SEGURIDAD DEMOCRÁTICA = EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES = TERRORISMO DE ESTADO. REALIDAD INOCULTABLE
Las recientes ejecuciones extrajudiciales de habitantes comunes y silvestres de algunos municipios de Colombia bajo la tramoya uribista de “perseguir y arrancar el mal desde la raíz”, es decir, extinguir cualquier llama de rebeldía e inconformismo en la sociedad civil, violencia teledirigida y practicada de manera sistemática y selectiva contra aquellos que no tienen voz ni destino. Eliminar al otro distinto (llámese indigente, callejero, anónimo, insurgente, delincuente, invisible, trabajador, gay, mechudo, etc) es una práctica histórica, una operación a “corazón abierto”, una estrategia de la guerra sucia orquestada desde las élites militares y políticas del establecimiento.
Ya decía Clausewitz que cuando fracasaba la política, la guerra era una salida indigna, y peor aún, que la guerra no se ganaba en los medios (detrás de un televisor o un micrófono), sino que se debía ratificar en el campo de combate: hombre a hombre y hombro a hombro. Tal realidad en Colombia solo es posible en la guerra mediática. Y así lo entendieron los cafres colombianos, cuando en su estrategia fascista de “quitarle el agua al pez”, han perseguido y exterminado a cualquier opositor político, desde las insanas bandas de narcoparamilitares como en las hasta ahora desconocidas caravanas de la muerte, organizadas por quienes ostentan el poder en Colombia, por quienes manchan la dignidad humana con el brillo entupido de su poder.
La historia se escribe con sangre…otra vez….
Desde el 1 de enero de 2007 al 1 de julio de 2008 se han registrado 535 ejecuciones extrajudiciales. El 58% de los casos se trata de personas menores de edad. Estas sin contar las desapariciones actuales de jóvenes de diferentes ciudades de Colombia que fueron trasladados y asesinados por la fuerza pública en falsos positivos; presentando a las victimas como miembros de grupos guerrilleros y muertos en combate.
En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones reconoció “la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército”, señalando además que “algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión de resultados y el interés de algunos miembros de la fuerza pública de obtener a partir de dichos resultados una serie de beneficios y reconocimientos”.
No obstante estas preocupaciones constantes por parte de la comunidad nacional e internacional, el ministro de defensa Juan Manuel Santos expresó el 9 de Septiembre pasado que había “una importante reducción de casos” de ejecuciones extrajudiciales, según las cuales, durante lo corrido del año solo habría habido 25 casos, en contraste con 102 documentadas por las organizaciones, esto sin contar las actuales desapariciones, y asiendo oídos sordos a las cifras y declaraciones de la Procuraduría y los Organismos de Derechos Humano que dan como cifra mas de 600 casos de falsos positivos con asesinato extrajudicial.
Pero a pesar de este reconocimiento de la violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario por parte de organismos del Estado, no ha existido un fuerte pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los reales motivos por los cuales estas ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos se vienen realizando. En todos estos procesos judiciales se termina por judicializar al autor principal del hecho, pero se deja en el limbo el autor intelectual de estos. En todos los casos, donde existen procesos de judicializacion a los miembros de la fuerza pública, acusados de estos crímenes como autor de los hechos, se retira de su cargo, para continuar con el procedimiento judicial (militar o civil), de los cuales muchos de estos salen absueltos. Pero la investigación nunca continúa para dar con el paradero de los reales promotores o autor intelectuales de estos crímenes; en este caso; de la investigación de los altos mandos, y el jefe supremo de la línea de mando, o sea el presidente, incluido el ministro de defensa. Principales promotores de las políticas de Estado (seguridad democrática) y promotores directos de ordenes como “general y soldados de mi patria, no dejen ni un rincón de Colombia para esos terroristas, vayan y acaben con ellos” o de estar presionando en público a sus generales y soldados de la patria, a obtener resultados.
Los casos de Soacha y Ciudad Bolívar y los que se destaparon a partir de estos hechos en distintas regiones del país, han mostrado no sólo que es una práctica que se viene realizando de manera persistente y sistemática, sino que también se presentan nuevos patrones y modalidades para encubrir la comisión de estos hechos y para mantenerlos en la impunidad.
Señor presidente, es claro que los autores principales de estos crímenes son sus soldados de la patria, pero también debe quedar claro que el autor intelectual de estos crímenes es usted y su línea de mando. Que bajo presiones y búsqueda de resultados en su política de Seguridad Democrática, a puestos a sus hombres como perros hambrientos a buscar a su presa; en el sentido militar, al enemigo donde no lo hay.
Por eso usted señor presidente, y solamente usted y su línea de mando es responsable de estos crímenes y del terrorismo de Estado.
JUSTICIA… cárcel para los autores principales e intelectuales de estos crímenes.
