| Por: Gearóid Ó Loingsigh |
El documento de la Comisión de la Verdad, titulado Hallazgos y Recomendaciones pretende ser un escrito que revele una verdad hasta el momento desconocida o parcialmente conocida por la sociedad colombiana. Lo cierto es que en Colombia luego de décadas de un conflicto que comenzó antes de que la mayor parte de la población actualmente viva naciera, junto con la propaganda de los medios, las iglesias y los partidos políticos tiene mucho aspectos que no son conocidos por toda la población. No por eso es un documento que revela o destapa esas verdades. Si miramos al tema del paramilitarismo y como la CEV lo trata vemos varios de los problemas con esta comisión.
Dicen varias verdades sobre el paramilitarismo, que inicialmente puede dar alguna esperanza sobre el contenido del informe.
El paramilitarismo no es solo un actor armado –entendido como ejércitos privados con estrategias de terror contra la población civil–, sino más un entramado de intereses y alianzas también asociado a proyectos económicos, sociales y políticos que logró la imposición de controles territoriales armados por medio del uso del terror y la violencia, y también a través de mecanismos de legitimación, establecimiento de normas y reglas.[1]
Sí, es cierto que el paramilitarismo es mucho más que las masacres, pero la CEV no sólo no nos explica cuáles son esos intereses sino confunde quien manda y quien sirve. Invierte los papeles muchas veces y además aunque reconoce el papel que jugó, por no decir juega todavía, el Estado, lo presenta casi como una víctima más de los paramilitares.
La CEV reconoce que los EE.UU. jugaron un papel en los años 60.
Las recomendaciones de misiones estadounidenses que visitaron el país en el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) derivaron en el Decreto 1381 de 1963, el Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968 de Defensa Nacional, a través de los cuales se institucionalizó la vinculación de civiles al conflicto armado.[2]
Pero no exploran mucho más ese papel, parece que si los diversos gobiernos norteamericanos no jugaron más papel que eso, que ellos no han sido el gran constante en la historia del conflicto, como si su apoyo a todos los gobiernos colombianos, el entrenamiento de militares colombianos en la Escuela de las Américas no contara para nada, y por supuesto el Plan Colombia, que sí es tratado por el informe.
Tampoco exploran el papel del Estado que aprobó esas leyes. Parece si las leyes aparecían por arte de magia. Reconocen que el paramilitarismo gozó de una legalidad durante largo tiempo, pero no ponen nombre y apellido al asunto ni quien beneficiaba de esas leyes o cuales eran los intereses de los presidentes y congresistas involucrados en la aprobación de esas leyes y decretos. Nos habla de cómo Virgilio Barco suspendió la legalidad del paramilitarismo en 1989 pero se revivió, según la CEV, en la práctica bajo las cooperativas de seguridad rural, conocidas como las Convivir.[3] Es muy discutible decir que las Convivir fueron el paramilitarismo legal en la práctica y no el paramilitarismo legal de jure, pues no es que esas cooperativas fueran corrompidas. Siempre se pretendía legalizar el paramilitarismo a través de esa figura y en eso jugaron un papel importante el presidente Cesar Gaviria y su ministro de Defensa, Rafael Pardo quienes firmaron el decreto que les dio vida y además el presidente Samper quien ejecutó dicho decreto durante su gobierno. No menciona a estos personajes como promotores del paramilitarismo.
Para la CEV, el paramilitarismo es una especie de rueda suelta, independiente del Estado, y con vida propia. Los males del país son el resultado del accionar de esta rueda suelta y como penetra el Estado, las instituciones, incluyendo los militares y como coopta espacios. [4]
Así, la institucionalización –a través de distintos gobiernos de turno– de grupos armados al servicio de intereses privados por vía legal, así como su legitimación política desde la década de los sesenta, dan cuenta no solo de la tolerancia, sino también del impulso del Estado a la delegación de la seguridad pública (negrilla no es del original). La cobertura legal y la legitimación política han permitido el sostenimiento y expansión del paramilitarismo, estructuras que fueron cooptadas por jefes paramilitares. [5]
Para la CEV el paramilitarismo fue una delegación de la seguridad a entidades privadas que salió mal. El Dr. Frankenstein pensaba que creaba vida y su creación se convirtió en monstruo a pesar de sus deseos. En todo el documento se habla así del paramilitarismo, existe y actúa con la complacencia de sectores nombrados, pero la responsabilidad no cae en ninguna persona conocida. Es incapaz de decir que Samper y Gaviria legalizaron a los paramilitares. Samper tenía plena consciencia de lo que eran las Convivir y las defendió a capa y espada durante su gobierno, arremetió contra quienes denunciaban las Convivir como estructuras paramilitares. Samper nunca puso fin a las Convivir, sino fue la Corte Constitucional la que declaró que no podían tener armas de uso privativo de las fuerzas armadas del Estado, así el paramilitarismo ya no tenía necesidad de usar esta fachada si no podía conseguir armas por vía legal.
