DECLARACION
LA ANTIDEMOCRACIA NOS LLEVA A LA ABSTENCION ACTIVA
PROFESORADO RECLAMA CONDICIONES Y GARANTIAS
Consideraciones
1. ASPU considera que la crisis que vive la Universidad del Tolima proviene de un largo proceso de control y sometimiento de los grupos hegemónicos, vinculados a la corrupción y el clientelismo, situación que tiende a prolongarse. La anterior administración de Jesús Ramón Rivera seriamente cuestionado, hoy en curso por los organismos de control, ha dejado un lastre de corrupción, mediocridad y clientelismo. Varios sectores de la anterior administración mantienen sus privilegios de poder y aspiran a disputarse en la actual contienda las posiciones de dirección: Jhon Jairo Méndez (defensor de la multinacional Anglo Ashanti y de la universidad-empresa), Germán Rubio (un desastre en educación a distancia y en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas), Herman Muñoz, Juan Carlos Ferrero, entre otros.
2. Con el nombramiento del Dr. Villarraga como Rector encargado la comunidad universitaria esperaba un liderazgo en torno a la “transición democrática” para solucionar los problemas fundamentales del profesorado y de la universidad en su conjunto. Aunque sus “discursos” plantean varias consideraciones fundamentales para emprender un cambio significativo en la UT, sus ejecutorias se han centrado en desbrozar el camino para apuntalar su sucesor en la rectoría, atendiendo el juego de poder de los grupos dominantes de la región. Los discursos expresados por el rector son esencialmente retóricos y no atienden el núcleo central de la cuestión: la democratización de la vida universitaria y la construcción de una política académica, abierta, crítica y participativa. Los cambios producidos son de carácter cosmético, y no tocan el fondo de la crisis; no se sustentan en la participación democrática de los estamentos; carecen de una política de estabilidad financiera; no se apoyan en el proyecto académico y social; ni promueven la construcción de una política estable, justa y duradera. La “prueba reina” de este desgreño ha sido el largo estado de interinidad de la mayoría de los miembros del Consejo Superior Universitario y de los decanos, que motivó a ASPU solicitarle la declaratoria del Estado de Emergencia. De igual manera, la larga ausencia del Plan de Desarrollo Institucional confirma el desgreño de la administración.
3. ASPU considera que la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Control Interno Disciplinario y la Oficina de Desarrollo Institucional, ODI, han provocado la desinstitucionalización de la labor misional de la UT, produciendo sistemáticamente judicializaciones y maltratos a docentes de planta, catedráticos y tutores, nunca antes vistos en el concierto de la universidad pública, los cuales recurren a la intimidación y la zozobra, en vez de propiciar un mecanismo académico de mediación inherente al ethos universitario.
4. ASPU ha manifestado en Carta Abierta al Consejo Superior Universitario y a la comunidad universitaria su preocupación por la forma como el futuro de la UT sigue en manos de una burocracia tecnocrática, la cual carece de sentido universitario, pretendiendo realizar un conjunto de cambios en la planta administrativa sin el respectivo soporte de la proyección académica, sin un proyecto de sostenibilidad financiera, cayendo en promesas que más temprano que tarde, develará las falacias de la “piñata” presupuestal. ASPU respalda en consecuencia todas las justas peticiones de los trabajadores y de los funcionarios, reclamando a la administración seriedad institucional, sostenibilidad financiera y articulación con los procesos académicos y formativos. Es muy lamentable la pretensión en la mencionada reforma de convertir las direcciones de los programas académicos en plazas de carácter administrativo. El carácter paliativo de la política no resuelve de fondo la situación de los trabajadores y de los profesores, por el contrario, la profundiza, con el agravante de someterla a la discrecionalidad de la próxima administración., y de no garantizar, de ninguna manera, a los empleados actuales su estabilidad laboral. Resulta paradójico, por otra parte que mientras la administración desatiende los requerimientos de las necesidades académicas y formativas, sigue esgrimiendo la falta de presupuesto para atender el desarrollo académico.
5. ASPU considera que el CIARP (Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes) aplica criterios anti-académicos y arbitrarios en relación con la calificación de la producción intelectual de los docentes de planta, al extremo de permitir arbitrajes de un solo revisor, o excluirlos de la evaluación por formalidades, o aplicando criterios meramente cuantitativos para su publicación. Estas prácticas han deteriorado profundamente toda iniciativa de investigación y producción intelectual que afectan negativamente el mejoramiento de las condiciones laborales, salariales y sociales de los docentes.
