Chiquita, las multinacionales y el baño de sangre en Colombia


Por: Gearóid Ó Loingsigh |

 

Era un secreto a voces que la multinacional gringa, Chiquita, financiaba a los paramilitares. Pero la empresa siempre lo negaba, hasta que un buen día, debido a la insistencia de las víctimas, la empresa tuvo que reconocer su culpa y pagar una multa de $25 millones de dólares en los EE.UU. El 10 de junio un tribunal de Florida ordenó a la empresa pagar una indemnización de $38 millones a las familias de 8 personas asesinadas por los grupos que Chiquita financiaba.[1] Sin embargo, las víctimas durante el lapso en que Chiquita reconoce haber financiado a los paramilitares y haberlos permitido importar armas a través de sus puertos, no son ocho, sino miles.

 

Pero el asunto no se trata únicamente del número de víctimas sino del número de victimarios. El fallo desnuda el discurso de la justicia transicional y de todos los gobiernos, incluyendo el actual, sobre la naturaleza del conflicto. En el acuerdo de paz firmado con las FARC, el conflicto se plasmó como un problema de unos guerrilleros criminales (y entre sus filas los hubo) y algunas “manzanas podridas” de las fuerzas militares (no hay, sino un problema de las instituciones militares como tal). Los empresarios quedaron como “terceros” y no están obligados a testificar ante la JEP. Pero el fallo en los EE.UU. contra Chiquita demuestra claramente que no son “terceros” en el conflicto sino “primarios”.

 

Érase una vez que el papel de las multinacionales en el conflicto era un punto de partida para toda la izquierda y los grupos de derechos humanos, pero ya no. Antes de mirar el asunto, debemos recordar que entre los que hoy son parte del gobierno, los que firmaron o promovieron el acuerdo con las FARC se encuentran varios voceros que denunciaban a muchas empresas. 

 

Tuve el honor de investigar el papel de la empresa petrolera británica BP y otras empresas en el caso de Casanare, donde se pudo comprobar el papel de la empresa.  Incluso el mismo BP reconoció una parte de su papel sanguinario financiando el XVI Brigada alegando que era legal en ese momento. Muchas otras organizaciones han denunciado a la BP, las voces contra la empresa se multiplican.[2]  Pero legalmente BP es tan inocente como lo érase una vez, Chiquita. En el Sur de Bolívar vimos como las empresas mineras fomentaban la guerra contra las comunidades.[3] No fue solamente en esa región sino en todo el país e incluía a empresas nacionales también.[4] Las empresas palmeras también hicieron las suyas y los ganaderos reconocieron públicamente su papel en el fomento del paramilitarismo,[5] por nombrar apenas a unos sectores. También surgieron otras denuncias, aún no comprobadas hasta el punto de las denuncias contra Chiquita, pero son pocos los que dudan de las denuncias contra Coca Cola y Nestlé. Quizás en unos años podemos afirmar una verdad judicial contra esas empresas, como la que se afirma ahora contra Chiquita.  Y si llegamos a ese punto será única y exclusivamente debido a la brega de las víctimas.

 

Para el gobierno actual, la comisión de la verdad y muchos sectores del Pacto Histórico el conflicto se explica en términos de narcotráfico, peleas menores (nunca mayores) por tierras, corrupción y la “cultura de la muerte en Colombia”. Pero nada de eso es cierto. Sí es verdad que el narcotráfico influye hasta cierto punto, sí a veces hay disputas entre vecinos por tierras que terminan mal, y la violencia como método de resolver problemas es socialmente aceptable entre muchos sectores del país. Pero nada de eso explica el conflicto.

 

El conflicto colombiano se explica en términos de un conflicto entre el capital nacional, pero sobre todo internacional y el pueblo colombiano y se demuestra en la pelea por tierras, el modelo económico, la guerra contra sindicatos, organizaciones populares etc. Érase una vez que afirmar eso no era controvertido en la izquierda, ni siquiera entre las ONG y algunos políticos. Ahora, sin embargo, quien lo afirma muere políticamente.

