| http://www.ecosdelcombeima.com|De nuevo, las directivas de la Universidad del Tolima vuelven a suscribir un contrato de suministro de servicios de manera inconsulta con una multinacional bajo criterios de confindencialidad, pese a que esta política, dispuesta por los contratantes, contravíene abiertamente los procesos de producción de conocimiento y de la ciencia.
Se trata del "Contrato de suministro de servicios No CEQ-416 desarrollo del componente de fauna: estudios ecológicos en la zona de reubicación de fauna silvestre y plan de rescate en el vaso del embalse hasta la cota 620 MSNM - proyecto hidroeléctrico El Quimbo, celebrado entre Egemsa S.A ASP y la Universidad del Tolima".
Para Gustavo Vanegas, campesino de Asoquimbo, es inconcebible que la universidad pública contrate con empresas altamente cuestionadas como Egemsa, facilitándole las cosas para que lleve a cabo un proyecto que va en detrimento de los intereses de los pueblos, y que beneficia solamente a unos pocos.
Según estudiantes y profesores de la U.T, el contrato de investigación, no solamente fue suscrito de manera inconsulta con la comunidad universitaria, sino que compromete un problema político muy grave, que tiene que ver con poner lo público en función de lo privado.
No es la primera vez que las directivas del alma mater tolimense suscriben un contrato para suministrar servicios de investigación a multinacionales bajo parámetros de confidencialidad. El año pasado, los estudiantes, junto con los profesores y los trabajadores, echaron abajo la iniciativa de realizar un estudio ambiental para Anglogold Aschanti en La Colosa.
En ambos contratos, firma como representante legal de la universidad el cuestionado médico Jesús Ramón Rivera Bulla, exrector del alma mater.
La cláusula 24
Uno de los puntos que más a causado indignación a académicos y ambientalistas, es la cláusula 24 del contrato, que tiene que ver con la "Propiedad de los resultados y confiencialidad". Literalmente, el aparte reza que "Será propiedad del CONTRATANTE (Egemsa S.A ESP) toda infomación que se generare con motivo u ocasión del presente contrato, relacionada directa o indirectamente con el mismo o con el CONTRATANTE...".
Eso quiere decir, de llevarse a cabo los estudios, que si se encontrara indicios que ratifiquen la presencia de especies endógenas en la zona, como piensan estudiosos de la Universidad Surcolombiana (ver video); o de cualquier manera, si se encontraran elementos que demuestren que la materialización del proyecto podría traer graves consecuencias ambientales y sociales, como sostienen quienes se oponen al proyecto por la desviación del Río Magdalena; la información, vital para el pueblo colombiano, le pertenecería única y exclusivamente a la empresa, y no sería de utilidad pública, como tradicionalmente lo es el conocimiento que se desarrolla en las universidades, y los principios mismos de la ciencia.
El contrato suscrito también parece ir en contravía de la misión de la Universidad del Tolima, que reza literalmente mantenerse fiel al "compromiso con el desarrollo socialmente equitativo, ambientalmente sustentable y promotor de la plena productividad social y económica, que conduzcan al bienestar de toda la sociedad regional y nacional".
Lo anterior plantea un problema directo al alma mater, y propone directamente la pregunta por la responsabilidad social y política de la universidad en la sociedad. La privatización del conocimiento fue una de las razones por las cuales los universitarios se opusieron a la propuesta de reforma de Ley 30 de 1.992, presentada por el gobierno el año pasado, no obstante, pese a quedarse en el congreso, parece que corre a pasos agigantados en la cotidianidad de las universidades.
¿Qué acciones tomará Héctor Villarraga Sarmiento, actual rector encargo, por las decisiones de su antecesor y exjefe Jesús Ramón Rivera?
FUENTE: http://www.ecosdelcombeima.com/politicas/nota-16184-cual-la-responsabilidad-politica-y-social-de-la-universidad-publica
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