Hace algunas décadas bajo la tramoya de Guerra de Baja Intensidad (GBI), una mancha de indignación recorrió el Cono Sur. Las dictaduras y/o componendas bipartidistas se instalaron con todo el prontuario neoliberal so pretexto de controlar las zonas geoestratégicas y “reorientar” la estrategia de guerra sin fronteras para dar movilidad al capital y sus anfitriones. Por aquellos años se descubren las huellas del dominio militarista como ejercicio del terror y el miedo, que a la larga, conllevaría a desestructurar los cimientos organizacionales y de resistencia de los movimientos sociales. Esto fue posible gracias a la experimentaron de un teatrino de operaciones criollo concebido como una estrategia que combinaba sagazmente la promesa de reforma económica y política con un arsenal militar y acciones de guerra sicológica tanto para los llamados “enemigos internos” como para el conjunto de las minorías olvidadas.
En Colombia, la instauración del régimen del terror mediante el otrocidio se reconoce como la “violencia”, periodo en el cual se extendió el puente hacia las recordadas democracias de “consenso”, es decir, un pacto nacional donde los “triunfadores”, sin superar los conflictos latentes de la cotidianidad económica y social, seguirían en la campaña de “pacificación”, pero esta vez con jugosos suplementos vitamínicos: la repartición del poder económico y la alternación del poder político. Así las cosas, el país se convirtió en una necrópolis, donde todavía no es posible hablar de Estado ni de régimen político sin considerar el fenómeno de las violencias, cuyas raíces profundas y mutantes se encuentran en los factores de decadencia socioeconómica y en la dependencia ideológica y, en especial, en la tendencia histórica de persecución y exterminio de todo germen de inconformismo o alternatividad social.
Seria sobre las cenizas de un Estado altamente monopolizado y huérfano de un proyecto de integración multicultural, donde se constató la sugerencia de Karl Von Clausewitz: “en un contexto de guerra es necesario regular el esfuerzo propio de acuerdo con la capacidad de resistencia del adversario”. Fue entonces cuando se enfilaron fuerzas y esfuerzos, bajo el eufemismo de la lucha contrainsurgente, hacia la simulación de la guerra de baja intensidad que haría eclosión en los tejidos sensibles de la sociedad, so pretexto de frenar el inconformismo social en campos y ciudades y de paso desarticular los restos o reductos del movimiento insurgente.
La naciente creación traía incorporada el currículo gringo en Vietnam, como serian las acciones directas o encubiertas contra las fuerzas ilegales y sus bases sociales y otras “finas” maniobras represivas, masivas o selectivas, contra cualquier expresión organizada o experimento social o civil. Este objetivo que, no sólo asimilaba la reestructuración de las fuerzas oficiales para la aniquilación del “enemigo” interno, sino que, además, incorporaba un fin supremo como es el aislamiento geográfico y social de las guerrillas, es lo que llamamos la táctica de “quitarle agua al pez”, siendo el agua la población.
Hasta el final de los tiempos, la intolerancia del régimen ha tratado cualquier manifestación popular o inconformismo social como un problema de seguridad nacional (“democrática”), que atenta contra los intereses de los monopolios nacionales y transnacionales; y que para los tramoyistas gobernantes que ostentan el poder en Colombia son solamente expresiones delincuenciales de unas mayorías que se resisten a la miseria heredada y, que por lo tanto, se merecen el mismo trato, el único que les permite pensar su incapaz modelo mental y económico: la represión y castigo.
Uno de los acertijos al que resultaría difícil darle respuesta es aquel que tiene que ver con la campaña de desprestigio gubernamental y mediático contra los movimientos sociales. La sospecha se encuentra anclada en la reinterpretación por parte del Estado de la mítica sentencia del pensador Chino Mao Tsé Tun - la guerrilla debe moverse como pez en el agua-, en su relación y aplicabilidad criolla en el quehacer de las guerrillas colombianas. Sin lugar a dudas, los adversarios en contienda interiorizaron un discurso que asimilaba la paz como ausencia de conflictos, en lo que se ha querido llamar “diálogos entre aparatos” - entre vanguardias, oficiales o subversivas-, fenómenos que finalmente serian el Leitmotiv para dos hechos históricos. Por un lado, el fracaso (o victoria) de las iniciativas gubernamentales en las reconocidas recetas terapéuticas: diálogos, negociación, desmonte y… partidicidio. Por otro lado, en la constatación de que la superioridad militar frente a un adversario movedizo no era garantía de victoria, se da rienda suelta a la estrategia GBI como expresión militar silenciosa que conllevaría a dejar en ruinas al movimiento social y por esa vía a que el Estado dominara plenamente todas las esferas de la vida individual y colectiva.
Pero en la historia reciente hay muchos ejemplos de las estrategias, surgidas desde los centros de poder en Colombia o del cerebro siempre decadente de sus administradores, que han convertido a los movimientos sociales y sus hacedores en verdaderos blancos humanos: por ejemplo, la creación de estructuras paarestatales para la eliminación del otro diferente, el tratamiento desde un ángulo militar al conflicto social, el señalamiento de que las protestas están infiltradas por la insurgencia, la reordenación de un conjunto importante de la población civil en labores de inteligencia y sapeo de cualquier actividad social, la restructuración de los cafres en las llamadas redes de informantes y el no poco casos el uso de instrumentos legales o no hacia el silenciamiento de las voces disonantes o la eliminación o desaparición de los lideres o dirigentes sociales del movimiento ciudadano. Muchas veces se producen alteraciones y otras relacionamientos, abiertos o simulados, que en definitiva buscan desprestigiar el ejercicio democrático de la diferencia y el uso de la protesta popular como alternativa de libertad y conquista de los intereses sociales.
Cuando la critica situación económica, política y social del país exige a gritos la puesta en marcha de un movimiento de resistencia popular que enfrente políticamente al Establecimiento y responda a los intereses de las grandes mayorías; nos encontramos con las tendencias oficiales que bajo una estrategia represiva pretenden desestructurar las expresiones organizativas de la sociedad para consolidar su objetivo fundamental: “quitarle el agua al pez”, que en últimas no es más sino quitarle el oxigeno a la sociedad, en especial a aquellos que persisten en organizar, defender sus proyectos de vida dignos y duraderos.
Es ese ambiente adverso es preciso que los movimientos sociales transiten de la protesta a la propuesta para dinamizar las coyunturas y avanzar en la tarea de recrear espacios públicos de reflexión y discusión para que los problemas trascendentales de la nación sean analizados y solucionados con participación activa de las mayorías. Este ejercicio incluye la práctica elemental del sagrado derecho a la oposición política real, entendiendo como política la “acción colectiva de cuestionamiento de la institución de la sociedad”, lo que conllevaría a asumir la invitación de Estanislao Zuleta en cuanto que la dinámica del conflicto debe entenderse dialécticamente y la idea no es “suprimirlo sino descifrarlo en lo que tiene de dinámica social y dimensión constitutiva del convivir colectivo”.
Por Argemiro Rojas
){kind=link}
0 Comentarios