No más terrorismo de Estado
No más seguridad democrática.
Las recientes ejecuciones extrajudiciales de habitantes comunes y silvestres de algunos municipios de Colombia bajo la tramoya uribista de “perseguir y arrancar el mal desde la raíz”, es decir, extinguir cualquier llama de rebeldía e inconformismo en la sociedad civil, violencia teledirigida y practicada de manera sistemática y selectiva contra aquellos que no tienen voz ni destino. Eliminar al otro distinto (llámese indigente, callejero, anónimo, insurgente, delincuente, invisible, trabajador, gay, mechudo, etc) es una práctica histórica, una operación a “corazón abierto”, una estrategia de la guerra sucia orquestada desde las élites militares y políticas del establecimiento.
Ya decía Clausewitz que cuando fracasaba la política, la guerra era una salida indigna, y peor aún, que la guerra no se ganaba en los medios (detrás de un televisor o un micrófono), sino que se debía ratificar en el campo de combate: hombre a hombre y hombro a hombro. Tal realidad en Colombia solo es posible en la guerra mediática. Y así lo entendieron los cafres colombianos, cuando en su estrategia fascista de “quitarle el agua al pez”, han perseguido y exterminado a cualquier opositor político, desde las insanas bandas de narcoparamilitares como en las hasta ahora desconocidas caravanas de la muerte, organizadas por quienes ostentan el poder en Colombia, por quienes manchan la dignidad humana con el brillo entupido de su poder.
La historia se escribe con sangre…otra vez….
Desde el 1 de enero de 2007 al 1 de julio de 2008 se han registrado 535 ejecuciones extrajudiciales. El 58% de los casos se trata de personas menores de edad. Estas sin contar las desapariciones actuales de jóvenes de diferentes ciudades de Colombia que fueron trasladados y asesinados por la fuerza pública en falsos positivos; presentando a las victimas como miembros de grupos guerrilleros y muertos en combate.
En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones reconoció “la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército”, señalando además que “algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión de resultados y el interés de algunos miembros de la fuerza pública de obtener a partir de dichos resultados una serie de beneficios y reconocimientos”.
No obstante estas preocupaciones constantes por parte de la comunidad nacional e internacional, el ministro de defensa Juan Manuel Santos expresó el 9 de Septiembre pasado que había “una importante reducción de casos” de ejecuciones extrajudiciales, según las cuales, durante lo corrido del año solo habría habido 25 casos, en contraste con 102 documentadas por las organizaciones, esto sin contar las actuales desapariciones, y asiendo oídos sordos a las cifras y declaraciones de la Procuraduría y los Organismos de Derechos Humano que dan como cifra mas de 600 casos de falsos positivos con asesinato extrajudicial.
Pero a pesar de este reconocimiento de la violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario por parte de organismos del Estado, no ha existido un fuerte pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los reales motivos por los cuales estas ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos se vienen realizando. En todos estos procesos judiciales se termina por judicializar al autor principal del hecho, pero se deja en el limbo el autor intelectual de estos. En todos los casos, donde existen procesos de judicializacion a los miembros de la fuerza pública, acusados de estos crímenes como autor de los hechos, se retira de su cargo, para continuar con el procedimiento judicial (militar o civil), de los cuales muchos de estos salen absueltos. Pero la investigación nunca continúa para dar con el paradero de los reales promotores o autor intelectuales de estos crímenes; en este caso; de la investigación de los altos mandos, y el jefe supremo de la línea de mando, o sea el presidente, incluido el ministro de defensa. Principales promotores de las políticas de Estado (seguridad democrática) y promotores directos de ordenes como “general y soldados de mi patria, no dejen ni un rincón de Colombia para esos terroristas, vayan y acaben con ellos” o de estar presionando en público a sus generales y soldados de la patria, a obtener resultados.
Los casos de Soacha y Ciudad Bolívar y los que se destaparon a partir de estos hechos en distintas regiones del país, han mostrado no sólo que es una práctica que se viene realizando de manera persistente y sistemática, sino que también se presentan nuevos patrones y modalidades para encubrir la comisión de estos hechos y para mantenerlos en la impunidad.
Señor presidente, es claro que los autores principales de estos crímenes son sus soldados de la patria, pero también debe quedar claro que el autor intelectual de estos crímenes es usted y su línea de mando. Que bajo presiones y búsqueda de resultados en su política de Seguridad Democrática, a puestos a sus hombres como perros hambrientos a buscar a su presa; en el sentido militar, al enemigo donde no lo hay.
Por eso usted señor presidente, y solamente usted y su línea de mando es responsable de estos crímenes y del terrorismo de Estado.
JUSTICIA… cárcel para los autores principales e intelectuales de estos crímenes.
No más terrorismo de Estado
No más seguridad democrática.
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