| Por Gearóid Ó Loingsigh |

La recomendación de la Comisión de la Verdad de revisitar el tema de las drogas y la elección de Gustavo Petro como presidente del país nos da un nuevo contexto para la discusión de la problemática de las drogas ilícitas. Sin embargo, puede que caigamos en los mismos errores del pasado.

El Estado colombiano siempre ha implementado políticas represivas y prohibicionistas que concuerdan con las políticas del gobierno de los EE.UU. y las posturas oficiales de la ONU, expresadas en distintos tratados y resoluciones, comenzando con la Convención Única de 1961, pasando por el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971) y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes (1988) y varias resoluciones de la Asamblea General.

La oligarquía colombiana rara vez cuestiona la lógica de la guerra contra las drogas. Una excepción fue cuando Samper planteó la idea de legalizar la marihuana cuando era presidente de la ANIF, luego en 1980 hizo una propuesta de legalizar a los narcotraficantes.

El poder de la economía subterránea está llegando a ser tan grande que ya no basta con las fórmulas simplemente represivas; la dimensión del problema excede los instrumentos para regularlo. Se precisan nuevas alternativas. Estamos, al fin de cuentas, entre reconocer a las mafias y re-encaminarlas o ser desconocidos por ellas y desencaminarnos todos. Así como sugerimos hace exactamente un año la legalización de la marihuana, como única forma para legitimar estos ingresos, así también nos parece hoy conveniente proponer la necesidad de dar a los capitales subterráneos válvulas institucionales de escape; el establecimiento de amnistías patrimoniales para estas inmensas fortunas, la posibilidad de invertirlas en títulos de rentabilidad y no representativos de propiedad y la concesión de estímulos especiales para que se registren públicamente serían las tres fórmulas básicas para evitar que, por su mantenimiento en la clandestinidad, estos capitales y sus dueños acaben con nuestras instituciones y nosotros mismos o las compren y nos compren que, para el caso, es lo mismo.^{^[1]}

Obvio su plan no funcionó, no fue aceptado por el gobierno colombiano ni por el gobierno de los EE.UU. y como él mismo reconoció, legalizar la marihuana sin contar con el imperio del norte “sería poco menos que una bravuconada de chiquillo caprichoso...(por ello se propone) la constitución de un comité conformado por representantes de las dos naciones que estudien sin ninguna aprehensión la legalización de la marihuana y presenten recomendaciones ajustadas a la realidad de la producción en Colombia y la evidencia del consumo en los Estados Unidos.”^{^[2]}

Hace poco se publicó un artículo argumentando que se puede ir más allá de los tratados internacionales y abogar por una interpretación de la legislación colombiana que dé prioridad sobre los tratados y leyes de derechos humanos, por encima de los tratados internacionales en materia de drogas ilícitas, afirmando que no es tan cierto que Colombia “deba aplicar irrestrictamente el derecho internacional siempre y en todos los casos. Nuestro país tiene un margen de maniobra importante (no restringido) para regular ese mercado como un asunto de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz, no solo de salud pública (reducción de daños) o fiscalización de sustancias (prohibicionismo y política criminal).”^{^[3]}

Los argumentos presentados en términos filosóficos tienen algo de certeza, pues los derechos humanos y la paz, están por encima de las políticas internacionales respecto a las drogas. Pero sólo en términos filosóficos. El derecho es meramente la codificación de relaciones de poder y en el debate sobre las drogas Colombia no tiene poder. El debate sobre las drogas tiene un marco jurídico pero no es jurídico. Nunca ha sido.

Los EE.UU. se metieron en el tema del control y la prohibición de las drogas para engraciarse con China a principios del siglo XX. La primera conferencia internacional para examinar el tema de la prohibición y control de opio se celebró en 1909 en Shanghái. Los EE.UU. dieron su apoyo a China y esperaba que China los favoreciera en tratados de comercio. Públicamente, como es el caso con Colombia, hablaban del daño que hacía el opio y la necesidad moral de erradicar ese mal, pero los intereses económicos y políticos siempre estaban presentes.^{^[4]} En el proceso de redacción y ratificación de la Convención Única de 1916, los EE.UU. obtuvieron la exclusión de alcohol y tabaco de sus términos de referencia y no fue por una cuestión de salud pública sino porque tanto los EE.UU. como Gran Bretaña, Francia y otros países tenían y todavía tienen industrias grandes basadas en estas dos drogas, aunque entre 1920 y 1933 durante la época de prohibición de alcohol, los EE.UU tenían una perspectiva distinta. Si Jamaica hubiese sido una potencia mundial en 1961, de pronto el alcohol recreativo sería ilegal y la marihuana recreativa legal. Eso se puede ver en las cifras. Para las fechas de la Convención Única el alcohol y tabaco mataba a más gente que las drogas ilegales en los EE.UU. A pesar de la guerra contra las drogas, el número de muertes por sobredosis en ese país ha aumentado dramáticamente. En 1997, unos años antes de anunciar el Plan Colombia, 15.973 personas murieron por causa de todas las drogas ilegales y también el abuso de fármacos legales. En 2021 esa cifra alcanzó 107.622 muertes y de ellos sólo 24.538 correspondían a la cocaína. La inmensa mayoría son por causa de un opiáceo sintético como fentanilo, 71,238.^{^[5]} Claro los opiáceos sintéticos no son regulados por la Convención Única de 1961 sino por el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y ese tratado deja en las manos de cada país como regular, distribuir y consumir esas sustancias. Y el gobierno en Washington no va a declarar la guerra contra quienes financian sus campañas electorales, y contra la industria farmacéutica y las sanguijuelas del sistema de salud.

