| Por Equipo Jurídico Pueblos |
Ayer, 30 de julio de 2021, en horas de la madrugada se realizaron doce (12) allanamientos y capturas masivas (16) contra líderes populares y sindicales de los municipios de Bugalagrande, Andalucía y Cali en el Valle del Cauca.
Hoy, después de más de 15 horas de audiencia de legalización de allanamientos y capturas, Jessica Galeano, la Juez Penal de Garantías de Tuluá, decretó la legalidad de dichos procedimientos.
La decisión de legalizar los allanamientos se da pese a que -como fue planteado por la defensa- no existen motivos razonablemente fundados ni prueba de estos, que vinculen los inmuebles allanados con los delitos y hechos materia de investigación. A su vez, la orden emitida por la Fiscalía se basó fundamentalmente en los dichos de una fuente humana no formal (cuya identidad se desconoce) que no fueron constatados con suficiencia por parte de la policía judicial, conforme a lo establece la Ley procesal penal.
De otro lado, la captura fue legalizada, aunque el término perentorio de 36 horas para efectuar el control judicial correspondiente fue superado ampliamente en este caso, consolidándose una detención arbitraria por prolongación ilegal de la privación de la libertad.
Estas decisiones fueron adoptadas en medio de graves irregularidades, pues la Juez de control de garantías, por supuestas razones de economía procesal, dispuso revisar en una sola audiencia las peticiones de legalización de allanamiento y de captura, violentando el debido proceso y el principio de publicidad que caracteriza el segundo de los procedimientos, sin explicar las razones que la ley exige para adoptar una determinación de ese talante. Situación sorprendentemente avalada por el Ministerio público.
En estos momentos la Defensa (tras 15 horas de audiencia) se encuentra sustentando los recursos de reposición y apelación contra las decisiones emitidas por la Juez y se espera que estas sean revocadas por vulnerar severamente las garantías de las personas capturadas.
Las 16 personas capturadas son Álvaro José Rojas Lamus, Brenlly Daniela Hidrobo, Cristian David Granada Sánchez, Epifanio Domínguez Bolaños, Héctor Fabio Peña, Jhon Deivy castillo murillo, Jhon Fredy González Caicedo, Jonathan sabogal, Jorge Luis Gordillo Coronado, Jorge Miguel Vásquez Méndez, Juan Sebastián Aguirre Ortiz, Karina Reyes Varela, Miguel Ángel González Vélez, Víctor Alfonso Gastón González, Walter Eduardo Pérez Gallego, Yerlinson González Zapata.
Entre ellos, los sindicalistas y defensores de derechos humanos WALTER PÉREZ y EPIFANIO DOMÍNGUEZ, integrantes de SINALTRAINAL, sindicato que en menos de 40 años de existencia ha puesto más de 30 muertos por esta democracia genocida. Su detención no es algo fortuito, sino que es el culmen de una serie de hostigamientos y persecuciones de las que han sido víctimas en las últimas semanas.
No es de extrañar que después de las masivas movilizaciones en el Valle, el Estado recurra a los montajes judiciales con el fin de generar miedo y desarticular las luchas de quienes están en las calles, y mostrar resultados en la supuesta lucha contra la “nueva guerra urbana”, expresión que desde el Gobierno Nacional pretende estigmatizar la protesta social.
Preocupa de sobremanera que las prácticas de las que hoy son objeto, ellos y las demás personas capturadas, son las mismas que el Estado ha empleado de forma reiterada y sostenida contra el movimiento popular y las personas que claman por transformaciones profundas, pues es bien sabido que el aparato represivo no solo busca privar de la libertad injustamente, sino que continuará hasta el exterminio pleno.
31 de julio de 2021 (10:37 pm)
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