6. ASPU considera como deber moral y político rechazar la campaña descalificadora de la que ha sido objeto por parte de un sector del profesorado, agrupado en una “asociación civil”, que asume un comportamiento patronal apuntalando estructuras del poder clientelar, varios de cuyos miembros comprometidos con la actual crisis de la universidad, en particular, con la fallida “universidad regional”. No sorprende que la promoción y apoyo de dicha asociación cuente con el beneplácito y el respaldo de un sector de la actual administración. Su cometido regresivo acentúa el grado de fragmentación y dispersión del profesorado y apuntala las pretensiones de poder de un grupo decadente y clientelista en la región y en la universidad, estimulando el sectarismo, las estigmatizaciones, la despolitización y fomentando la cultura hacendataria, la cual recurre a la cooptación, a la pérdida de independencia de las organizaciones sociales frente al gobiernos, al estado, los patronos y las administraciones, alentando prácticas antidemocráticas, agresivas y de docilidad ante los gobernantes de turno. Su propuesta de universidad es la que el movimiento universitario ha rechazado masivamente y lucha por construir un proyecto alternativo de transformación democrática de la educación superior.
7. ASPU considera que la labor misional de profesorado ha sido completamente descuidada y menospreciada por las administraciones de turno, regidas por sectores tecnocráticos. Es sabido el tristemente célebre maltratado y explotación de la que han sido víctimas más de un (1) millar de profesores mal llamados catedráticos. Para cumplir su función misional el profesorado debe ser valorado en su dignidad, y reconocido como sujetos de saber, como intelectuales, comprometido con el sentido de lo común, de lo público y de lo social. Se trata de fortalecer una Idea de universidad democrática, construida colectivamente sobre nuevos imaginarios que incidan en la vida institucional, en la función administrativa, en las prácticas pedagógicas, en la enseñanza y en la proyección regional y social.
8. El continuismo de la política imperante menoscaba la esencia de la universidad. ASPU ha enarbolado la bandera de la defensa de la Universidad Pública, convencida que su papel es fundamental para el desarrollo de la democracia y la construcción de la capacidad crítica y de la formación ciudadana. La universidad es el lugar de la creación, del debate y de la participación que requiere la sociedad para su desarrollo, sobre la base de las libertades fundamentales y la democracia participativa. ASPU reivindica la defensa de la soberanía y el respeto de la cultura, la formación ciudadana, la búsqueda del bienestar y el conocimiento, de los saberes y las artes para una sociedad justa y democrática. La Universidad del Tolima presenta una gran crisis académica originada por el alto grado de sobredeterminación de la administración y por el desprecio hacia la dignidad del profesorado y la formación de los jóvenes universitarios. El déficit de más de 300 profesores de planta y el número de 1700 profesores catedráticos y tutores profundizan la crisis de calidad. El evidente déficit de laboratorios supera los 100 mil millones de pesos, la biblioteca es obsoleta y limitada en material bibliográfico.
9. ASPU considera que las inversiones previstas en infraestructura académica e investigativa no alcanzan a garantizar los mínimos para el desarrollo de las actividades educativas de calidad con el fin de garantizar el derecho fundamental a la educación y la formación integral. Para poder alcanzar una relación de un (1) docente de planta por 80 estudiantes, cuya relación actual es exageradamente de (1) a 180, requerimos iniciar una transformación académica y científica; no obstante, las inversiones aforadas recientemente aplazan de nuevo estas necesidades urgentes.
La infraestructura informática es de baja calidad, solo existen 200 equipos para los estudiantes, con un software básico - cuando se requieren por cada 10 estudiantes un equipo lo que daría para la educación un déficit de más de 500 máquinas, sin contar con los software especializados. Las oficinas de los profesores son meros “caspetes”, no existen salas de profesores, ni cafeterías, ni bienestar adecuado. Las granjas de docencia o investigación están en total abandono, y se encuentran en las más precarias condiciones. Se continúa malgastando los pocos recursos en adecuar una infraestructura de oficinas, sacrificando las aulas y los sitios académicos. En la “piñata” de la actual administración, se argumenta que no hay recursos según circular del Vicerrector académico donde manifiesta que no firmará más Certificado de Disponibilidad Presupuestal, CDP. Bajo este panorama sombrío, ASPU viene insistiendo en la necesidad de una reforma académica, fruto del debate y de la participación democrática, con prioridad en la formación de los estudiantes y la calidad de la enseñanza, de las prácticas académicas y de la proyección social.