Y si miramos al alcohol vemos que entre 2015 – 2019, más de 140.000 personas murieron cada año en los EE.UU. por abuso de alcohol.^{^[6]} Y otras 480.000 mueren por el consumo de tabaco, es decir, 20% de todas las muertes por año. Además por cada persona que muere hay 30 que sufren de enfermedades graves debido al tabaco, ni hablar del impacto a la economía que en 2018 se calculaba en USD 600.000.000.000 por año.^{^[7]} Así cuando hablamos de drogas, este debate nunca ha sido un debate de salud pública, como tampoco será resulto por discusiones jurídicas.

En cuanto a la regulación de las drogas existen no sólo las normas sino una jerarquía e instrumentos de poder. Una de las entidades con más poder es la Jefatura de Fiscalización de Estupefacientes, una entidad de la ONU dominada por los EE.UU. desde su fundación. Es una entidad quasi judicial y una que usurpa funciones que no tiene. Sin embargo, su voz es la de su maestro: los EE.UU.

Los tratados no obligan la prohibición total de nada sino regulan y controlan su uso para fines medicinales y científicas, así varios países han entrado al mercado del cannabis medicinal y los líderes en ese mercado son Canadá, Reino Unido e Israel. Petro ha dicho que quiere que sean los campesinos quienes tengan ese negocio en Colombia y no países como Canadá. Bien puede ser, pero hay un problema con ese mercado que existe para todos los cultivos. Los campesinos de Colombia cultivan el café, pero lo venden, por lo general como café verde, es decir sin procesar. En 2020, Colombia exportó 694.928 toneladas de café verde, ocupando el tercer puesto a nivel mundial, (segundo en cuanto al valor) pero sólo exportó 11.268 toneladas de café tostado. Y eso luego de muchos años intentando promover el sector de cafés especiales.

En el mismo año, Alemania exportó 340.060 toneladas de café verde. Es un país que no produce café, no puede por cuestiones climáticas y sin embargo logró exportar la mitad de lo que exportó Colombia. Pero cuando miramos al café tostado, es decir el producto final donde se realiza la mayor ganancia y llamado valor agregado, se ve claramente quien domina el mercado. Alemania exportó 245.626 toneladas seguido por Italia con 239.579 toneladas. De hecho, los 15 principales exportadores son países europeos, y Canadá y los EE.UU.

Las exportaciones colombianas de café verde significaron USD 2.453.943.000 y de café tostado USD 68.787.000. Esto se compara con Alemania donde exportaron café verde y café tostado con un valor de USD 972.948.000 y USD 1.691.323.000 respectivamente. Suiza es el país cuyo café es el más caro, donde sus 95.858.000 toneladas de café tostado valieron 2.846.297.000. Y valga recordar que una parte de las exportaciones colombianas son entre la misma empresa, como Nestlé Colombia exportando a Nestlé de Alemania o Suiza. Existe una relación de poder. Así no basta con que los campesinos colombianos sean los dueños de los cultivos de marihuana, ni que exportan la marihuana. Se requiere el establecimiento de una industria nacional de marihuana, en manos del Estado quien debe procesar las cosechas campesinas y producir los medicamentos necesarios obteniendo los permisos necesarios de la JIFE, pues sin ese permiso esos productos no pueden circular libremente fuera de Colombia. Si no se establece una industria estatal, la historia se repetirá con empresas extranjeras y algunas nacionales.

