuras políticas para consolidar el despojo de tierras y el latifundio, sigue vigente en Colombia.
Desde el senado de la república los parapolíticos de hoy y de siempre legislaron a pupitrazos reformas agrarias que favorecían a los grandes tenedores de tierra, una política que se convirtió en la norma, hoy son las grandes multinacionales agro industriales las que se quedan con las tierras campesinas, bajo la doctrina de “tierra para el que tenga con que poner a producirla”, la tierra para quien la trabaje sigue siendo una lucha social en Colombia que todavía no se conquista del todo.
No existe una figura en el mapa político del país que mejor contextualice esa relación directa entre política y tierras que el Senador Uribe, tal y como lo demostró ampliamente el Senador Iván Cepeda en su último libro ‘Por las sendas de El Ubérrimo’.
El trabajo investigativo en el que también participó el Representante a la Cámara Alirio Uribe, está documentado con las declaraciones de los testigos de la Fiscalía General sobre paramilitarismo, informes de la Contraloría sobre el patrimonio del ex mandatario y la confesión ante la justicia estadounidense del general Mauricio Santoyo, quien fue su jefe de seguridad.
La reconciliación del país requiere que la justicia colombiana, atienda las demandas nacionales e internacionales que piden celeridad en los procesos que se adelantan contra el ex mandatario, por ahora es de resaltar que La Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, se encuentra investigando al Senador Álvaro Uribe Vélez, por diferentes hechos relacionados con su actividad política, al ex mandatario se le investiga por acciones que causaron un número todavía indeterminado de asesinatos de campesinos y opositores políticos, hechos que fueron perpetradas por grupos paramilitares, miembros del ejército y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.
En el caso de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, el organismo internacional dice que al menos unas 3.000 personas fueron asesinadas. Por lo pronto la cifra no es definitiva ya que constantemente siguen apareciendo victimas a raíz de los procesos que se adelantan dentro del programa de justicia y paz.
La Comisión de Paz del Congreso estima que la cifra podría elevarse, en algunos casos se han hablado de cuatro y cinco mil víctimas.
Recientemente la ONG Fellowship of Reconciliation (FOR, por sus siglas en inglés), presentó un informe sobre las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos en Colombia, la Ong que agrupa a 240 organizaciones que velan por los derechos humanos, señaló que entre el 2.000 y el 2.010 se cometieron 5.763 ejecuciones en el país.
Durante este periodo se implementó el plan Patriota y el Plan Colombia con la ayuda de los Estados Unidos, el informe reveló que las ejecuciones extrajudiciales están relacionadas directamente con los programas de asistencia de los EEUU.
Video Cooperación militar de EE.UU. y “falsos positivos” en Colombia
En un debate de control político realizado recientemente sobre las Ejecuciones Extrajudiciales al cual se citó al ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, el representante por el Polo Democrático Alirio Uribe le pidió al estado mayor cooperación en las investigaciones para esclarecer los falsos positivos, en dicha ocasión el representante dijo:“nos preocupa que el procurador si bien ha adelantado 5.600 investigaciones, tiene archivadas más de 2.500 y solamente ha abierto pliego de cargos y ha sancionado a 290 militares, por otro lado, la Fiscalía tiene más de 3.400 investigaciones activas, pero solamente ha emitido sentencias condenatorias contra 814 militares”.
Las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército Nacional, hicieron parte de una política de guerra que necesitaba mostrarle a la opinión pública resultados, recientemente el Coronel Róbinson González del Río, quien se encuentra privado de la libertad por su responsabilidad en casos de falsos positivos y corrupción en la contratación del ejercito, señaló al general retirado Mario Montoya de haber creado un grupo al interior del ejercito especializado en crear falsos positivos.
Por estos hechos investigados por La Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, el Senador Uribe podría ser acusado de inductor y organizador de acciones que causaron un número indeterminado de asesinatos y profundizaron la persecución política. Por ahora en Colombia el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia decidió reabrir la investigación preliminar que se adelantaba en contra de Álvaro Uribe, por sus presuntos nexos con grupos paramilitares cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia.
La decisión de la Fiscalía se tomó con base en las declaraciones de los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve.
El pasado 10 de Diciembre el periodista Hollman Morris se entrevistó con el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra en la cárcel de Itagüí en Medellín. Como es habitual el ex mandatario reveló la agenda del periodista por su cuenta de Tweeter un día antes, lo cual sorprendió al mismo Morris, quizás el periodista no tuvo en cuenta que se encuentra frente a uno de los hombres mejor informados del país, su red de de información ya ha dado cuenta de su eficacia al revelar las coordenadas militares sobre los desplazamientos de los jefes guerrilleros rumbo a la Habana, o más recientemente en el caso de la retención del General Álzate en el departamento del Chocó, fue el Senador quien vía Tweeter se adelantó a la confirmación oficial de la Casa de Nariño.
En dicha entrevista Hernán Sierra afirmó que algunos Jefes Paramilitares siguen en contacto con el expresidente Uribe.
Video “Jefes Paramilitares siguen en contacto con expresidente Uribe” Pablo Hernán Sierra
Lo más probable en el futuro inmediato del país es que asistamos al fin del conflicto con las guerrillas colombianas, aunque hay aclarar que la desmovilización de las guerrillas no representa el fin del conflicto, toda vez que uno de sus actores sigue sin desmovilizarse, la ultra derecha colombiana.
La vieja élite burguesa que usó a la policía chulavita durante la violencia bipartidista y a las AUC para concretar su hegemonía política a punta de fusil nunca ha depuesto las armas, nunca ha firmado un acuerdo de paz con el pueblo colombiano y sigue aplicando la vieja doctrina que valida todas las formas de lucha. En 1987 el hoy procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, era Concejal Municipal por el conservatismo en la ciudad de Bucaramanga, por aquel entonces Ordoñez era un acérrimo defensor del paramilitarismo.
“No podemos desconocer que las autodefensas se ajustan a las normas de la mora social, del derecho natural y de nuestra legislación positiva”, señalaba Ordoñez en una nota periodística del diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga del 19 de agosto de 1987.
La ultraderecha colombiana representada en figuras como Alejandro Ordoñez y Álvaro Uribe se seguirá valiendo de hombres como Salvatore Mancuso, Jorge 40 o Ernesto Báez, de hecho en la actualidad las viejas estructuras paramilitares del Gamonalismo armado siguen perpetuando el despojo, frente a la inoperancia de un estado incapaz de garantizar el derecho a la tierra.
Muchos de los empresarios beneficiarios del paramilitarismo que sembraron con palma de aceite el alto y bajo Atrato siguen manteniendo sus operaciones, la situación se replica en todo el país y aunque se han producido algunas sentencias en ese sentido, el programa de restitución de tierras en Colombia sigue empantanado.
Fuente: www.radiomacondo.fm
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