|Por Paulo Mario Cortes Quiñones|
Comunidades de las municipalidades del Valle de San Juan y San Luis tienen posiciones encontradas frente al tema. Paramilitarismo, agroturismo y pobreza conviven en el sector. Cortolima en el ojo del huracán.
“Desde que los ingenieros de la firma CEMCOLSA S.A llegaron al pueblo nadie ha dormido sin antes haber hablado durante el día de la cementera” me cuenta un campesino del lugar, sentado bajo la sombra de un inmenso caracolí, árbol que da su nombre a la vereda del municipio de San Luis, la misma donde se ubicaría la eventual mina de cemento que ha puesto a soñar a más de un lugareño, y que ha trasnochado a más de un dueño de las fincas turísticas que hay en la región.
San Luis es un municipio paradójico. A 28 km de Ibagué está su cabecera municipal, pero para llegar a ella se debe pasar primero por Payandé, el corregimiento más próspero de la localidad por sus balnearios y la polémica cantera de cemento que explota la empresa CEMEX COLOMBIA, Payandé es más próspero que la propia cabecera donde está la alcaldía que los paramilitares quemaron hace cuatro años. De hecho, el municipio se encuentra bajo influencia paramilitar desde el año 1995, y todos sus alcaldes desde entonces han resultado envueltos en vínculos con el paramilitarismo. Entre otras cosas San Luis figura como uno de los municipios más pobres del Tolima.
En este municipio viven alrededor de 14 mil habitantes que en su mayoría sobreviven de la ganadería y el comercio de productos agrícolas, sobre todo frutales, maíz, sorgo y aguacates, y que pese a la pobreza rampante llevan una vida tranquila, entre el jornal y las peleas de gallos de los fines de semana. Por otra parte están los beneficiados del sector turístico de la región: familias acomodadas que residen en la ciudad y devengan utilidades de sus propiedades turísticas, las cuales visitan cada quince o cada treinta días.
Este es el conflicto con que tiene que lidiar la firma inversionista cementera CEMCOLSA si quiere llevar a feliz término su proyecto de explotación, para el cual ya ha venido tramitando con CORTOLIMA, INGEOMINAS y con las autoridades locales licencias que involucran permiso de emisiones atmosféricas, permiso de vertimiento, y concesión de aguas del deteriorado rio Luisa que todavía no alcanza a abastecer satisfactoriamente las poblaciones de Rovira, Valle de San Juan, San Luis y Guamo.
El 17 de Mayo de 2012 se realizó una audiencia pública en la institución educativa Caracolí, en la vereda que lleva el mismo nombre, espacio donde no solo se evidenciaron los intereses en conflicto sino que también más de una irregularidad de trámite salió a flote.
La primera de ellas y más relevante tiene que ver con el acuerdo 03 de 2010 por el cual la anterior alcaldía de la municipalidad realiza un cambio sin previo aviso en el uso de suelos registrado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en una franja de 600 m entre Payandé y Caracolí, determinando la zona para uso industrial, cuando ésta siempre ha sido de uso agroturístico.
Otra de ellas tiene que ver con la concesión que el actual alcalde de San Luis Silverio Góngora Martínez hace a la empresa CEMCOLSA de las aguas del rio Luisa que abastece el acueducto Sanluiseño para que sean utilizadas para la actividad industrial, concesión que él mismo se encarga de solicitar ante las autoridades competentes, para el caso, Cortolima y la Gobernación.
En cuanto a los perjuicios ambientales que podría generar el proyecto, se destaca el punto que tiene que ver con el abastecimiento hídrico, además del ruido y la contaminación visual que generaría, sin embargo, todos estos aspectos son estudiados por Cortolima en un informe técnico detallado en un folio que ya suma más de mil hojas desde la primera solicitud que pasó la cementera hace más de un año.
El tema sigue candente en los municipios y ha prendido las alarmas entre los ambientalistas, sin embargo el veredicto final lo tiene Cortolima, mientras tanto, los campesinos de la región ruegan por una oportunidad de empleo, y por una mejor prestación del recurso hídrico que en épocas de verano llega cada dos semanas y alcanza para tres días.
Tal vez lo que le falta a San Luis y al municipio del Valle de San Juan es un apoyo sólido por parte del estado en sus demandas más básicas, porque lo que reina en la región es el hambre, el desempleo, y el desabastecimiento hídrico.
