La desacreditación que sufre la Universidad del Tolima va más allá de las disposiciones del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, tomando lugar justo en la cotidianidad de quienes hacemos parte de su comunidad universitaria, así como de quienes habitan su principal órbita de acción, según sus viejos estatutos: el departamento del Tolima. ¡Estar precedida por la burguesía y la clase política más retardataria del país cuesta caro!
Por eso, la desacreditación ante el CNA, quiero sostener en este espacio, pese a que es un hecho completamente vergonzoso, es lo menos importante: la idea de realizar una Constituyente Universitaria compromete como estrategia central la construcción democrática de una universidad absolutamente disfuncional e impertinente a las disposiciones e intereses del CNA y del Ministerio de Educación Nacional, que son los intereses del capital privado, del neoliberalismo.
La completa desacreditación que vive la UT (Universidad del Tamal escribió hace un tiempo Julio César Carrión), cristalizada en su innegable crisis académica, administrativa, social y política, y que ha sido denunciada con vehemencia, coherencia y consistencia por parte de sectores críticos independientes como la Junta Constituyente y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Aspu, no es un problema de representación que se pueda relativizar, como lo ha querido hacer la nueva-vieja administración de Herman Muñoz, es decir, no es una cosa que le parezca a unos cuantos funcionarios o a algunos activistas, sino que por el contrario se constituye, a todas luces, en una situación objetiva.
No se puede pensar otra cosa cuando, sumado a los requerimientos del CNA nos encontramos con que apenas se ha recibido respuesta positiva para poder ofertar el programa de Administración de Empresas, al que también se le negó acreditación de calidad ¡y que contaba con registro calificado vencido!. Suerte con que no contaron: Matemáticas y Estadística, en presencial; ni Ingeniería de Sistemas, Administración Turística y Hotelera, y Administración Financiera en Distancia, programas a los que se les vencerá su registro calificado y que por razones que no conocemos, ¡pero no difíciles de intuir!, ni sus directores de programa, ni los directores de departamento, ni los secretarios académicos, ni los decanos, ni la oficina de acreditación, ni el vicerrector académico, (¡ni quienes al parecer recibieron un dinero de asesorías para adelantar ese proceso!) adelantaron gestiones dentro de los tiempos que otorga el ministerio para su renovación: ¿Qué va a pasar con las licencias laborales de los egresados de esos programas? ¿Con sus estudiantes? ¿Con la fe de la sociedad que confía en la universidad y espera profesionales de esas áreas? ¿Y los juicios de responsabilidad a esos funcionarios? (¡!)
¿Y qué propone la nueva-vieja administración para enfrentar la crisis? (Debiéramos preguntarnos también qué responsabilidades le asisten en ella).
En primer lugar, una propuesta rectoral montada sobre principios meramente procedimentales, basada en un lenguaje profundamente institucional y acrítico, carente de un ejercicio reflexivo detenido sobre la crisis universitaria. Dicho de otra manera: una propuesta completamente esquemática, irresponsablemente edificante, montada sobre conceptos enmohecidos, desbordados por la complejidad misma de los problemas que adolece la universidad, y que no da apertura práctica a otras miradas sobre la crisis.
Y en segundo lugar, la insistencia en la construcción de un plan de desarrollo centralizado, sobre la planeación y consulta de “actores estratégicos”, propio de un eficientismo vacío y tecnocrático en nombre de la norma, como si ella fuera la universidad misma.
Dicha propuesta se materializaría en cuatro mesas, que son los mismos cuatro ejes de la propuesta rectoral (lo que habla de su idea de democracia), a saber: “Excelencia académica, compromiso social, eficiencia y transparencia administrativa y compromiso ambiental”, nutridas por once “representantes” de la comunidad universitaria (lo que nos ratifica su idea de la democracia): cuatro profesores (de las distintas organizaciones sindicales y asindicales) tres estudiantes (representantes a facultad, académico y superior) tres directivos (escogidos por la administración) y un egresado (escogido por las asociaciones). Es decir, 44 sabios pensando una universidad de 51.589 estudiantes, más de dos mil profesores (de los cuáles el 90% somos catedráticos), cerca de 500 administrativos y trabajadores, y yo no sé cuántos egresados.
