En los estudios políticos
contemporáneos existen dos perspectivas teóricas contrapuestas en torno a la
democracia, que se disputan en debate los distintos escenarios académicos y
políticos internacionales. Dicho debate no se reduce al plano de la ciencia, en
términos de epistemologías, métodos y metodologías de análisis, [y
correspondientemente al de la ideología] sino que también obedece a posiciones
éticas y políticas de los debatientes.
Tendríamos en primer término la posición minimalista o politicista, que asume la democracia como correlato de la normalización de las instituciones políticas, es decir, como la creación e institucionalización de un orden político, abstraído de sus contenidos éticos y de la naturaleza profunda de los antagonismos sociales en donde se instala, planteándose exclusivamente problemas de gobernabilidad y de eficacia administrativa. Y una segunda, sobre una raíz clásica de la teoría política, que la entiende tanto como un método de gobierno, que sería el caso de la primera postura, como una condición de la vida civil. Dicha perspectiva contiene la idea de la “buena sociedad” [la vida buena], disponiendo el ejercicio de gobierno sobre un conjunto de reglas que permitan institucionalizar y resolver los antagonismos sociales.
Dicho globalmente, una perspectiva que comprende el juego democrático como un método para la formulación y toma de decisiones en el ámbito estatal [democracia es mitad más uno]; y otra que la piensa como una forma de vida, como un modo cotidiano de relación. Se trata, en jerga de algunos autores, de un tipo de democracia gobernada, representativa, contrapuesta a una democracia gobernante, participativa.
Por supuesto, el debate sobre del gobierno universitario no es ajeno a esas dos posiciones. Cobijados en la normativa vigente [normativa que es de suyo abstracción de la idea de la democracia minimalista] tanto el Ministerio de Educación Nacional, los Consejos Superiores, académicos y directivos, así como las direcciones universitarias, ejercen poder y control sobre los estamentos que componen el alma mater. Se trata de una suerte de dictadura de la norma, que somete [y reduce] la democracia política y la propia autonomía universitaria, a la llana interpretación jurídica y al papel de los propios órganos de dirección y representación, que legislan en función de auto legitimarse como autoridad inobjetable.
Un caso concreto es el consejo académico de la Universidad del Tolima. Está compuesto por el rector, los decanos, los tres vicerrectores, y el representante de los directores de programa, los profesores y los estudiantes (Art. 19 Est. Gral). ¿Realmente hay debate universitario cuando a excepción de los dos últimos [la estructura centralizada de la universidad deja a los decanos prácticamente sin autonomía] los demás miembros representan el ejecutivo de la administración central?
La democracia minimalista, representativa y tecnocrática, reduce la universidad a la administración, o más concretamente, a la dirección y a su estrategia de gobernabilidad, excluyendo de suyo y de las decisiones más sensibles al resto de la comunidad universitaria, desastre político que arrastra con fuerza a los cuerpos en oposición, que son entendidos como una amenaza a la estabilidad del sistema. Es el reino del pensamiento único.
Desde la perspectiva de la democracia participativa, las cuestiones centrales, por ejemplo en torno a la planta profesoral, las reformas laborales, la designación de autoridades académicas en las facultades, los planes de desarrollo, y en general, todas las decisiones que comprometan temas gruesos de la vida universitaria, no son responsabilidad exclusiva de las direcciones ni de los órganos de dirección [profundamente influenciados por ellas], tampoco de quienes presiden los distintos escenarios de representación, sino de la comunidad en pleno.
Al punto de vista de la universidad como institución administrada por organismos formales locales y nacionales, de la democracia minimalista, se contrapone el de la universidad como universo común, como asunto cotidiano de todos y todas, en el que estudiantes, profesores, funcionarios, directivos y trabajadores [organizados o independientes], trazan colectiva y democráticamente, en virtud de sus diferencias, el carácter de la formación, los problemas de investigación y las condiciones en las que, como comunidad, deben relacionarse con el entorno así como entre ellos mismos.
Andrés Tafur, profesor catedrático UT
Asociación Sindical de
Profesores Universitarios, Aspu.
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