|Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez|
Resulta infame, en el sentido de vileza y maldad, el uso recurrente calificar de infame en el sentido de deshonra, toda crítica, con el fin de quitarle fuerza a lo que cuestiona el ámbito de ejercicio del poder, que con esta expresión con origen en el derecho romano da muestra de sus vicios y desvíos. Esta semana el Ministro de Defensa –o mejor de guerra- y el Presidente del Congreso coincidieron en usar el término Infamia, en ambos casos para restar importancia a asuntos de fondo que ponen en entredicho los modos de hacer y vivir la democracia y de manifestarse frente a actuaciones que precisamente deshonran el orden institucional y las practicas del buen vivir.
En el primer caso, la situación corresponde a documentos del Centro Europeo de la Constitucionalidad y los derechos humanos, que contienen acusaciones contra el general Freddy Padilla de León, ante la Corte Penal Internacional por ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a derechos humanos, considerados de lesa humanidad. El ministro de Guerra, una vez terminada su intervención como anfitrión en un evento académico sobre DIH, acusó de infames a quienes han proferido la denuncia, firmada con nombres propios y responsabilidades precisas (no es un anónimo). El pronunciamiento del Ministro, que hace parte del equipo de un gobierno que mantiene negociaciones de paz, puede leerse comotemerario e inapropiado, tanto por el tono con el que anuncia la palabra Infamia para descalificar y anular, como por su intención de ocultar y desconocer la existencia de otras denuncias interpuestas por víctimas de la política de terror que comprometen al General Padilla (hasta ayer Embajador en Austria) con la masacre de Caño Jabón, Meta, el 4 de mayo de 1998, varios casos de “falsos positivos” y otros crímenes contra defensores de derechos humanos y sindicalistas entre 2004 y 2008.
El Ministro se pronunció como hombre de guerra en un escenario de análisis académico y de intercambio de interpretaciones que propenden por integrar los elementos jurídicos a la práctica operacional del DIH en ámbitos de conflicto armado. El evento es el taller de Derecho Internacional Humanitario que se realiza en Cartagena, del cual participan delegaciones de 50 países, miembros del CICR cuya base es la neutralidad y otros reconocidos teóricos y expertos que trabajan en torno a la aplicación del DIH. Este Taller es denominado SWIRMO (Senior Workshop on International Rules governing Military Operations) y cuenta entre sus expositores a Raoul Forster, Jefe de Derecho Internacional Humanitario (DIH) del Ministerio de Defensa Suizo que participó de la Creación de la Corte Penal Internacional, Javier Guisández, profesor en el Centro de Estudios de DIH de España, instructor de la ONU en Derechos Humanos y Director del Instituto Internacional de DIH de San Remo, Italia y Gia Toradze, de Georgia, reconocida escritora sobre DIH.
El segundo caso de uso de la categoría para ridiculizar el cuestionamiento, corresponde al pronunciamiento del presidente del senado, que calificó de Infame pretender señalar que la inasistencia a los debates sobre la reforma a la salud por parte de los congresistas se debía a que estaban molestos por la reducción de su salario en cerca de 8 millones (25% de sus ingresos) por cuenta de un ejemplar fallo judicial que eliminó una prima de salud y otra de transporte. Sin embargo resulta por lo menos curioso y contra-ejemplarizante frente al fallo judicial, que el presidente Santos, principal interesado en sacar adelante una reforma a la salud, haya dictado por decreto el pago -inclusive retroactivo- de una prima especial de servicios por un monto igual al eliminado por el fallo y que corresponde al monto mensual cercano a 8 millones de pesos por congresista y que como respuesta inmediata retornen al Congreso y de manera inmediata, retomen el debate de la reforma después de 5 sesiones de ausencias. Se destaca la defensa de principios de por lo menos tres congresistas que renunciaron a recibir esta prima excepcional.
En contexto, la Colombia de hoy, que se debate entre construir los sólidos caminos de paz que reclaman millones de habitantes o seguir por las trochas de la guerra que alientan las elites, 3 de cada 4 asalariados recibe en promedio un ingreso mínimo de 589.000 pesos (aprox 330 dólares) y un auxilio de transporte inferior a 70.000 pesos (33 Dólares). Se suman a este panorama 2.8 millones de personas que reciben ingresos mensuales inferiores al salario mínimo que resulta ser 12 veces menor a los casi 8 millones que adiciona el presidente mediante un decreto inesperado, para tranquilidad de los congresistas. Los cerca de 8 millones de pesos mensuales que recibirá cada congresista resultan desorbitantes frente a la degradada realidad laboral del país. Sin embargo los congresistas podrán alegar que sus ingresos son insuficientes frente a los beneficios que reciben las transnacionales para las que ellos han legislado en cabeza de sus sucesivos presidentes, como lo demuestran los TLC que han acelerado el ritmo de las movilizaciones sociales que pretenden ser judicializadas de manera Infame por el Ministro de Guerra. 8 Millones de pesos adicionales al salario mensual superior a 15 millones para un Congresista, podrían ser un Infame aumento de ingresos comparado con los salarios que reciben por ejemplo los ejecutivos de alto nivel de Pacific Rubiales -con intereses en Colombia- y patrocinadora del equipo nacional de futbol cuyos sueldos por mes superan el millón de dólares, equivalente a 2.372 veces más que el ingreso de un trabajador Colombiano que con su trabajo en los campos de explotación de la riqueza nacional aporta para el pago de salarios y aumentos a los Congresistas pero también para el bienestar de sus jefes.
mrestrepouptc.blogspot.com
0 Comentarios