El Departamento de Lucha Contra Empresas Transnacionales – ETN’s – de la Subdirectiva CUT – Valle del Cauca, informa, denuncia y rechaza públicamente la decisión gubernamental en cabeza del Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón, el vicepresidente Angelino Garzón y su Ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas Lleras quienes han autorizado la implementación del uso de la fuerza pública para silenciar la voz del pueblo colombiano representada en la justa lucha de los transportadores de carga en el país.Con tal determinación propia de un régimen anti popular como el colombiano, queda develada la política anti social de un gobierno que se dice ser democrático, participativo y que ha llamado a la reconciliación nacional, con el ánimo de ponerle tapa bocas a las organizaciones sociales y sindicales, líderes populares y dirigentes políticos que le hacen oposición política y social a una estructura pública paquidérmica que en nada beneficia al grueso de la población.
Con la implementación de toda clase de legislaciones contrarias a la voluntad y real necesidad de las masas populares, traducidas en: limitaciones burocráticas para surgimiento de modelos alternativos en materia económica, solidaria y empresarial; transgresión y represión en los más elementales derechos fundamentales del ser humano. Justo hoy que tan pronto un sector de trabajadores de carga – más de 2.000 camioneros, sale a cuestionarlo públicamente, sobre lo lesivo de sus reformas que tan sólo benefician a los grandes propietarios del transporte de carga.
Factores determinantes para la protesta son igualmente el anuncio ministerial de incrementar dicho parque automotor con 5.000 unidades más, el desmonte del “flete” tasa de cobro por carga, en la cual se aferran los pequeños propietarios de camiones y tracto camiones porque es su única alternativa de sobrevivir en este mundo globalizado, sumado a ello, las alzas repentinas de la gasolina y sus derivados, el incremento en los precios de los peajes, la intermediación de empresas que eleva el costo del transporte.
Ante la negativa del gobierno de atender el llamado el reclamo del gremio de los transportadores que contaban con trece (13) días de parálisis y que se habían mantenido en las vías intermunicipales y en centrales de carga en todo la nación, y tras haber tomado la decisión de ingresar a la capital de la república como mecanismo de presión para una pronta solución de su conflicto laboral, de haber presentado fórmulas de acercamiento con el Ministerio del Transporte, pero el gobierno se empeña en negar la revisión su política pública en relación con el transporte de carga.
La intencionalidad del Estado Colombiano consiste en sofocar la reclamación de los transportadores utilizando nueva tecnología como la pantalla de ultrasonido que conlleva graves repercusiones en la salud humana como instrumento de control de masas; para con ello darle paso a la modalidad de transporte multimodal de mercancías, que es la ventana del mecanismo diseñado dentro de las prerrogativas insertas en los tratados de libre comercio a efectos de movilizar grandes volúmenes de mercaderías a menor costo y en el menor tiempo posible.El negocio de carga es tan lucrativo que sectores no tradicionales en esta actividad, han iniciado su incursión con la adquisición de varias unidades para poder ejercer un control político y social directo en el gremio del transporte de carga. Grupos emergentes de narcotraficantes, paramilitares y ahora el gobierno con la adición de aproximadamente 5.000 cupos, se disputan el control del monopolio de esta actividad mercantil y de carga.
Actividades de parálisis en el transporte a lo largo y ancho de la geografía del país, son el fiel reflejo de la masificación del justo pliego y del compromiso de los camioneros para salir victoriosos en su lucha y resistencia, en la que se agita la defensa de sus más elementales derechos se han apostado en sitios como: Fronteras, oriente de Nariño, Bogotá en las principales vías, Fusa en Cundinamarca, Santanderes, Copacabana y Bello en Antioquía, Boyacá, Norte de Santander, Aguachica en el Cesar, Barranquilla en el Atlántico, Tolima, Arauca, Putumayo, Cali – Yumbo, Buenaventura en el Valle del Cauca.
Responsabilizamos al Estado Colombiano en cabeza de su ministro del Interior y de Defensa, Germán Vargas Lleras de las agresiones físicas, detenciones arbitrarias e injustas, del daño a los camiones que se presenten por efectos de la orden de disuadir del paro con la acción demencial del escuadrón móvil anti disturbios – ESMAD. Máxime si con los manifestantes se encuentran sus familiares – esposas e hijos – que son en últimas el motivo y razón de esta justa brega obrera.
Igualmente les hacemos un llamado a las organizaciones sindicales y sociales de la región así como a nivel nacional e internacional para que se pronuncien solidariamente a favor de los trabajadores del transporte, y de igual manera para recriminar y repudiar la aptitud anti popular del Gobierno Nacional.
Santiago de Cali, Febrero 14 de 2011.
DIEGO ESCOBAR CUELLAR
DPTO. DE LUCHA CONTRA ETN’s
CUT – VALLE DEL CAUCA
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