Pero no es así de sencillo. Hay que pedir permisos a la JIFE. Una de las funciones de la JIFE es calcular las necesidades médicas de varias sustancias controladas por la Convención Única. Existe un mercado capitalista de la venta de drogas como el opio y sus derivados heroína, morfina y demás fármacos basados en el opio, la hoja de coca y la cocaína, y el cannabis. En Colombia se ha discutido poco los mercados legales de drogas y se habla de una forma simplista que primero se puede legalizar sin más y existe un mercado mundial enorme para el uso medicinal de estas plantas y sus derivados. No es cierto. El mercado más grande es de opio. El mercado mundial de coca y cocaína es bien pequeño. La JIFE en su informe técnico sobre las necesidades globales de drogas afirma:

Desde 2000 el Perú́ es el único país que ha exportado hoja de coca destinada al mercado mundial. En 2020 exportó 148,9 t, todas ellas importadas por los Estados Unidos para su utilización en la extracción de aromatizantes y la fabricación de cocaína como subproducto. El Estado Plurinacional de Bolivia informó de la producción de 30.954 t en 2020 para el uso autorizado en el país, de conformidad con la reserva formulada por ese Estado en 2013, cuando volvió a adherirse a la Convención de 1961 en su forma enmendada. En 2020, la fabricación mundial lícita de cocaína disminuyó considerablemente, a 18,3 kg, mientras que el consumo lícito se mantuvo relativamente estable en 396,4 kg.^{^[8]}

Como se puede ver el mercado no es tan grande. Perú exportó apenas 148,9 toneladas de hojas de coca en 2020. Según los cálculos de la UNODC un campesino cultivando coca ilícita produce 6,4 toneladas por hectárea por año.^{^[9]} Según la UNODC, en 2020 Colombia produjo 1.228 toneladas de cocaína ilegal.^{^[10]} La producción mundial de cocaína medicinal era de 18 kilos en 2020, una cifra inferior a los 359 kilos en 2017 un mercado variante, aunque el consumo mundial fue de 396,4. Es obvio que Colombia no puede seguir con el mismo nivel de producción y dado que Perú ya suministra lo que el mundo requiere y el consumo interno indígena en Colombia está en manos de esas mismas comunidades.

El mercado de cannabis tiene mayor potencial, pero tampoco es tan grande como se piensa y ya hay países dominando el mercado. En 2020, las existencias mundiales de cannabis eran de 1.701.340 kilos. Sin embargo, Colombia llega tarde a ese mercado.

Hasta 2010 los Estados Unidos eran el único país que notificaba consumo lícito de cannabis para fines médicos y científicos. Sin embargo, desde 2011 un número cada vez mayor de países ha comenzado a utilizar el cannabis y sus extractos con fines médicos, así como para la investigación científica. Por consiguiente, en los últimos 20 años la producción mundial de cannabis ha aumentado, alcanzando 650,8 t en 2020, lo que supuso un nuevo incremento con respecto a las 468,3 t registradas en 2019…

Comunicaron datos de producción el Reino Unido (238,7 t, o el 36,7 %), seguido de cerca por el Canadá (227,8 t, o el 35 %), España (84,4 t, o el 13 %), Israel (24,6 t, o el 3,8 %), Australia (18,4 t, o el 2,8 %), Colombia (18,1 t, o el 2,8 %), Macedonia del Norte (12,2 t, o el 1,9 %), el Uruguay 6,9 t, o el 1,1 %), Dinamarca (6,5 t, o el 1 %), los Países Bajos (5,9 t, o el 0,9 %), Uganda (4,4 t, o el 0,7 %) y Tailandia (1,4 t, o el 0,2 %).^{^[11]}

Dos países, el Reino Unido y Canadá dominan el mercado y juntos suman 71,7% de la producción mundial frente al 2,8% de Colombia.

Hay otro factor que no se tiene en cuenta y es que la cocaína medicinal se produce en las mismas condiciones que cualquier otro fármaco, con controles de calidad, pureza y por supuesto no usan cemento como sustancia precursor. Ese proceso no estará en manos de los campesinos, por razones obvias, y por lo tanto el campesino es reducido a la producción de materia prima para la industria farmacéutica y recibe un precio inferior por su producto legal.

Colombia puede regular muchos aspectos de la lucha contra las drogas sin mayor referencia a los tratados, pero no los puede abandonar por completo, que no sea que quiere pelear contra los EE.UU. y demás países de Europa que están de acuerdo con el régimen prohibicionista. Cualquier ruptura con los tratados trae sus consecuencias. Si Colombia legaliza la hoja de coca, sin hacer los trámites necesarios ante la JIFE no puede hacer mucho con esa coca. Su exportación sería narcotráfico, pues la Convención Única tiene un lenguaje muy particular y se prohíbe la hoja de coca y todos sus derivados. Si se decide fabricar cocaína medicinal pues también tiene un problema. No lo puede exportar sin los debidos permisos para no ser acusados de narcotráfico y la verdad no se requieren muchas hectáreas para suministrar lo requerido. Sencillamente no hay mercado, aun si se consiguen los permisos.