10. ASPU-Tolima denuncia la persecución sindical y acoso laboral de los que han sido objeto varios profesores y funcionarios por expresar su independencia y voz crítica, como es el caso del profesor CARLOS GAMBOA, secretario de ASPU-Tolima. Mediante el sistema de intimidación, estigmatizaciones y la judicialización, los grupos de poder pretenden silenciar y minar la consistencia estratégica del sindicalismo universitario.
LA ANTIDEMOCRACIA NOS LLEVA A LA ABSTENCION ACTIVA
PROFESORADO RECLAMA CONDICIONES Y GARANTIAS
Consideraciones
1. ASPU considera que la crisis que vive la Universidad del Tolima proviene de un largo proceso de control y sometimiento de los grupos hegemónicos, vinculados a la corrupción y el clientelismo, situación que tiende a prolongarse. La anterior administración de Jesús Ramón Rivera seriamente cuestionado, hoy en curso por los organismos de control, ha dejado un lastre de corrupción, mediocridad y clientelismo. Varios sectores de la anterior administración mantienen sus privilegios de poder y aspiran a disputarse en la actual contienda las posiciones de dirección: Jhon Jairo Méndez (defensor de la multinacional Anglo Ashanti y de la universidad-empresa), Germán Rubio (un desastre en educación a distancia y en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas), Herman Muñoz, Juan Carlos Ferrero, entre otros.
2. Con el nombramiento del Dr. Villarraga como Rector encargado la comunidad universitaria esperaba un liderazgo en torno a la “transición democrática” para solucionar los problemas fundamentales del profesorado y de la universidad en su conjunto. Aunque sus “discursos” plantean varias consideraciones fundamentales para emprender un cambio significativo en la UT, sus ejecutorias se han centrado en desbrozar el camino para apuntalar su sucesor en la rectoría, atendiendo el juego de poder de los grupos dominantes de la región. Los discursos expresados por el rector son esencialmente retóricos y no atienden el núcleo central de la cuestión: la democratización de la vida universitaria y la construcción de una política académica, abierta, crítica y participativa. Los cambios producidos son de carácter cosmético, y no tocan el fondo de la crisis; no se sustentan en la participación democrática de los estamentos; carecen de una política de estabilidad financiera; no se apoyan en el proyecto académico y social; ni promueven la construcción de una política estable, justa y duradera. La “prueba reina” de este desgreño ha sido el largo estado de interinidad de la mayoría de los miembros del Consejo Superior Universitario y de los decanos, que motivó a ASPU solicitarle la declaratoria del Estado de Emergencia. De igual manera, la larga ausencia del Plan de Desarrollo Institucional confirma el desgreño de la administración.
3. ASPU considera que la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Control Interno Disciplinario y la Oficina de Desarrollo Institucional, ODI, han provocado la desinstitucionalización de la labor misional de la UT, produciendo sistemáticamente judicializaciones y maltratos a docentes de planta, catedráticos y tutores, nunca antes vistos en el concierto de la universidad pública, los cuales recurren a la intimidación y la zozobra, en vez de propiciar un mecanismo académico de mediación inherente al ethos universitario.
4. ASPU ha manifestado en Carta Abierta al Consejo Superior Universitario y a la comunidad universitaria su preocupación por la forma como el futuro de la UT sigue en manos de una burocracia tecnocrática, la cual carece de sentido universitario, pretendiendo realizar un conjunto de cambios en la planta administrativa sin el respectivo soporte de la proyección académica, sin un proyecto de sostenibilidad financiera, cayendo en promesas que más temprano que tarde, develará las falacias de la “piñata” presupuestal. ASPU respalda en consecuencia todas las justas peticiones de los trabajadores y de los funcionarios, reclamando a la administración seriedad institucional, sostenibilidad financiera y articulación con los procesos académicos y formativos. Es muy lamentable la pretensión en la mencionada reforma de convertir las direcciones de los programas académicos en plazas de carácter administrativo. El carácter paliativo de la política no resuelve de fondo la situación de los trabajadores y de los profesores, por el contrario, la profundiza, con el agravante de someterla a la discrecionalidad de la próxima administración., y de no garantizar, de ninguna manera, a los empleados actuales su estabilidad laboral. Resulta paradójico, por otra parte que mientras la administración desatiende los requerimientos de las necesidades académicas y formativas, sigue esgrimiendo la falta de presupuesto para atender el desarrollo académico.