A dicha propuesta gerencial tenemos que agregarle que cualquiera sea la conclusión, deberá ser sometida al escrutinio y voluntad de los nueve encapuchados del Consejo Superior Universitario, ¿O es que algún día a alguien le han dado la cara o le han rendido cuentas? Nadie en la universidad ejerce más violencia desde el anonimato. Todo porque la hermenéutica amañada que se hace de la normatividad vigente (que en esta universidad se pone por encima de la jurisprudencia de la Corte sobre Autonomía Universitaria) dice que ellos y ellas, quienes no representan los intereses universitarios, que cobran casi 500 mil pesos por sesión y que fueron puestos allí en contra hasta de la más elemental idea sobre la democracia y moralidad, serían la máxima autoridad de la universidad. Nada más falso.
Por nuestra parte, hoy paradójicamente ratificados por la carta del CNA, proponemos, sobre la idea de la máxima participación, en el marco de una Constituyente Universitaria: 1) discutir sobre la idea de universidad en contexto, 2) realizar una reforma estatutaria que abra espacios reales para la democracia debilitando el poder omnipotente del Consejo Superior Universitario, 3) darle un vuelco radical a la relación administración-academia (empeorada por la nefasta reforma laboral de Héctor Villarraga que el actual rector defiende y que sumirá a la universidad en la más grave crisis económica de su historia), 4) realizar una reforma curricular que ponga en cuestión el positivismo y las epistemologías coloniales, 5) consolidar una nueva política de investigación, 6) plantear un nuevo tipo de relación con la sociedad conducente a reivindicar los saberes ancestrales y populares, 7) cumplir el mandato constitucional que reconoce los derechos políticos y laborales de igualdad que asisten a los catedráticos como profesores de la universidad (y por supuesto realizar convocatorias a profesores de tiempo completo por lo menos a una relación de 1 por cada 80 estudiantes).
¡Venga el debate!
Andrés Tafur
Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Aspu.
Por eso, la desacreditación ante el CNA, quiero sostener en este espacio, pese a que es un hecho completamente vergonzoso, es lo menos importante: la idea de realizar una Constituyente Universitaria compromete como estrategia central la construcción democrática de una universidad absolutamente disfuncional e impertinente a las disposiciones e intereses del CNA y del Ministerio de Educación Nacional, que son los intereses del capital privado, del neoliberalismo.
La completa desacreditación que vive la UT (Universidad del Tamal escribió hace un tiempo Julio César Carrión), cristalizada en su innegable crisis académica, administrativa, social y política, y que ha sido denunciada con vehemencia, coherencia y consistencia por parte de sectores críticos independientes como la Junta Constituyente y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Aspu, no es un problema de representación que se pueda relativizar, como lo ha querido hacer la nueva-vieja administración de Herman Muñoz, es decir, no es una cosa que le parezca a unos cuantos funcionarios o a algunos activistas, sino que por el contrario se constituye, a todas luces, en una situación objetiva.
No se puede pensar otra cosa cuando, sumado a los requerimientos del CNA nos encontramos con que apenas se ha recibido respuesta positiva para poder ofertar el programa de Administración de Empresas, al que también se le negó acreditación de calidad ¡y que contaba con registro calificado vencido!. Suerte con que no contaron: Matemáticas y Estadística, en presencial; ni Ingeniería de Sistemas, Administración Turística y Hotelera, y Administración Financiera en Distancia, programas a los que se les vencerá su registro calificado y que por razones que no conocemos, ¡pero no difíciles de intuir!, ni sus directores de programa, ni los directores de departamento, ni los secretarios académicos, ni los decanos, ni la oficina de acreditación, ni el vicerrector académico, (¡ni quienes al parecer recibieron un dinero de asesorías para adelantar ese proceso!) adelantaron gestiones dentro de los tiempos que otorga el ministerio para su renovación: ¿Qué va a pasar con las licencias laborales de los egresados de esos programas? ¿Con sus estudiantes? ¿Con la fe de la sociedad que confía en la universidad y espera profesionales de esas áreas? ¿Y los juicios de responsabilidad a esos funcionarios? (¡!)
