Las comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas con la explotación minera consideran que no fueron consultadas antes.El proyecto Mandé Norte iba a explotar yacimientos de oro, cobre, molibdeno y otros minerales.
La explotación de cobre más importante del país quedará frenada hasta que las comunidades negras e indígenas de la zona donde está el yacimiento, entre Antioquia y Chocó, opinen sobre el proyecto.
Al resolver una tutela, la Corte Constitucional ordenó la suspensión de los trabajos de minería que adelantaba la multinacional Muriel Mining Corporation hasta tanto finalicen los estudios sobre el impacto ambiental que podría generar la explotación de las minas descubiertas en una extensa zona ubicada entre los muncipios de Frontino, Urrao, Vigía del Fuerte, Carmen del Darién y Murindó.
La Corte consideró que el proyecto, denominado Mandé Norte y entregado en concesión por 30 años a la multinacional, alterará de manera inevitable el equilibrio ecológico y la biodiversidad de la zona, por lo que debe también cumplir el requisito de consulta previa con la totalidad de las comunidades afectadas.
Ese paso no se cumplió y por eso los magistrados ordenaron frenar la explotación. "El Ministerio del Interior y de Justicia debió adelantar el proceso de consulta previa con todos los grupos que van a ser afectados con el proyecto minero, dándoles amplias facilidades para que (lo) conozcan y participen, lo cual en este asunto no se posibilitó", dice el fallo.
Los demandantes aseguran que el Gobierno aceptó como voceros a personas que no tenían la representación de las 12 comunidades emberas que allí viven ni las de las dos afrocolombianas. Además, dicen que hubo hostigamientos de los militares que han llegado a la zona para proteger las obras.
"La explotación de recursos naturales en los territorios tradicionalmente habitados por las comunidades indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a su integridad social, cultural y económica", dice el fallo de la Corte, que reitera los compromisos adquirido por el país por tratados internacionales.
En la decisión, los magistrados también le dicen al Ejército que revise sus planes de seguridad en la zona y "se se subsanen las razones por las cuales las comunidades que ancestralmente habitan en la región irrigada por los ríos Jiguamiandó, Uradá y Murindó no perciben el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios como garantía de seguridad".
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