El paramilitarismo fue una política de Estado y se ve en las leyes y decretos aprobados, en los ascensos de los militares involucrados en masacres y en la impunidad y también en la persecución de los actores sociales, las organizaciones de derechos humanos y en varios casos el asesinato sistemático de testigos. La CEV habla de estas cosas pero no las relaciona entre sí como una política estatal. Acepta sin sonrojar las excusas de Uribe que le mintieron, la cara de yo no fui de Santos, o la “todo se hizo a mis espaldas” de Samper. Una comisión realmente de verdad, intentaría no sólo decirnos que pasó sino quien lo hizo (con nombres y apellidos) y además el porqué.
La misma actitud indulgente que tiene con el Estado lo repite con los empresarios. Habla de intereses pero sin poner nombre. Pero gracias al trabajo durante décadas de organizaciones sociales, podemos poner nombres y apellidos a muchos casos. La CEV no lo hace y sigue con el cuento de algunos sectores. Pero esos sectores han sido más honestos que la CEV. La CEV nombra a la asociación de ganaderos en Puerto Boyacá, Acdegam, como una pieza clave en la formación de los grupos paramilitares.[6] Pero no menciona el papel de Texaco. Carlos Medina Gallego en su libro Autodefensas, Paramilitares y Narcotráfico en Colombia describe el nacimiento de este grupo.
El proceso se inicia en la región con la creación de un ejército privado o grupo paramilitar, para que combatiera conjuntamente con el ejército a la subversión, este grupo se constituye durante la alcaldía militar del Capitán Oscar Echandía, en una reunión en que la que además del alcalde asisten representantes de la Texas Petroleum Company, miembros del Comité de Ganaderos, jefes políticos, la defensa civil, miembros de las FF.MM, comerciantes y otros invitados especiales;[7]
Tampoco menciona a la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan. El presidente de Fedegan, sin embargo, reconoció el papel que ellos jugaron. En 2006, en entrevista con la revista Cambio dijo que sí habían pagado a paramilitares, tal como lo hicieron otros como los floricultores, arroceros y demás.[8] Por las mismas fechas, 10.000 ganaderos, comerciantes e industriales firmaron una carta reconociendo y justificando su financiación de los paramilitares.[9]
La CEV describe al paramilitarismo como algo inestable y cambiante y que “ha tenido diversos actores, motivaciones y formas de actuación, lo cual deriva en dificultades a la hora de intentar una definición estática.”[10] Sí, es cierto que el paramilitarismo ha cambiado a lo largo de la historia, como el mismo Ejército, el Estado, los partidos políticos, las guerrillas y hasta la sociedad. Nada es estático, pero no por eso no podemos hacer una aproximación a lo que es, teniendo en cuenta las variables, de eso se trata el estudio de la historia, la política y de hecho casi cualquier ramo de conocimiento. Así la CEV no describe al paramilitarismo como política estatal, no por ser un fenómeno cambiante sino porque no quiere. Aborda diversas formas del paramilitarismo y deja por fuera uno ejemplo claro muy diciente: el AAA (Alianza Americana Anticomunista).
La AAA fue una estructura paramilitar fundada por la comandancia del Batallón Charry Solano, entre ellos el teniente coronel Harold Bedoya, quien luego llegaría a convertirse en comandante de las fuerzas militares. La existencia de dicha estructura paramilitar operando dentro del batallón fue de conocimiento público, cinco militares lo denunciaron ante la presidencia, la Procuraduría, la OEA e incluso la noticia salió en la prensa mexicana. Esta estructura no está mencionada en el informe de la CEV.