¿Y qué propone la nueva-vieja administración para enfrentar la crisis? (Debiéramos preguntarnos también qué responsabilidades le asisten en ella).
En primer lugar, una propuesta rectoral montada sobre principios meramente procedimentales, basada en un lenguaje profundamente institucional y acrítico, carente de un ejercicio reflexivo detenido sobre la crisis universitaria. Dicho de otra manera: una propuesta completamente esquemática, irresponsablemente edificante, montada sobre conceptos enmohecidos, desbordados por la complejidad misma de los problemas que adolece la universidad, y que no da apertura práctica a otras miradas sobre la crisis.
Y en segundo lugar, la insistencia en la construcción de un plan de desarrollo centralizado, sobre la planeación y consulta de “actores estratégicos”, propio de un eficientismo vacío y tecnocrático en nombre de la norma, como si ella fuera la universidad misma.
Dicha propuesta se materializaría en cuatro mesas, que son los mismos cuatro ejes de la propuesta rectoral (lo que habla de su idea de democracia), a saber: “Excelencia académica, compromiso social, eficiencia y transparencia administrativa y compromiso ambiental”, nutridas por once “representantes” de la comunidad universitaria (lo que nos ratifica su idea de la democracia): cuatro profesores (de las distintas organizaciones sindicales y asindicales) tres estudiantes (representantes a facultad, académico y superior) tres directivos (escogidos por la administración) y un egresado (escogido por las asociaciones). Es decir, 44 sabios pensando una universidad de 51.589 estudiantes, más de dos mil profesores (de los cuáles el 90% somos catedráticos), cerca de 500 administrativos y trabajadores, y yo no sé cuántos egresados.
A dicha propuesta gerencial tenemos que agregarle que cualquiera sea la conclusión, deberá ser sometida al escrutinio y voluntad de los nueve encapuchados del Consejo Superior Universitario, ¿O es que algún día a alguien le han dado la cara o le han rendido cuentas? Nadie en la universidad ejerce más violencia desde el anonimato. Todo porque la hermenéutica amañada que se hace de la normatividad vigente (que en esta universidad se pone por encima de la jurisprudencia de la Corte sobre Autonomía Universitaria) dice que ellos y ellas, quienes no representan los intereses universitarios, que cobran casi 500 mil pesos por sesión y que fueron puestos allí en contra hasta de la más elemental idea sobre la democracia y moralidad, serían la máxima autoridad de la universidad. Nada más falso.
Por nuestra parte, hoy paradójicamente ratificados por la carta del CNA, proponemos, sobre la idea de la máxima participación, en el marco de una Constituyente Universitaria: 1) discutir sobre la idea de universidad en contexto, 2) realizar una reforma estatutaria que abra espacios reales para la democracia debilitando el poder omnipotente del Consejo Superior Universitario, 3) darle un vuelco radical a la relación administración-academia (empeorada por la nefasta reforma laboral de Héctor Villarraga que el actual rector defiende y que sumirá a la universidad en la más grave crisis económica de su historia), 4) realizar una reforma curricular que ponga en cuestión el positivismo y las epistemologías coloniales, 5) consolidar una nueva política de investigación, 6) plantear un nuevo tipo de relación con la sociedad conducente a reivindicar los saberes ancestrales y populares, 7) cumplir el mandato constitucional que reconoce los derechos políticos y laborales de igualdad que asisten a los catedráticos como profesores de la universidad (y por supuesto realizar convocatorias a profesores de tiempo completo por lo menos a una relación de 1 por cada 80 estudiantes).
¡Venga el debate!
Andrés Tafur
Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Aspu.
NOTA: Se adjunta respuesta CNA sobre la acreditación de la Universidad del Tolima
2 Comentarios
No me preocupo por conocer si mi título obtenido es legal , valido o no; me preocupa el hecho de si mi saber y la forma de emplearlo coexiste con el saber popular y construye un ideario conjunto para rehabilitar a esta sociedad del mundo mismo.
OMAR. G.