Cualquier producción que se considere ilícita traería consecuencias graves para la economía colombiana. Los EE.UU. tomarían medidas contra el país, como un voto negativo en cualquier entidad de crédito, una suspensión de créditos de importación / exportación y puede tomar medidas adicionales, llegando hasta el punto de sanciones. Es una relación de poder y Colombia no tiene.

Usos Recreativos.

Claro, los usos medicinales sí son permitidos y regulados, pero los usos recreativos están prohibidos. El Estado de Colorado legalizó la producción de cannabis con fines recreativos y Uruguay hizo algo parecido pero de una forma regulada con la venta controlada por el Estado y además a través de farmacias, clubes cannábicos y el autocultivo. Pero ambos chocaron con una realidad legal, la del sistema bancario.

En ocho estados de los EE.UU. mientras el sistema local de cada estado permite el cultivo de cannabis para fines recreativos, (y 20 para usos medicinales) las leyes federales lo prohíben y clasifican las ganancias generadas como ganancias ilícitas y los bancos que recibían dichos fondos corren con el riesgo de ser acusados de lavado de fondos provenientes del narcotráfico. La industria legal ha tenido que recurrir a diversos mecanismos para introducir el dinero en el sistema financiero. La industria “se ve obligada por el sistema financiero a prescindir de sus servicios o a comportarse ilegalmente para permanecer en el”^{^[12]} es decir, muchas transacciones se hacen en efectivo o se recurren a maniobras propias del lavado de activos, pero para una industria que goza de legalidad a nivel de ocho estados.

Uruguay también legalizó y reguló el uso recreativo del cannabis, con un sistema de clubes, autocultivo y farmacias, con la venta controlada por el Estado. Sin embargo, ni siquiera los bancos oficiales del Estado quieren recibir el dinero generado por la industria. Como Galain señala, es un país totalmente bancarizado, donde se obliga a la población hacer todas sus transacciones a través del sistema bancario.^{^[13]} Pero ni siquiera el Banco de la República recibe esos fondos.

Para el sistema financiero uruguayo las normas internacionales en materia bancaria parecen estar por encima de las normas nacionales que regulan temas de salud pública, seguridad pública y los derechos humanos, según argumentó Uruguay ante la ONU en reiteradas ocasiones.Ante esta situación, y consecuencia de los reclamos públicos del ex Presidente Mujica para que no se concrete un “boicot” al sistema regulado por parte del gobierno actual,el Ministro de Economía -Danilo Astori- sostuvo que hay que buscar un “equilibrio” entre la norma nacional y las regulaciones bancarias que siguen directivas internacionales o, incluso, las normas federales de EEUU.^{^[14]}

Si es así con Uruguay frente al cannabis, es seguro que los bancos no van a tolerar la entrada de fondos provenientes de la producción de coca, cocaína o cannabis, pues pone en riesgo sus funciones de corresponsalía bancaria en los EE.UU. que requieren para operar en dólares. También vale la pena recordar que Uruguay en su momento argumentó la importancia de las normas de salud, los tratados de derechos humanos etc., pero aun así no pudo solo.

Si Colombia quiere legalizar, o descriminalizar (que no es lo mismo) cualquier eslabón de la cadena de producción de las drogas ilícitas debe contar con el permiso y beneplácito del imperio, como señaló Samper hace tantos años, o debe por el contrario estar dispuesto a una pelea internacional. En esa pelea debe contar con los profesionales de salud, periodistas, académicos, asociaciones de usuarios de drogas y todos aquellos que llevan años luchando contra el modelo prohibicionista si quiere vencer. Colombia llega muy tarde a un debate que se ha desarrollado de forma más profunda en otros países, entre ellos algunos países latinos, como Bolivia.

Si no es así, la propuesta queda en pura demagogia que no nos llevará a ningún lado. Y teniendo en cuenta la realidad de las políticas de la JIFE y los EE.UU. la pelea o la rendición de Petro está asegurada. En los próximos 4 años ni la JIFE ni los EE.UU. van cambiar voluntariamente sus posturas sobre las drogas.

* Fotografia: Gearóid Ó Loingsigh

^[1] Samper citado por Tokatlian, J. G (s/f) La Polémica Sobre La Legalización De Drogas En Colombia, El Presidente Samper Y Estados Unidos http://www.mamacoca.org/junio2001/tokatlian_legalizacion.htm#_ftn35

^[2] Ibíd.,