5. ASPU considera que el CIARP (Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes) aplica criterios anti-académicos y arbitrarios en relación con la calificación de la producción intelectual de los docentes de planta, al extremo de permitir arbitrajes de un solo revisor, o excluirlos de la evaluación por formalidades, o aplicando criterios meramente cuantitativos para su publicación. Estas prácticas han deteriorado profundamente toda iniciativa de investigación y producción intelectual que afectan negativamente el mejoramiento de las condiciones laborales, salariales y sociales de los docentes.
6. ASPU considera como deber moral y político rechazar la campaña descalificadora de la que ha sido objeto por parte de un sector del profesorado, agrupado en una “asociación civil”, que asume un comportamiento patronal apuntalando estructuras del poder clientelar, varios de cuyos miembros comprometidos con la actual crisis de la universidad, en particular, con la fallida “universidad regional”. No sorprende que la promoción y apoyo de dicha asociación cuente con el beneplácito y el respaldo de un sector de la actual administración. Su cometido regresivo acentúa el grado de fragmentación y dispersión del profesorado y apuntala las pretensiones de poder de un grupo decadente y clientelista en la región y en la universidad, estimulando el sectarismo, las estigmatizaciones, la despolitización y fomentando la cultura hacendataria, la cual recurre a la cooptación, a la pérdida de independencia de las organizaciones sociales frente al gobiernos, al estado, los patronos y las administraciones, alentando prácticas antidemocráticas, agresivas y de docilidad ante los gobernantes de turno. Su propuesta de universidad es la que el movimiento universitario ha rechazado masivamente y lucha por construir un proyecto alternativo de transformación democrática de la educación superior.
7. ASPU considera que la labor misional de profesorado ha sido completamente descuidada y menospreciada por las administraciones de turno, regidas por sectores tecnocráticos. Es sabido el tristemente célebre maltratado y explotación de la que han sido víctimas más de un (1) millar de profesores mal llamados catedráticos. Para cumplir su función misional el profesorado debe ser valorado en su dignidad, y reconocido como sujetos de saber, como intelectuales, comprometido con el sentido de lo común, de lo público y de lo social. Se trata de fortalecer una Idea de universidad democrática, construida colectivamente sobre nuevos imaginarios que incidan en la vida institucional, en la función administrativa, en las prácticas pedagógicas, en la enseñanza y en la proyección regional y social.
8. El continuismo de la política imperante menoscaba la esencia de la universidad. ASPU ha enarbolado la bandera de la defensa de la Universidad Pública, convencida que su papel es fundamental para el desarrollo de la democracia y la construcción de la capacidad crítica y de la formación ciudadana. La universidad es el lugar de la creación, del debate y de la participación que requiere la sociedad para su desarrollo, sobre la base de las libertades fundamentales y la democracia participativa. ASPU reivindica la defensa de la soberanía y el respeto de la cultura, la formación ciudadana, la búsqueda del bienestar y el conocimiento, de los saberes y las artes para una sociedad justa y democrática. La Universidad del Tolima presenta una gran crisis académica originada por el alto grado de sobredeterminación de la administración y por el desprecio hacia la dignidad del profesorado y la formación de los jóvenes universitarios. El déficit de más de 300 profesores de planta y el número de 1700 profesores catedráticos y tutores profundizan la crisis de calidad. El evidente déficit de laboratorios supera los 100 mil millones de pesos, la biblioteca es obsoleta y limitada en material bibliográfico.
9. ASPU considera que las inversiones previstas en infraestructura académica e investigativa no alcanzan a garantizar los mínimos para el desarrollo de las actividades educativas de calidad con el fin de garantizar el derecho fundamental a la educación y la formación integral. Para poder alcanzar una relación de un (1) docente de planta por 80 estudiantes, cuya relación actual es exageradamente de (1) a 180, requerimos iniciar una transformación académica y científica; no obstante, las inversiones aforadas recientemente aplazan de nuevo estas necesidades urgentes.