Comunidades de las municipalidades del Valle de San Juan y San Luis tienen posiciones encontradas frente al tema. Paramilitarismo, agroturismo y pobreza conviven en el sector. Cortolima en el ojo del huracán.“Desde que los ingenieros de la firma CEMCOLSA S.A llegaron al pueblo nadie ha dormido sin antes haber hablado durante el día de la cementera” me cuenta un campesino del lugar, sentado bajo la sombra de un inmenso caracolí, árbol que da su nombre a la vereda del municipio de San Luis, la misma donde se ubicaría la eventual mina de cemento que ha puesto a soñar a más de un lugareño, y que ha trasnochado a más de un dueño de las fincas turísticas que hay en la región.
San Luis es un municipio paradójico. A 28 km de Ibagué está su cabecera municipal, pero para llegar a ella se debe pasar primero por Payandé, el corregimiento más próspero de la localidad por sus balnearios y la polémica cantera de cemento que explota la empresa CEMEX COLOMBIA, Payandé es más próspero que la propia cabecera donde está la alcaldía que los paramilitares quemaron hace cuatro años. De hecho, el municipio se encuentra bajo influencia paramilitar desde el año 1995, y todos sus alcaldes desde entonces han resultado envueltos en vínculos con el paramilitarismo. Entre otras cosas San Luis figura como uno de los municipios más pobres del Tolima.
En este municipio viven alrededor de 14 mil habitantes que en su mayoría sobreviven de la ganadería y el comercio de productos agrícolas, sobre todo frutales, maíz, sorgo y aguacates, y que pese a la pobreza rampante llevan una vida tranquila, entre el jornal y las peleas de gallos de los fines de semana. Por otra parte están los beneficiados del sector turístico de la región: familias acomodadas que residen en la ciudad y devengan utilidades de sus propiedades turísticas, las cuales visitan cada quince o cada treinta días. Este es el conflicto con que tiene que lidiar la firma inversionista cementera CEMCOLSA si quiere llevar a feliz término su proyecto de explotación, para el cual ya ha venido tramitando con CORTOLIMA, INGEOMINAS y con las autoridades locales licencias que involucran permiso de emisiones atmosféricas, permiso de vertimiento, y concesión de aguas del deteriorado rio Luisa que todavía no alcanza a abastecer satisfactoriamente las poblaciones de Rovira, Valle de San Juan, San Luis y Guamo.
El 17 de Mayo de 2012 se realizó una audiencia pública en la institución educativa Caracolí, en la vereda que lleva el mismo nombre, espacio donde no solo se evidenciaron los intereses en conflicto sino que también más de una irregularidad de trámite salió a flote.
La primera de ellas y más relevante tiene que ver con el acuerdo 03 de 2010 por el cual la anterior alcaldía de la municipalidad realiza un cambio sin previo aviso en el uso de suelos registrado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en una franja de 600 m entre Payandé y Caracolí, determinando la zona para uso industrial, cuando ésta siempre ha sido de uso agroturístico.
Otra de ellas tiene que ver con la concesión que el actual alcalde de San Luis Silverio Góngora Martínez hace a la empresa CEMCOLSA de las aguas del rio Luisa que abastece el acueducto Sanluiseño para que sean utilizadas para la actividad industrial, concesión que él mismo se encarga de solicitar ante las autoridades competentes, para el caso, Cortolima y la Gobernación.
En cuanto a los perjuicios ambientales que podría generar el proyecto, se destaca el punto que tiene que ver con el abastecimiento hídrico, además del ruido y la contaminación visual que generaría, sin embargo, todos estos aspectos son estudiados por Cortolima en un informe técnico detallado en un folio que ya suma más de mil hojas desde la primera solicitud que pasó la cementera hace más de un año. El tema sigue candente en los municipios y ha prendido las alarmas entre los ambientalistas, sin embargo el veredicto final lo tiene Cortolima, mientras tanto, los campesinos de la región ruegan por una oportunidad de empleo, y por una mejor prestación del recurso hídrico que en épocas de verano llega cada dos semanas y alcanza para tres días.
Tal vez lo que le falta a San Luis y al municipio del Valle de San Juan es un apoyo sólido por parte del estado en sus demandas más básicas, porque lo que reina en la región es el hambre, el desempleo, y el desabastecimiento hídrico.
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