Por José Hilario López Rincón. Mucho se habla hoy de las llamadas “Bandas Criminales” – BACRIM – pero poco es lo que se hace contra las mismas. No es extraño, igual ocurrió cuando el narcotráfico era incipiente. Y así sucedió también cuando los carteles del narcotráfico se unieron a finales de 1981, para crear el grupo “Muerte a Secuestradores” – MAS – so pretexto de defenderse de la guerrilla. El secuestro por parte del M-19 de Marta Nieves, hermana de los traficantes Ochoa Vásquez, miembros del Cartel de Medellín, les sirvió de justificación, a la vez que se constituiría en el embrión de los paramilitares a partir del modelo impuesto desde Puerto Boyacá en el Magdalena Medio.
Ante el MAS, ante los narcotraficantes y ante los paramilitares, la sociedad colombiana prefirió mirar hacia los lados y hacerse la desentendida. Entre tanto, el Estado sucumbía lentamente hasta llegar al contubernio que se vivió durante el oscuro período 2002-2010 y permitió el acceso al poder del proyecto político militar del paramilitarismo y su engendro de “refundación de la patria”.
La sociedad colombiana tiene una deuda consigo misma, con las víctimas de la violencia paramilitar y con la humanidad. Su reacción frente a las atrocidades, a las masacres, a las alianzas entre paramilitares con políticos, empresarios y militares ha sido insuficiente y en algunos casos, complaciente, amparados bajo el discurso del “todo vale” o “el fin justifica los medios”.
El anterior desgobierno, con su sistemática propaganda goebbelsiana se esmeró en hacernos creer que los grupos paramilitares, aglutinados en las AUC, se habían desmovilizado.
Sin embargo, la realidad es otra muy distinta. La estructura militar del paramilitarismo no se desmovilizó en su integridad y la organización política, a pesar que tiene a cientos de sus miembros condenados en la cárcel y a otros tantos bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, aún deja ver algunos de sus adeptos nostálgicos por aquellos días de ignominia.
La denominación de Bandas Criminales o BACRIM obedeció al afán del anterior desgobierno de sepultar definitivamente el paramilitarismo, pero no porque ese fuera su objetivo o correspondiera con la realidad sino por la simbiótica identificación entre ese régimen y el paramilitarismo, que buscó ocultar, negar y borrar a punta de extradiciones.
Como no acabaron con el paramilitarismo desde el punto de vista militar, policial o político, decidieron entonces sepultarlo semánticamente y se inventaron la excéntrica denominación de BACRIM. De la misma manera que a los asesinatos infames de cerca de 3 mil jóvenes indefensos los llamaron “falsos positivos” y a las interceptaciones y seguimientos ilegales contra magistrados, periodistas y opositores los llamaron “chuzadas”.
Y tal como ayer con las AUC, frente a las BACRIM, muchos hablan pero poco hacen. Especialmente quienes tienen la obligación legal y los medios institucionales para perseguirlas.
Todos coinciden en la gravedad del asunto, pero no en su origen ni en el número actual de efectivos. Para el 2008, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación -CNRR- hablaba de 4 mil miembros. Hoy, Álvaro Villarraga, coordinador del área de desmovilización, desarme y reintegración de la CNRR, reconoce por lo menos 6 mil efectivos vinculados a unas seis estructuras y afirma que no es un simple asunto de delincuencia común: “Hay presentes rezagos del paramilitarismo porque tienen estructuras militares, dominio territorial y, lo que es peor, aún subsisten algunos vínculos con sectores estatales, fuerza pública y, en menor proporción, hay redes con aliados políticos”[1] (Ver II Informe de la CNRR de agosto de 2010)De esos 6 mil, el informe considera que “por lo menos un 17 por ciento” provienen de las AUC.
Por el contrario, el DAS habla de 2.200 miembros y la Policía de 3.800. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) estima la cifra entre 7.400 y 12.000 mientras que para Human RightsWatch (HRW) el número de miembros es de 10.200, según datos citados por Verdad Abierta.
En reciente conversatorio convocado por el Ministerio de Defensa “Desafíos Criminales y Acción del Estado” el general Óscar Naranjo, director de la Policía, aseveró que las llamadas bandas criminales constituyen la “más alta prioridad del Estado” y “la principal amenaza” para el mismo. A su turno, el ministro de Defensa Rodrigo Rivera, como es apenas obvio, rechazó la apreciación de las BACRIM como renacimiento del paramilitarismo.
Independientemente que se acepte que las denominadas “Bandas Criminales” provienen del paramilitarismo o que son el mismo paramilitarismo con nombre diferente, lo cierto es que hoy tienen presencia en 27 de los 32 departamentos del país (17 según el general Naranjo), mantienen control territorial, poblacional y en las elecciones de octubre veremos qué tanto control político ejercen. Es cierto que no estamos ante unos grupos organizados y confederados al estilo de las sanguinarias AUC, pero no por ello menos sanguinarios.
La muerte de Pedro Oliverio Guerrero, alias “Cuchillo”, a finales de 2010, ha servido para sobredimensionar la acción del Estado frente al fenómeno. En términos prácticos sólo significa el cambio de mando de la estructura “Ejército Popular Anticomunista -ERPAC-, proveniente del Frente Guaviare del Bloque Centauros de las AUC, o peor, la división de la misma en quién sabe cuántas más.
Paradójicamente, el asesinato de la pareja de estudiantes de la Universidad de los Andes en San Bernardo del Viento (Córdoba), le recuerda a quienes quieren minimizar el fenómeno que el paramilitarismo está vivo y que el cuento de los logros de la “seguridad democrática” era una mera retahíla. Existen muchas zonas del país en donde el Estado no es el que manda.
Y para que no haya duda, otros dos jóvenes, Silvia Mora y Juan Carlos Ariza, acaban de ser asesinados en Cereté (Córdoba), episodio que nos enfrenta a la realidad social y política del país: en Colombia la muerte como la vida goza de estratificación. Una cosa es ser estudiante de la Universidad de los Andes y otra del Sena o de la Universidad de Cartagena.
El paramilitarismo, con el nombre y la dimensión que le quieran dar, responde a los intereses de núcleos de poder del narcotráfico, de terratenientes y sectores políticos, entre otros, en su afán de preservar sus negocios, riquezas y privilegios.
La solución no es meramente militar, no basta con desplegar ante las cámaras de televisión miles de soldados en trajes de campaña. Mientras el Estado colombiano no adelante acciones efectivas para democratizar la tenencia de la tierra, reducir drásticamente el desempleo, acabar con la corrupción, concertar la legalización internacional de las sustancias que generan el narcotráfico, cualquier medida será inocua frente a la gravedad del problema. Mientras la sociedad colombiana continúe en su actitud complaciente e indiferente y siga, por ejemplo, eligiendo a los mismos con las mismas, seguiremos padeciendo las consecuencias de una sociedad profundamente injusta en medio de un remedo de democracia.
(*) José Hilario López Rincón es Abogado Corporación por la Dignidad Humana.
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 241, Semana del 4 al 10 de febrero de 2011. Corporación Viva la Ciudadanía.
[1]http://www.semana.com/noticias-nacion/bacrim-tendrian-unos-seis-mil-hombres-seis-estructuras/150361.aspx
TOMADO: http://alainet.org/
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