La infraestructura informática es de baja calidad, solo existen 200 equipos para los estudiantes, con un software básico - cuando se requieren por cada 10 estudiantes un equipo lo que daría para la educación un déficit de más de 500 máquinas, sin contar con los software especializados. Las oficinas de los profesores son meros “caspetes”, no existen salas de profesores, ni cafeterías, ni bienestar adecuado. Las granjas de docencia o investigación están en total abandono, y se encuentran en las más precarias condiciones. Se continúa malgastando los pocos recursos en adecuar una infraestructura de oficinas, sacrificando las aulas y los sitios académicos. En la “piñata” de la actual administración, se argumenta que no hay recursos según circular del Vicerrector académico donde manifiesta que no firmará más Certificado de Disponibilidad Presupuestal, CDP. Bajo este panorama sombrío, ASPU viene insistiendo en la necesidad de una reforma académica, fruto del debate y de la participación democrática, con prioridad en la formación de los estudiantes y la calidad de la enseñanza, de las prácticas académicas y de la proyección social.
10. ASPU-Tolima denuncia la persecución sindical y acoso laboral de los que han sido objeto varios profesores y funcionarios por expresar su independencia y voz crítica, como es el caso del profesor CARLOS GAMBOA, secretario de ASPU-Tolima. Mediante el sistema de intimidación, estigmatizaciones y la judicialización, los grupos de poder pretenden silenciar y minar la consistencia estratégica del sindicalismo universitario.
RESUELVE
1. ASPU declara el ESTADO DE ALERTA y convoca al profesorado y a la comunidad universitaria a deliberar públicamente para desarrollar acciones sociales, jurídicas y académicas pertinentes con el fin de exigir democracia y participación en la UT. ASPU llama a fortalecer las diversas expresiones de protesta pública y movilización social para detener el curso de acción de una política que desafía la democracia participativa y el proyecto académico.
2. ASPU convoca el CABILDO UNIVERSITARIO sobre la democracia en la universidad, para el día 30 de mayo de 2012 en el marco del proceso de la Constituyente Universitaria como escenario para la construcción democrática de la transformación universitaria.
3. ASPU convoca a la ABSTENCION ACTIVA ante la ausencia de garantías y condiciones para la participación democrática en el proceso eleccionario de las representaciones profesorales. Llama a la comunidad universitaria a manifestar mediante la deliberación pública y la movilización las bases de un proyecto alternativo para la Universidad del Tolima.
4. ASPU exige a la dirección de la UT la más completa reorganización de las funciones de la Oficina de Control Internos Disciplinario, la Oficina de Desarrollo Institucional, la Oficina de Asesoría Jurídica como organismos intimidatorios contra el profesorado y la comunidad universitaria.
5. ASPU llama al profesorado a fortalecer la organización sindical, sobre la base de la independencia frente al gobierno, el estado, los patronos y las administraciones. Reafirma su convicción de luchar por una universidad democrática fundada en una política de saber, formación e investigación con sentido crítico, popular e integral. El sindicalismo universitario tiene la misión de luchar por el derecho fundamental a la educación, la defensa de la educación pública, el gobierno democrático universitario; y enarbola en consecuencia la Idea de articular la escuela de la lucha y la escuela del saber. Su propósito es la realización de la justicia social, el bienestar, el desarrollo de la personalidad histórica y la construcción de la democracia real para la vida, la cultura y la esperanza de las nuevas generaciones que anhelan una nueva sociedad justa, libre y soberana al alcance de los sueños de nuestros pueblos.
6. ASPU expresa su más profunda solidaridad con el compañero poeta, secretario de ASPU-Tolima CARLOS GAMBOA, por la persecución y acoso laboral del que ha sido objeto y llama al movimiento sindical, a las organizaciones sociales y fuerzas democrática a rechazar esta campaña de intimidación y amenazas contra el sindicalismo universitario y sus dirigentes. ASPU proclama que la solidaridad y el respeto a la vida, el pensamiento crítico, la defensa de la universidad pública y los derechos fundamentales son la base para construir una universidad democrática.
Universitariamente,
Saber, autonomía y democracia
Junta Directiva
ASPU-Tolima
Ibagué, 16 de mayo de 2012
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