El modo como ha ocurrido la transformación de la salud, de servicio público a negocio lucrativo, es escandaloso, inconstitucional y ciertamente violador del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a la salud.Los decretos que saco el gobierno colombiano con la excusa de la declaratoria de emergencia social en salud, es una de las más terribles ofensivas contra la gente, para favorecer el modelo implementado por la ley 100 de 1993, el 23 de diciembre la misma fecha en que hace dieciséis años se expidió la Ley 100; la salud y el bienestar de los colombianos y colombianas sufrieron el golpe más perverso después de la expedición de la ley 100 de 1993 tramitada en el congreso por el hoy presidente de la República. Es muy claro que este gobierno está al servicio de los imperativos de acumulación del gran capital y el consiguiente lucro de las grandes empresas a expensas de la enfermedad y la muerte de la mayoría de la población.
Siete de los diez decretos, se dedican a la asignación, distribución y control de los recursos del sistema. Los tres restantes: el 126, el 128 y el 131 se ajustan a los criterios de los intereses económicos que motivan el ajuste: los del Estado, que sigue reduciendo su gasto en salud para aliviar el déficit fiscal y dar las garantías de los márgenes de ganancia de la lógica del mercado.
Por los nuevos decretos no se permitirán interponer tutelas (Decreto 128) los médicos que formulen fuera del POS serán sancionados con 50 SLMMV (Decreto 131) 25 millones por formular no POS las remisiones al especialistas se harán siempre y cuando: "no afecten los costos del sistema de salud" (Decreto 131) los tratamientos serán asumidos por el enfermo o sus familias con: patrimonio, cesantías, ahorros pensiónales e incluso, préstamos bancarios.
El criterio esencial de cualquier decisión médica o del andamiaje burocrático del modelo no será el bienestar o la recuperación de la salud sino que tendrá que ceñirse a estándares obligatorios de manejo para poder garantizar el costo beneficio.
Ni el desempleo ni la brecha creciente entre ricos y pobres, figuran en el mapa explicativo de la crisis del modelo. No se analizan las causas estructurales de la crisis. Es un juego de poderes, expresado en intereses, armado de una lógica y de argumentos aparentemente sólidos y orquestado por sectores académicos, tecno-burocráticos y medios de comunicación afines. Mientras esta lógica persista, los análisis y las propuestas seguirán en la misma dirección y con resultados cada vez peores.
Si la salud es una mercancía entonces todos tenemos que pagar y el Estado tendría que organizar y garantizar su mercadeo y también castigar y matar a los que protesten o se rebelen. Pero si es un derecho humano fundamental, entonces no se puede limitar el acceso a la capacidad de pago y el Estado tiene que ser su principal garante.
La lucha social tiene que dirigirse a derogar estos decretos de emergencia social y luchar para que la salud sea realmente un bien común que beneficie a todos y todas las colombianas, no vamos a tolerar que la salud sea un producto mercantil que produzca mas muertes, la salud es un derecho fundamental que el estado debe cumplir en su totalidad de manera gratuita, eficaz y a todo nivel.
POR LILIA SOLANO
Febrero de 2010.
Tomado de:
http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/ediciones41/nota7.htm
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