Otra estructura paramilitar, parcialmente tratada en el informe es la Red 07 de Inteligencia. Sin embargo, no se ahonda en la realidad de esa Red y el significado de su actividad como parte de una política estatal.
Se destaca por su gravedad el caso de la Red de Inteligencia N.° 07 de la Armada, con sede en Barrancabermeja y que operaba en parte de Bolívar y de Cesar. Según la jurisdicción penal ordinaria, la red funcionó como un poderoso «escuadrón de la muerte» con medios logísticos y personal entrenado para matar y fue responsable de decenas de asesinatos, desapariciones forzadas y masacres, cuyas víctimas fueron, principalmente, sindicalistas, políticos, líderes comunitarios y activistas. La red de la Armada financió grupos paramilitares con el uso de gastos reservados. [11]
Es que la Red fue la estructura paramilitar por excelencia. No obstante la cita de la CEV, no lo tratan en mayor profundidad pues, no se puede abordar el tema y concluir que fue un asunto de algunos funcionarios y no la unidad militar como tal. Esta Red asesinó a por lo menos 68 personas, aunque algunos cálculos ubican la cifra en 430. Los militares implicados fueron exonerados por el comandante en jefe de las fuerzas oficiales del Estado, general Fernando Tapias. Para la CEV este caso es otro caso de manzanas podridas. Pero ¿realmente se puede explicar más de 60 años de violencia como el resultado de algunos militares, algunos políticos, algunos funcionarios y algunos empresarios? Hablamos de decenas de miles de muertos, torturados, desaparecidos y es el resultado del actuar de algunos… y no de una política de Estado.
…el fenómeno paramilitar ha mantenido una participación de componentes del Estado como la fuerza pública, entidades de seguridad y de inteligencia, órganos estatales colegiados (Congreso, asambleas y concejos), instituciones judiciales y organismos de control, así como sectores económicos agroindustriales, extractivos y de infraestructura y empleados públicos y candidatos a cargos de elección popular. Además, se ha permeado a sectores de la Iglesia y de los medios de comunicación. Sin la articulación estrecha de este conjunto de sectores en la vía armada paramilitar, este fenómeno no habría desencadenado las profundas heridas que causó ni habría sido persistente.[12]
Aquí no hay políticas, no hay guerra sucia del Estado sino un compendio de masacres cometidas por sanguinarios que cooptaron a los demás. Es decir, Colombia es un manicomio al aire libre.
Políticos y funcionarios públicos fueron otro de los sectores ampliamente implicados dentro del plan paramilitar de «penetrar todo el poder político: alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, congresistas de las zonas que manejábamos [...] en últimas, poderes regionales que en suma garantizarían para las autodefensas un poder nacional». Las relaciones entre política y paramilitarismo también fueron en doble vía, pues muchos políticos y funcionarios a su vez buscaron a los comandantes de los grupos paramilitares para beneficiarse de su poder armado.[13]
En este discurso repugnante, los paramilitares son los que penetran el Estado y algunos políticos los buscan, los paramilitares no son una política contrainsurgente del Estado, una política para implementar los proyectos de “desarrollo” que pretenden, sino al revés, la excusa es “los paras nos lo hicieron hacer”. Parece un cuento de niños llorones intentando culpar al otro sobre quien rompió la ventana, pero no son ventanas rotas, sino decenas de miles de cuerpos rotos. Y la CEV no quiere responsabilizar a quien debe. Reconoce que el Estado jugó un papel, pero lo reduce a la conducta de individuos e intereses particulares y no a una estrategia.
Ni siquiera el genocidio cometido contra la Unión Patriótica es considerado como una política de Estado sino el Estado es otra vez víctima del paramilitarismo. La CEV lo describe así.
