La Corporación Transparencia por Colombia es una organización sin ánimo de lucro que lucha desde la sociedad civil contra la corrupción en las instituciones públicas desde su creación en 1998. Esta entidad presentó el pasado 29 de julio los resultados de la evaluación del Índice de Transparencia Nacional -ITN- luego de haber realizado el análisis de riesgo de corrupción de 158 entidades de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, así como de algunos organismos de control, universidades y empresas industriales y comerciales del Estado, entre otros.
El Índice de Transparencia Nacional -ITN- es una herramienta que sirve para identificar las condiciones institucionales y las prácticas de los actores gubernamentales y definir el riesgo de corrupción a que se enfrentan las entidades, en el desarrollo de su gestión. Busca ser un instrumento para evaluar las características institucionales, la visibilidad que los funcionarios dan a sus actos, el nivel de autorregulación con que operan y el tipo de sanciones que se aplican en los casos irregulares. Todo con el propósito de contribuir a la prevención de hechos de corrupción.
En la presentación general de resultados para la vigencia 2007-2008 -consultar en la página www.transparenciacolombia.org.co- se encontraron grandes deficiencias en el cumplimiento de los estándares éticos y altos índices de corrupción. Se estableció una tabla de riesgos, desde una baja posibilidad hasta una altísima ocurrencia de corrupción en la gestión administrativa.
El estudio dio como resultado el hecho de que sólo el 3% de las entidades públicas en Colombia tienen un riesgo bajo de corrupción, destacándose el Banco de la República con un puntaje de 91.9 en el I.T.N. El promedio mas bajo lo tienen la rama legislativa y las entidades autónomas. Como ejemplo de referencia tenemos: Senado de la República con 43.8, Registraduría del Estado Civil 39.8, Cámara de Representantes 35.1, Corporación Autónoma Regional del Quindío 45.6, Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 39.5, Corporación para el Desarrollo de la Mojana y San Jorge 25.2. Las Universidades Públicas no salen mejor libradas en este análisis. Algunos resultados: Universidad Surcolombiana de Neiva 64.7, Nacional de Colombia 64.2, Colegio Mayor de Cundinamarca 62.0, Pedagógica Nacional 60.4, del Chocó 57.1, del Cauca 53.4, de Caldas 51.7, Universidad del Pacífico 27.7…
Aunque carecemos de la información referida al riesgo de corrupción en entidades representativas de nuestra región, debemos estar tranquilos, ya que la condición de transparencia y pulcritud que ellas ostentan es proverbial. La Universidad del Tolima, está blindada contra toda corrupción, como aseveran sus amañadas directivas, pues según reza la publicidad institucional, la universidad no sólo es “conciencia crítica de la sociedad”, sino que -como se contempla en el Plan de Desarrollo- existen varios ejes estratégicos, políticas y planes de acción sustentados en los principios de eticidad, racionalidad, autonomía y democracia, subordinandos al interés público, que impiden cualquier conato de corrupción.
Las estrategias de modernización administrativa en que se encuentra comprometida, con sus mecanismos integrados de información y vigilancia, logran contrarrestar incluso la maledicencia y la perversidad de sus opositores, que sostienen, por ejemplo, que el señor Vicerrector Administrativo, Doctor Evelio Guzmán, desarrolla un manejo feudal en su división; que la planilla de personal constituye su principal preocupación “regional” ya que, dicen, cerca de 30 personas, amigos y vecinos de su finca en Carmen de Burila y Rovira, han sido beneficiados con cargos de la Universidad. Así mismo no es verosímil que se diga que los decanos tienen parientes, hijos o compañeras sentimentales vinculadas a sus dependencias.
Un estudio similar al mencionado despejaría cualquier duda sobre el régimen contractual de la Universidad, su corporativismo, el respeto por la estructura orgánica establecida; mostraría que no existe -promovidas por las directivas-, nominas paralelas, duplicación o sustitución arbitraria de funciones, nepotismo o favorecimientos, como de los que temerariamente acusan a la señora jefe de la División de Relaciones Laborales, Astrid López, de quien dicen tiene trabajando en su oficina a dos hermanas, que su esposo regularmente ha sido promovido sin que medien concursos de mérito y que su hijo goza de un beneficioso contrato. Se aclararía ante la opinión pública que no es cierto que existan enormes brechas salariales, que las contrataciones se rigen por un riguroso código de ética y que, por ello mismo, fueron totalmente legales y “transparentes” las designaciones del cuñado del Rector como interventor en una obra de más de 2.000 millones o de su suegra como administradora de los seguros de la Universidad, o que los amigos del “académico” Gentil Palacios, estén próximos a ocupar cargos de dirección en la Universidad, por acuerdos con el expresidente del Senado Hernán Andrade, quien, “supuestamente”, apoyó al Rector en su exitosa aspiración reeleccionista.
JULIO CÉSAR CARRIÓN CASTRO
Universidad del Tolima - Ibaguè
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