 

Petro dijo, como excusa para explicar la inoperatividad de su gobierno y sus tibias propuestas que él llegó al gobierno pero no al poder. Pero eso sabemos, siempre lo sabíamos, lo sabíamos cuando Petro dijo en campaña que iba a llegar al poder. Antes todos aceptaban que las políticas colombianas no se decidían en la Casa Nariño sino en el White House y los cafés de Wall Street. Los dueños de los “cafés” decidían más que el pueblo colombiano, quien servía el café eran empresas como Chiquita y los que lavaban los platos eran los colombianos. Sr. Presidente ¿Ud es dueño del café, mesero o lava los platos? Explícanos con detalles. Queremos saber quién tomó la decisión de permitir a Chiquita y demás empresas a matar a diestra y siniestra.  Queremos que Ud. nos diga con nombre y apellido cuáles son esas empresas que matan a los campesinos. ¿O acaso como presidente no tiene acceso a los archivos militares, de la policía etc.?

 

Petro dijo en campaña electoral que él era el Biden de Colombia. Pero Biden y los demócratas siempre han recibido fondos de multinacionales y en particular del sector de agronegocios. Así Petro nos debe responder si sigue siendo el Biden de Colombia y que pretende hacer con Chiquita y demás empresas instigadoras del conflicto colombiano.

 

El proceso de paz con las FARC y el ascenso del PH como partido de gobierno nos ha dejado un legado pernicioso, donde hablamos del conflicto en términos psicológicos, de maldad, de responsabilidades individuales (salvo cuando se trata de las insurgencias) y de negar antemano el papel de los EE.UU. en el conflicto y el papel de las empresas, sobre todo las multinacionales. En la JEP no se juzga a los empresarios, salvo los que voluntariamente se presentan ante el tribunal y eso sólo lo hace los que ya tienen una condena segura en la justicia ordinaria y ven en la JEP la posibilidad de evitar una condena intramural. En la Comisión de la Verdad se excluyó a las multinacionales.

 

En 2015 en medio de su discurso ante la Asociación Colombiana de Petróleos, el entonces Presidente Santos los quiso tranquilizar y les prometió que no iba a perseguir a los empresarios. Les asesoró, sugiriendo que en caso de una denuncia en su contra deben alegar que fueron coaccionados y además dijo “¿Cuál empresario ha sido culpable de crímenes de guerra o de lesa humanidad? Si hay uno, de pronto será sometido, pero no veo cómo, por dónde…”[6]

 

Pues, por el momento podemos responderle, quizás en Florida, pero no en Bogotá y no por iniciativa de las ONG, entidades del Estado y otros personajes quienes nos venden esa imagen del conflicto donde las empresas no son el motor del conflicto.



[1] The Guardian (11/06/2024) Chiquita ordered to pay $38 million to families of Colombian men killed by death squads. Luke Taylor. https://www.theguardian.com/world/article/2024/jun/11/chiquita-banana-deaths-lawsuit-colombia

[2] Declassified UK (18/07/2023) La financiación de BP a los militares asesinos de Colombia. John McEvoy. https://www.declassifieduk.org/es/la-financiacion-de-bp-a-los-militares-asesinos-de-colombia/

[3] Ó Loingsigh, G. (2003) La estrategia integral del paramilitarismo en el Magdalena Medio. España. https://www.academia.edu/96631813/LA_ESTRATEGIA_INTEGRAL_DEL_PARAMILITARISMO_EN_EL_MAGDALENA_MEDIO_DE_COLOMBIA

[4] Ramírez, F. (2010) Gran minería en Colombia, ¿Para qué y para quién? Revista Semillas  No. 42/43 https://semillas.org.co/es/revista/gran-miner

[5] Ó Loingsigh, G. (2006) El Catatumbo: Un reto por la verdad. Cisca. Bogotá. P.153 https://www.academia.edu/16951015/Catatumbo_Un_Reto_Por_La_Verdad

[6] Citado en Sinaltrainal et al (2016) Ambiguo y decepcionante acuerdo: itinerario para la impunidad de crímenes de Estado. P.24 https://rebelion.org/docs/208980.pdf


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