Eran los tiempos de los intentos de apertura democrática y políticas de paz del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). En este marco, el entramado paramilitar desde Puerto Boyacá buscó contener los intentos de democratización y de paz a través de acciones de violencia sistemática (persecución, exterminio y destierro) contra miembros de grupos políticos de izquierda, como la Unión Patriótica y el Partido Comunista, sindicalistas y líderes sociales. [14]
La realidad es que nadie esperaba que la UP tuviese el éxito que tuvo y la oligarquía se asustó y respondió como siempre ha hecho: con violencia. El exterminio de la UP no fue un intento de contener supuestos intentos de democratización del presidente Betancur, sino un intento de suprimir un grupo político de izquierda. Olviden los de la CEV que Betancur permitió que los militares atacaran e encendieran al Palacio de Justicia en 1985, que quedaba a escasos metros del Palacio Presidencial. No era un hombre justo, cuyos intentos de paz fueron socavados por los injustos.
Por último debemos considerar como describen a los empresarios.
Los actores económicos fueron parte fundamental del entramado paramilitar. Algunos empresarios nacionales e internacionales, poderes económicos locales y regionales y sectores productivos lo apoyaron de diferentes maneras porque tenían intereses en la guerra. [15]
No nos debe sorprender que la CEV dirigido por un hijo predilecto de la burguesía colombiana, como Francisco de Roux llegue a estas conclusiones. Es que De Roux escribió un resumen ejecutivo del informe antes siquiera de formalmente asumir la presidencia de la CEV. En marzo 2017, poco antes de comenzar su trabajo en la CEV publicó una columna en El Tiempo con el sencillo titular Pido Perdón[16]. La columna hace varias aseveraciones entre las cuales se destacan.
Caigo en la generalización cuando escribo que los paramilitares recibieron financiación de los empresarios. Cuando la verdad es que algunos grupos paramilitares recibieron financiación de algunos empresarios, mientras la mayoría de las mujeres y los hombres a quienes se les debe la producción de los bienes y servicios del país no financiaron paramilitares.[17]
Es decir, como dice el informe de la CEV sólo fueron algunos. Sigue con otra afirmación donde dice que varios lo hicieron como una respuesta a la violencia guerrillera, repitiendo una de las grandes mentiras de los gremios y el Estado sobre la naturaleza del paramilitarismo.
Otros, después del secuestro y del pago de rescate, apoyaron con rabia a las Auc para atacar a los secuestradores. Otros lo hicieron porque no confiaban en las fuerzas de seguridad del Estado.[18]
Y por último, esta perla donde reduce la guerra sucia a las actuaciones de algunos.
Debo igualmente reconocer que he sido injusto cuando he generalizado sobre los soldados y policías de Colombia. Reconozco que tengo una repugnancia intelectual y sensible contra las armas de todos los lados. Que soy un seguidor de Jesús, que separó definitivamente a Dios de todas las guerras y enseñó la no violencia eficaz. Pero sé que han sido muchos, y son cada vez más, los hombres y las mujeres que en las Fuerzas Armadas ven el servicio a la patria como servicio a la dignidad y los derechos de todo ser humano y al bien colectivo de la paz. [19]
Surge una pregunta. Teniendo en cuenta que De Roux con su columna esbozó un resumen ejecutivo del futuro informe de la CEV, ¿por qué no nos ahorró el tiempo, el dinero, el esfuerzo escribiendo él solo un informe 100% a su medida? Habría tenido la ventaja de no vender esperanzas falsas a las víctimas del conflicto.
[1] CEV (2022) Hallazgos y Propuestas. CEV p.296
[2] Ibíd., p.303
[3] Ibíd., pp. 304 y 305
[4] Ibíd., p.299
[5] Ibíd., p.305
[6] Ibíd., p.310
[7] Medina Gallego, C. (1990). Autodefensas, Paramilitares y Narcotráfico en Colombia. Editorial Documentos Periodísticos. Bogotá p.173
[8] El Cambio No 704 diciembre 2006/enero 2007 Diez Preguntas (Entrevista con José Félix Lafaurie) p.48
[9] El Espectador (17/12/2006) La hora de los ganaderos, pág 2A
[10] CEV (2022) Op. Cit. P.296
[11] Ibíd., p.502
[12] Ibíd., p.299
[13] Ibíd., p.299
[14] Ibíd., p.310
[15] Ibíd., p. 350
[16] Francisco de Roux (01/03/2017) Pido perdón https://www.eltiempo.com/
[17] Ibíd.,
[18] Ibíd.,
[19] Ibíd.,
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